La diputada provincial y convencional constituyente del bloque Somos Vida y Libertad presentó un proyecto que impulsa la unicameralidad y una fuerte reducción en la cantidad de legisladores.
La Convención Constituyente de Santa Fe comenzó a recibir propuestas concretas para transformar la estructura institucional de la provincia. Una de las más resonantes en las últimas horas llegó de la mano de Silvia Malfesi, diputada provincial y referente del espacio libertario Somos Vida y Libertad, quien propuso eliminar la Cámara de Senadores y establecer un sistema unicameral en la Legislatura santafesina.
La iniciativa forma parte del debate por la reforma de la Constitución, y apunta directamente a uno de los aspectos más cuestionados por la ciudadanía: el alto costo del sistema político. Con un mensaje alineado a su campaña de “una Constitución para la gente y no para la casta”, Malfesi busca instalar una agenda de recorte del gasto público en el corazón del Poder Legislativo.
“Santa Fe tiene una de las tres Legislaturas más caras del país. Esta propuesta permitiría reducir de mínima unos 58 mil millones de pesos que cuesta el Senado provincial en 2024”, señalaron desde el bloque.
Una Legislatura más chica y representativa
El proyecto propone reemplazar el actual modelo bicameral por uno unicameral, tal como ya ocurre en 16 provincias argentinas. La nueva conformación tendría un total de 50 legisladores, en lugar de los 69 actuales que surgen de la suma entre diputados y senadores.
La modalidad de elección también cambiaría. Se plantea un sistema mixto:
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19 legisladores electos por cada uno de los departamentos de la provincia.
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31 legisladores por sistema proporcional a nivel provincial.
Desde el espacio libertario explican que esta distribución busca equilibrar la representación territorial con la proporcionalidad del voto ciudadano, pero con una estructura más ágil, austera y moderna.
Más propuestas en clave fiscal y ciudadana
El proyecto de Malfesi no se limita a la composición legislativa. También incorpora otras modificaciones constitucionales que apuntan a introducir límites claros al gasto público y a garantizar derechos ciudadanos efectivos frente a la administración del Estado.
Entre las principales propuestas se destacan:
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Equilibrio fiscal obligatorio para la Provincia y los municipios.
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Tope de presión impositiva del 32%: ningún tributo o conjunto de ellos podrá superar ese porcentaje sobre un mismo hecho imponible, para evitar confiscatoriedad.
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Prohibición de impuestos superpuestos sobre un mismo hecho económico por parte de distintas jurisdicciones del Estado.
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Validez de tasas municipales solo si hay contraprestación concreta: una forma de frenar lo que denominan como “cobros ilegales” en municipios que aplican tasas sin brindar el servicio correspondiente, como el mantenimiento de caminos rurales o la tasa vial en el caso de Rosario.
Además, se incorpora un principio innovador: si el Estado no responde ante un pedido de un ciudadano, se entenderá que otorga lo solicitado. Es decir, el silencio de la administración pública tendría consecuencias jurídicas, fortaleciendo el derecho a peticionar.
¿Qué puede pasar ahora?
La propuesta de Malfesi se suma al paquete de ideas que distintos sectores políticos ya están acercando a la Convención. El debate sobre la unicameralidad, la eficiencia del gasto político y la necesidad de recuperar la confianza social en las instituciones aparece como uno de los ejes más relevantes del proceso reformador.
Aunque se anticipa resistencia de sectores con poder territorial en el Senado, el planteo libertario instala una discusión de fondo que conecta directamente con el malestar social frente a los privilegios políticos.
