La crisis desatada por la protesta policial que se extendió durante varios días en Rosario y la ciudad de Santa Fe encontró finalmente una respuesta directa del Poder Ejecutivo provincial. En un contexto de alta tensión institucional, el gobernador firmó un decreto que redefinió la estructura salarial de las fuerzas de seguridad, anuló sanciones disciplinarias y buscó desactivar un conflicto que ya había adquirido dimensión nacional.
El nuevo escenario marca un punto de inflexión político. Tras jornadas atravesadas por concentraciones frente a jefaturas, reclamos públicos y un creciente malestar interno, el Gobierno provincial modificó su postura inicial y avanzó con medidas de impacto inmediato sobre el salario básico policial.
De la confrontación al replanteo
El conflicto escaló luego de los primeros anuncios oficiales, que incluían plus segmentados y medidas administrativas contra efectivos involucrados en manifestaciones. Aquella batería de disposiciones fue interpretada por amplios sectores policiales como insuficiente, lo que derivó en una profundización de la protesta.
Uno de los elementos que más controversia generó fue la decisión de pasar a disponibilidad a una veintena de agentes. Sin embargo, tras la instancia de diálogo abierta en las últimas horas, el Ministerio de Seguridad confirmó que esas medidas quedarían sin efecto.
“Damos vuelta la página”, señalaron desde el Ejecutivo, al anunciar la anulación de las sanciones y convocar al personal alcanzado a reintegrarse al servicio.
El decreto que redefinió el piso salarial
El eje central de la respuesta oficial fue la recomposición del salario básico. Según lo informado, ningún integrante de la Policía ni del Servicio Penitenciario percibirá un ingreso inferior a $1.350.000.
El esquema incluye además:
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Actualización del salario básico, que pasa a constituir el núcleo de la mejora.
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Incremento de la tarjeta alimentaria, que se eleva hasta los $180.000 mensuales según el detalle oficial.
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Adicionales por funciones operativas, con plus de $500.000 en ciudades priorizadas.
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Compensación para conductores de móviles, con montos adicionales específicos.
El Gobierno destacó que la nueva estructura busca aproximar los haberes de las jerarquías más bajas al valor de la canasta básica, uno de los reclamos centrales planteados durante la crisis.
Bienestar policial y condiciones laborales
Junto a la recomposición salarial, el Ejecutivo ratificó medidas vinculadas al bienestar del personal: Transporte gratuito con ampliación de frecuencias. Alojamiento para agentes trasladados. Refuerzo del gabinete psicológico.
Estas iniciativas habían sido anticipadas previamente, aunque ahora quedaron integradas en el marco del decreto salarial.
Un conflicto que obligó a recalcular
Desde el punto de vista político, el desenlace deja múltiples lecturas. La protesta policial, inédita por su magnitud y persistencia, alteró el funcionamiento habitual del sistema de conducción institucional y obligó al Gobierno a revisar su estrategia inicial.
El propio gobernador calificó el reclamo como “justo y genuino”, una definición que contrastó con el tono más confrontativo exhibido en las primeras horas del conflicto.
La secuencia expone un cambio evidente en la postura oficial: de las advertencias disciplinarias y los pases a disponibilidad, a la anulación de sanciones y la firma de un decreto de fuerte impacto presupuestario.
Impacto político y efecto espejo
El nuevo piso salarial policial no se agota en el ámbito de la seguridad. La decisión introduce un elemento inevitable en el tablero paritario provincial.
Docentes, trabajadores de la salud y agentes de la administración central observan ahora una referencia concreta que podría incidir en futuras negociaciones salariales.
En términos políticos, la crisis dejó una señal clara: el tamaño del reclamo terminó reconfigurando la respuesta del Ejecutivo.
Un cierre formal, interrogantes abiertos
Si bien el decreto busca desactivar la protesta y normalizar el servicio, el episodio deja interrogantes institucionales más amplios: La ausencia de mecanismos formales de negociación policial. La fragilidad del equilibrio entre disciplina y reclamo laboral. El impacto fiscal de la recomposición.
El conflicto que comenzó como un reclamo sectorial terminó convirtiéndose en uno de los episodios más complejos para la conducción política provincial en los últimos años.
La resolución formal llegó por decreto. El debate de fondo, sin embargo, permanece abierto.
