Tras la sanción de la nueva Constitución provincial, uno de los puntos más sensibles en materia judicial comenzó a tomar forma: la creación del Ministerio Público unificado de la Acusación y la Defensa, órgano extrapoder con autonomía administrativa y financiera. En este marco, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Roberto Falistocco, recibió a la fiscal general María Cecilia Vranicich y a la defensora general Estrella Moreno Robinson para abordar los primeros pasos de una transición que, según el texto constitucional, no admite gradualidad sino un traspaso inmediato de personal y recursos.
La Constitución reformada estableció en sus disposiciones transitorias que todos los empleados del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) pasan de manera automática al nuevo organismo, sin creación de cargos adicionales ni instancias de opción. De esta manera, la Corte ve recortada parte de su estructura, en lo que Falistocco calificó como un “cambio profundo” que requiere coordinación técnica y administrativa para no afectar derechos básicos, como el cobro de salarios o el acceso a servicios complementarios (por ejemplo, jardines maternales para hijos de empleados).
Durante la reunión, las titulares del nuevo Ministerio Público propusieron un esquema de “enroques” voluntarios entre empleados del Poder Judicial y del nuevo organismo, con registros abiertos para quienes deseen cambiar de ámbito laboral, siempre respetando la equivalencia de cargos y funciones. La iniciativa fue recibida con interés por la Corte, que ahora deberá analizar su viabilidad.
La reunión en la Corte Suprema
Por espacio de poco más de una hora, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Roberto Falistocco, recibió a la fiscal general, María Cecilia Vranicich, y a la defensora general, Estrella Moreno Robinson. Ambas son las primeras titulares del flamante Ministerio Público, que a partir de la publicación de la nueva Constitución pasó a ser un órgano extrapoder con presupuesto y administración propios.
El encuentro fue calificado como “positivo” por las protagonistas, que llegaron con un listado de temas urgentes a resolver. Entre ellos, la liquidación de los salarios que ya no dependen del Poder Judicial, la continuidad de servicios básicos para empleados —como el jardín maternal para hijos de trabajadoras y trabajadores— y la creación de dos jurisdicciones presupuestarias nuevas que garanticen autonomía financiera.
Vranicich y Moreno Robinson presentaron además una propuesta innovadora: habilitar “enroques” voluntarios de personal entre el nuevo Ministerio Público y el Poder Judicial. La idea es abrir registros de empleados que deseen cambiar de organismo, siempre que exista equivalencia de cargos y sin perjudicar derechos laborales. “Queremos que sea un proceso armónico y que quienes deseen hacer su carrera en otro ámbito tengan la posibilidad de hacerlo”, señalaron.
El trasfondo: un cambio sin transición
Las disposiciones transitorias de la Constitución fueron claras: no existe un período de transición, sino un traspaso inmediato y automático de los trabajadores que hasta ahora pertenecían al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP). Todos ellos pasaron de pleno derecho al nuevo Ministerio Público.
Esa decisión, que buscó consolidar rápidamente el nuevo esquema institucional, generó múltiples interrogantes prácticos: ¿qué ocurrirá con las carreras judiciales que los empleados venían desarrollando dentro del Poder Judicial?, ¿se respetarán los concursos y subrogancias que otorgaban proyección laboral?, ¿qué estabilidad tienen sus salarios a futuro?
Las propias autoridades reconocieron que esas preguntas no tienen hoy respuestas definitivas y que se deberá construir un esquema administrativo prácticamente desde cero.
Reacción gremial: “Nos sacan de un plumazo del Poder Judicial”
Mientras los despachos de la Corte y del nuevo Ministerio Público avanzan en acuerdos, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia de Santa Fe salió con dureza a cuestionar la reforma. En conferencia de prensa, su secretario ejecutivo, Jorge Perlo, denunció que la nueva Constitución “avasalla derechos legítimos” de los empleados judiciales.
“Nos quieren sacar de un plumazo del Poder Judicial, donde planificamos nuestro futuro, rendimos para ingresar, prestamos juramento y decidimos hacer una carrera de vida. Ahora, por disposición constitucional, nos obligan a pasar a un organismo que no pertenece al Poder Judicial”, sostuvo Perlo.
El sindicato presentó un amparo judicial para frenar las cláusulas transitorias 17 y 18, que disponen los traspasos inmediatos o futuros de los empleados hacia el nuevo Ministerio Público. Argumentan que esas normas son “inconstitucionales” porque exceden el mandato de la ley que declaró la necesidad de la reforma y porque lesionan la estabilidad y el derecho a la carrera judicial.
“Ni la dictadura militar negó el derecho de opción a los trabajadores cuando creó nuevos organismos. En los años 70, al trasladar el Registro General al Poder Ejecutivo, la ley reconoció que los empleados podían elegir quedarse en el Poder Judicial. Hoy, en democracia, no se nos dio esa posibilidad”, recordó el dirigente sindical.
Encrucijada institucional
El conflicto exhibe un contraste: mientras las máximas autoridades judiciales y del nuevo Ministerio Público procuran enviar señales de coordinación y tranquilidad, el gremio alerta sobre la pérdida de derechos adquiridos y advierte sobre una “carrera judicial truncada” para cientos de empleados.
Para el gobierno provincial y los constituyentes que impulsaron la reforma, la creación de un Ministerio Público independiente era una deuda institucional que finalmente se saldó. Para los trabajadores, en cambio, la medida significa un desarraigo laboral no consultado.
El desafío inmediato será encontrar mecanismos que compatibilicen la letra constitucional con la situación real de los empleados. La apertura de registros voluntarios de traslado, como plantearon Vranicich y Moreno Robinson, aparece como una vía posible, aunque insuficiente para el sindicato que ya judicializó el tema.
Lo cierto es que, a pocos días de la jura de la nueva Constitución, Santa Fe enfrenta una de las primeras tensiones derivadas de su aplicación práctica. Una tensión que involucra a la Corte, al flamante Ministerio Público y a los trabajadores que quedaron en medio de un rediseño institucional que promete seguir dando que hablar.
