Desde hace una semana y unos cuantos días el gobierno nacional de Javier Milei se ve envuelto en lo que seria un escandaloso caso de corrupción por coimas, desvíos de fondos y malversación de recursos en la Agencia Nacional de Discapacidad, en el marco de un inusitado ajuste y reclamo de declaración de emergencia en esta área. En paralelo, aparece una grave incognita en Santa Fe con lo que seria un caso similar, pero en otro sector vulnerable como son las adicciones.
El diputado provincial Miguel Rabbia, presentó un pedido de informes en la Cámara Baja provincial para que el ejecutivo informe la distribución de recursos que realiza el Ministerio de Igualdad, a cargo de la ex diputada Victoria Tejeda, mediante la Agencia de Prevención del Consumo (APRECOD), del programa “Redes de Cuidado”. En el particular, Rabbia solicita informacion sobre los aportes otorgados a una Asociacion Civil que, al parecer, no tiene registros de trabajo en esta materia.
El ex Senador del departamento Rosario, participo del programa de streaming Democraticamente, y en principio opino del caso de la agencia de discapacidad nacional diciendo que “es un bochorno, todo lo que viene ocurriendo en el gobierno nacional y que no pueden estructurarse para desmentirlo”. “El gobierno nacional ha frisado los importes de pago a los prestadores y le viene pagando con cierto retraso y también ha revisado las pensiones no contributivas de las personas con discapacidad. En un sector de altísima vulnerabilidad, estos muchachos le meten la mano en la lata a los discapacitados”, dijo Rabbia.
A continuación, sostuvo que en Santa Fe existiría un caso similar pero sobre programas para prevenir el consumo y las adicciones. “Hay dinero, que yo voté en la ley de emergencia social en la provincia de Santa Fe para tener recursos para la prevención de adicciones y para el tratamiento correcto de ese flagelo que tienen dentro de su seno familiar, quintuplicamos los recursos que van a Aprecod, que se lo están enviando a instituciones que no han trabajado nunca la materia”, declaró.
Esta normativa a la que hace referencia, fue votada el 21 de diciembre del 2023 a pedido del gobernador Maximiliano Pullaro, que en ese momento no tenia ley de presupuesto y decidió proponer emergencias en todas las áreas. La ley 14241/23, dice tener como objetivo garantizar el derecho a la educación, la salud, la seguridad alimentaria, y fortalecer las estructuras de promoción y protección de derechos en un contexto de alta criticidad social.
La ley de emergencia social, recibió por parte de la legislatura provincial una prórroga de 12 meses en julio de este año, que ya había sido extendida seis meses por el gobernador en un decreto, y continua facultando así al gobierno provincial a tomar decisiones excepcionales para enfrentar el deterioro de los indicadores sociales, educativos y sanitarios.
El pedido de prórroga de esta norma en julio de 2025, fue instaurado de forma exprés por Unidos en el tratamiento legislativo, que tuvo reunir voluntades de legisladores peronistas para aprobarlo, pero que desde la oposición desactivaron un artículo en el que el gobernador tenía la potestad de prorrogar por otro año la emergencia social con un simple decreto. La promulgación de la prórroga llevó la firma de la vicegobernadora Gisela Scaglia, quien estaba a cargo del ejecutivo debido a una misión comercial de Pullaro en E.E.U.U.
La denuncia a la asociación civil
Según contó el diputado Rabbia, se trata de la Asociación Civil Perseverar, la cual se creó formalmente en 30 días y a los 60 días posteriores le otorgaron más 1.000 millones de pesos del programa “Redes de Cuidado” que está bajo la órbita de APRECOD.
Además, para el legislador esta asignación ocurre en el marco de un incremento sin precedentes del presupuesto de APRECOD, que aumento ocho veces su partida entre 2024 y 2025. El argumento oficial para justificar este aumento fue la urgencia de enfrentar el problema de las adicciones. “Tenemos una gran cantidad de familias sufriendo el flagelo del consumo. Cuando hablan de narcotráfico, digo, ¿por qué no le explican a los chicos lo que significa entrar en consumo? Porque seguramente habrá muchos que no van a elegir consumir, porque hay una reducción de la percepción del riesgo con respecto al consumo”, subrayó Rabbia.
En el pedido de informes que ingresó a la Cámara Baja, el diputado peronista no sólo solicita que se aclare el por que de la asignación de semejantes recursos a dicha Asociación Civil, los antecedentes de trabajo y actividades desarrolladas en esta materia, sino además, que el ejecutivo informe cuales son los criterios de transparencia y control que APRECOD persigue para otorgar los convenios.
“Lo que aquí está en juego no es sólo la eficacia de las políticas sociales, sino la credibilidad del Estado en el uso de recursos que pertenecen al conjunto de la ciudadanía”, concluyo el diputado Rabbia.
