El cierre del proceso electoral en Santa Fe dejó una denuncia judicial de alto voltaje político. Los apoderados de Provincias Unidas, el espacio liderado por el gobernador Maximiliano Pullaro, presentaron una denuncia ante la Justicia contra la Asociación Civil 29 de Abril, con sede en la ciudad de Santa Fe, por presunta administración fraudulenta y desvío de fondos para financiar la campaña de Fuerza Patria, la coalición peronista que encabezó Caren Tepp.
Según el escrito judicial, la ONG habría destinado más de 21 millones de pesos en publicidad digital a favor de Tepp y de Oscar “Cachi” Martínez, también integrante de la lista de Fuerza Patria. Los pagos se habrían realizado entre septiembre y octubre, en plena campaña electoral, y fueron detectados a través del Centro de Transparencia Publicitaria de Google, que rastrea las inversiones en anuncios políticos.
Los denunciantes sostienen que la maniobra implicaría un uso indebido de recursos pertenecientes a una organización sin fines de lucro, cuyo objeto social no contempla la financiación de campañas electorales. “La Asociación Civil 29 de Abril fue creada para asistir a las víctimas de la inundación de 2003 en la ciudad de Santa Fe. Utilizar su estructura jurídica para fines partidarios representa una defraudación moral y legal hacia sus asociados”, expresaron los apoderados en el escrito.
Los nombres detrás de la denuncia
La presentación judicial apunta directamente a la cúpula de la ONG: Miriam Haydee (presidenta), Juan Barbieri (secretario) y Pablo Medei (tesorero), este último también concejal santafesino electo y candidato de Fuerza Patria. La denuncia fue ampliada para incluir a los candidatos Caren Tepp y Oscar Martínez, bajo la figura de presunto beneficio directo por la pauta irregular.
El texto judicial agrega que la asociación también habría financiado publicidad gráfica en beneficio de Medei y de Jorgelina Mudalel, ambos postulantes locales del mismo espacio político. “Se trata de un claro conflicto de intereses —sostiene la denuncia—, ya que el tesorero de la ONG resultó simultáneamente beneficiado con la promoción electoral financiada con fondos de la entidad”.
El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Sebastián Chale, confirmó públicamente la presentación judicial: “La denuncia fue radicada el 23 de octubre. No quisimos hacerlo antes de las elecciones para evitar interpretaciones políticas o falsas noticias. Pero entendemos que esta gente tiene que dar explicaciones, porque actitudes como estas representan lo peor de la vieja política”.
Investigación administrativa y silencio en Fuerza Patria
Tras la presentación, el Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos de la provincia notificó a la asociación la apertura de un sumario administrativo. El organismo exige a los responsables la presentación de balances, libros contables, comprobantes de gastos y facturas de publicidad entre 2022 y 2025, además del detalle de proveedores y montos erogados.
La denuncia solicita además que se intime a la ONG a cesar de inmediato cualquier tipo de financiamiento partidario y que la Justicia determine el origen de los fondos utilizados para las campañas. Si se comprueba el desvío, los acusados podrían enfrentar cargos por administración fraudulenta y violación al Código Penal.
Hasta el momento, ninguno de los dirigentes de Fuerza Patria mencionados en la denuncia se pronunció públicamente. Ni Tepp ni Martínez realizaron declaraciones, y el entorno de la diputada electa evitó responder consultas de los medios. Tampoco hubo posicionamiento oficial de la conducción del justicialismo santafesino.
Transparencia para todos
Desde distintos sectores del oficialismo provincial —expresado en las últimas elecciones a través del frente Provincias Unidas— trascendió que el equipo de campaña de la vicegobernadora Gisela Scaglia y del propio gobernador Pullaro presentará públicamente toda la información contable y financiera vinculada al gasto electoral.
El objetivo, aseguran, sería mostrar transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía, en línea con el reclamo que sostienen hacia otras fuerzas políticas. Sin embargo, en la calle persiste la sospecha de que la “obscena campaña” del oficialismo provincial, desplegada con recursos sin precedentes en todo el territorio, habría contado con fondos públicos.
La denuncia contra Fuerza Patria, en este sentido, pone sobre la mesa un debate que excede a una sola fuerza: si se exige transparencia a los adversarios, también corresponde mostrar los números propios con igual claridad y responsabilidad institucional.
Un escándalo que golpea la credibilidad política
El caso reabre el debate sobre la financiación de campañas y el uso de estructuras sociales con fines partidarios, un tema sensible en la política santafesina. Si bien los hechos aún deben ser comprobados judicialmente, la magnitud del monto denunciado y los vínculos directos entre los implicados elevan la gravedad institucional del episodio.
Para Provincias Unidas, la denuncia representa un intento de marcar un límite en el uso de recursos públicos o privados de origen social para la competencia electoral. Para Fuerza Patria, en cambio, se trata de un silencio incómodo que llega en un momento político clave, cuando el peronismo intenta recomponerse tras el resultado electoral.
La investigación recién comienza, pero su impacto ya se siente: la transparencia y el control de fondos vuelven a colocarse en el centro de la escena política santafesina.
