La Convención Constituyente de Santa Fe ingresó en terreno decisivo y sancionó modificaciones sustanciales al sistema judicial provincial. Luego de extensas negociaciones políticas, la reforma incorpora transformaciones en la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa, la Procuración General, la Defensoría del Pueblo y el sistema de designación y enjuiciamiento de magistrados.
El resultado fue el fruto de horas de rosca, tensiones y acuerdos transversales que garantizaron mayorías amplias en las votaciones, superando incluso los dos tercios del pleno.
Una Corte Suprema más amplia y con paridad
El artículo 84 fue modificado y la Corte Suprema de Justicia provincial pasará de cinco a siete miembros. La integración deberá procurar paridad de género y representación territorial, con designación a cargo del Poder Ejecutivo y acuerdo de la Asamblea Legislativa.
Los jueces tendrán inamovilidad en sus cargos mientras acrediten idoneidad, cesarán de pleno derecho a los 75 años y no podrán ser ascendidos ni trasladados sin consentimiento. También se fijó un límite de 20 años en funciones, lo que abre un escenario inédito de renovación periódica.
En cuanto a competencias, la Corte intervendrá en recursos de inconstitucionalidad, revisión penal, conflictos entre poderes, incidentes de recusación y juicios de responsabilidad civil contra magistrados, entre otros.
Procuración General: límite temporal y control legislativo
La nueva Procuración General integrará el Poder Judicial y tendrá como función central la defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.
El Procurador será designado por el Ejecutivo con acuerdo legislativo, durará cinco años en el cargo, con posibilidad de una sola reelección, y percibirá la misma remuneración que los ministros de la Corte. Podrá ser removido por mal desempeño o comisión de delitos dolosos, mediante procedimiento público y acusatorio.
Ministerio Público: autonomía y doble estructura
Uno de los avances más relevantes es la constitucionalización del Ministerio Público, conformado por dos órganos con autonomía funcional y financiera:
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Ministerio Público de la Acusación (MPA): encargado de diseñar y ejecutar la política de persecución penal, con foco en los derechos de las víctimas.
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Ministerio Público de la Defensa: orientado a garantizar acceso a la justicia y asistencia jurídica integral para personas en situación de vulnerabilidad.
Ambos serán conducidos por un Fiscal General y un Defensor General, con mandato de cinco años y posibilidad de reelección por un período. Gozarán de inamovilidad mientras conserven idoneidad y cesarán a los 75 años.
Designación y control de magistrados
El nuevo texto establece que jueces, fiscales y defensores deberán superar un procedimiento público, transparente y con participación ciudadana, a cargo de un Consejo Asesor de Selección integrado por representantes de los tres poderes, colegios profesionales y universidades.
Los magistrados serán designados por el Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa.
Además, se creó un Tribunal de Enjuiciamiento de magistrados, fiscales y defensores, compuesto por legisladores, abogados y miembros del sistema judicial. El procedimiento será acusatorio, oral y público, garantizando defensa y debido proceso.
Defensoría del Pueblo: rango constitucional
La Defensoría del Pueblo quedó incorporada a la Constitución como órgano autónomo con legitimación procesal propia. Tendrá la misión de proteger derechos individuales y colectivos frente a actos u omisiones de la Administración Pública. La designación y remoción de su titular quedará definida por ley.
Cláusulas transitorias: un puente hacia el nuevo sistema
Para ordenar la transición, se fijaron plazos de hasta dos años para sancionar leyes reglamentarias. Los actuales fiscales y defensores mantendrán funciones hasta el fin de sus mandatos, mientras que el Procurador General continuará en el cargo bajo el nuevo esquema.
Se dispuso la continuidad de los agentes en funciones y la transferencia automática de cargos, presupuestos y competencias al nuevo Ministerio Público.
Una reforma con respaldo político amplio
Las votaciones reflejaron mayorías cercanas a los dos tercios del pleno, con acompañamiento de sectores del peronismo, bloques aliados y un rol central del oficialismo de Unidos.
El acuerdo incluyó ajustes en la integración del Tribunal de Enjuiciamiento, que incorporará participación opositora para garantizar pluralidad.
De esta manera, Santa Fe avanza hacia un sistema judicial renovado, con mayores controles, límites temporales a los cargos, autonomía institucional y un rediseño que busca equilibrar independencia, eficiencia y transparencia.
