La diputada provincial Silvia Malfesi, del bloque Somos Vida, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone prohibir en todo el territorio santafesino la actividad de cuidacoches —conocidos popularmente como “trapitos”— y limpiavidrios. La iniciativa plantea una modificación del Código de Faltas de la Provincia (Ley 10.703) con el objetivo de endurecer las sanciones contra prácticas que, según la legisladora, afectan la libre circulación y la convivencia en el espacio público.
El proyecto incorpora el artículo 109 bis, que establece penas de arresto efectivo de entre 20 y 40 días para quienes pretendan ofrecer servicios de “cuidado de automotores” o realicen tareas de limpiavidrios en la vía pública sin autorización. En los fundamentos, Malfesi sostiene que estas actividades suelen desarrollarse bajo esquemas de presión o exigencia de dinero hacia conductores y transeúntes.
Arresto efectivo y agravantes
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la aplicación de sanciones de arresto efectivo, junto con un sistema de agravantes en situaciones específicas. El texto prevé el endurecimiento de las penas en tres escenarios:
Espectáculos públicos: la sanción se duplicará cuando la actividad se desarrolle en un radio de 1.000 metros de eventos masivos, zonas donde habitualmente se concentran mayores conflictos vinculados al uso del espacio público.
Uso de menores: en los casos en que adultos se valgan de menores de edad para realizar estas tareas, la pena ascenderá a 80 días de arresto. Además, se establece la intervención inmediata de los organismos de protección de la niñez.
Omisión estatal: el proyecto también introduce la figura de responsabilidad para agentes públicos que mantengan una actitud omisiva frente a estas faltas. En estos casos, se contemplan sanciones de hasta 80 días de arresto, multa económica e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Según la autora, este último punto busca reforzar el rol del Estado en el control y ordenamiento del espacio público.
Argumentos y fundamentos
En su presentación parlamentaria, Malfesi calificó la problemática como un “flagelo” que impacta de manera cotidiana en distintas ciudades de la provincia. La diputada argumentó que el servicio que dicen prestar los cuidacoches resulta “inexistente” desde el punto de vista formal, y que en numerosos casos se traduce en exigencias económicas hacia quienes estacionan en la vía pública.
“Se trata de prácticas que alteran la convivencia urbana y generan situaciones de presión sobre los vecinos”, sostuvo la legisladora en los fundamentos del proyecto.
La iniciativa se inscribe en un debate que viene ganando espacio en distintas jurisdicciones del país, donde se discuten alternativas regulatorias, prohibiciones o esquemas mixtos para abordar el fenómeno del trabajo informal vinculado al uso del espacio público.
Un debate que trasciende lo contravencional
La problemática de los cuidacoches y limpiavidrios suele generar discusiones que exceden el plano estrictamente contravencional. Mientras algunos sectores impulsan medidas de prohibición bajo argumentos de seguridad, orden público y libre circulación, otros advierten sobre la necesidad de contemplar estrategias de inclusión laboral y abordaje social.
En Santa Fe, el proyecto de Malfesi abre ahora un nuevo capítulo legislativo en torno a una discusión recurrente en los grandes centros urbanos, particularmente en ciudades como Rosario y Santa Fe capital, donde la convivencia en la vía pública se encuentra atravesada por tensiones vinculadas al uso del espacio común.
El tratamiento parlamentario de la iniciativa permitirá medir el nivel de consenso político en torno a una temática que combina seguridad, regulación estatal y realidad social.
