La ciudad de Reconquista, en el norte santafesino, atraviesa horas de conmoción e indignación tras el crimen de Juan Carlos Martínez, un remisero de 65 años que fue brutalmente asesinado en la madrugada del sábado 5 de abril de 2025.
El crimen ocurrió alrededor de las 3:10 de la madrugada, cuando Martínez fue encontrado sin vida junto a su vehículo, un Fiat Siena azul oscuro, en la zona de Iriondo y Constituyentes, acceso al Barrio La Cortada. Había tomado un viaje a través de la agencia «Cordial» y, minutos después, fue asesinado. El principal sospechoso, Joaquín Camilo Carrizo, fue identificado rápidamente y capturado tras intentar fugarse de la policía.
Una historia repetida: delincuente reincidente, sistema fallido
Carrizo tiene un historial delictivo alarmante: más de una docena de causas desde su mayoría de edad, incluyendo robos, lesiones y ataques con arma blanca. Incluso había sido condenado en noviembre de 2023 por una tentativa de homicidio, pero recibió solo dos años de prisión condicional, gracias a un acuerdo judicial que incluyó al fiscal Nicolás Maglier, el defensor público Orlando Toniolo, y fue homologado por la jueza Claudia Bressán.
Pese a estar implicado en delitos graves, Carrizo estuvo libre gran parte del tiempo. Su última detención fue el 24 de marzo de este año, apenas días antes del homicidio de Martínez, por un robo en la misma zona donde ocurrió el crimen. Sin embargo, volvió a quedar en libertad.
Vallejos, con los tapones de punta: “Nos dejaron solos”
El intendente de Reconquista, Amadeo Enrique Vallejos, no quedó callado. A las pocas horas del crimen, publicó un comunicado contundente en sus redes sociales que dejó al descubierto su enojo con el gobierno de Maximiliano Pullaro, acusándolo
«Hoy quedó claro, una vez más: nos están dejando solos. La Justicia se convirtió en una puerta giratoria. Los que lastiman entran y salen como si nada», escribió Vallejos. «Nos sacaron lo más básico: la presencia de la policía. 250 policías menos. Destacamentos cerrados. Sin escuela de formación. Sin fuerzas especiales. Las llevaron al sur. Nos quitaron herramientas y nos dejaron solos».
La crítica de Vallejos no fue únicamente a la Justicia por liberar a un delincuente reincidente, sino también al Ministerio de Seguridad provincial por haber vaciado de recursos a Reconquista. El intendente mencionó la reciente eliminación de la escuela de policía del ISEP, el cierre de destacados barriales en zonas clave como América y Virgen de Guadalupe, y la reducción de personal policial. Según datos oficiales, Reconquista —con 90.000 habitantes— no tiene más activos móviles que Avellaneda, una ciudad con apenas un tercio de la población.
Una ciudad movilizada que exige respuestas
El crimen de Martínez fue la gota que rebalsó el vaso. En la noche del domingo, cientos de vecinos marcharon por las calles de Reconquista para exigir justicia. En silencio, con velas y pancartas, la comunidad mostró su hartazgo ante una sucesión de hechos delictivos que han cambiado la identidad de una ciudad históricamente tranquila.
Durante el último año, se multiplicaron las denuncias por robos, arrebatos y agresiones, mientras las autoridades provinciales decidían retirar infraestructura y personal en lugar de reforzarla. La desconexión entre las decisiones políticas y la realidad cotidiana fue uno de los puntos más cuestionados por vecinos y dirigentes locales.
¿Qué se necesita para evitar otra tragedia?
El caso expone una vez más la profunda crisis del sistema judicial y de seguridad en Santa Fe. La figura de la «puerta giratoria» no es una metáfora: Carrizo, como tantos otros, entró y salió del sistema sin cumplir condenas efectivas, incluso tras haber intentado matar a otra persona en 2022.
En ese contexto, el Congreso nacional ha avanzado recientemente en reformas al Código Penal para endurecer la prisión preventiva y limitar las libertades condicionales. Santa Fe incorporó la figura de la reiterancia como causal de prisión preventiva, pero su aplicación sigue siendo discrecional y muchas veces ineficaz.
A pesar de que la provincia está embarcada en una reforma constitucional, no se han incluido artículos vinculados a estas problemáticas. La seguridad y la justicia penal no parecen ser una prioridad en esa agenda, aunque los hechos diarios, como el asesinato de Martínez, demuestran que deben serlo.
Un reclamo que trasciende el dolor
El mensaje del intendente Vallejos fue categórico. Sin rodeos, responsabilizó al gobierno provincial por haber desprotegido a una ciudad que “quiere vivir en paz”. Su declaración no solo fue un grito de dolor ante una tragedia puntual, sino también un llamado de atención ante un proceso de abandono que —según denunciado— lleva tiempo gestándose.
«Basta de mirar para otro lado. Basta de regalar impunidad. A Reconquista no se la abandona», sentenció.
El crimen de Juan Carlos Martínez no es solo una historia policial. Es una advertencia. Una ciudad que solía vivir tranquila, hoy exige justicia, presencia estatal y respuestas políticas. Porque cuando el Estado se retira, la violencia avanza. Y la gente paga con su vida.
