Los incidentes comenzaron después de los festejos de Rosario Central, con piedrazos contra vehículos y una intervención policial que terminó trasladándose al interior de Newell’s. Pero lo que ocurrió después abrió una discusión mucho más profunda: efectivos armados avanzaron dentro de una institución que desarrollaba normalmente sus actividades, mientras socios, familias y juveniles intentaban ponerse a resguardo. Asuntos Internos investiga el procedimiento y Fiscalía secuestró cuatro escopetas antitumulto y pidió los GPS de los móviles. El club irá a la Justicia y la Provincia promete investigar posibles excesos. En el medio queda una pregunta todavía sin respuesta: ¿quién asumirá la responsabilidad por lo que vivieron quienes simplemente estaban dentro del club?
Lo primero es separar responsabilidades.
Durante la noche del martes se produjeron incidentes en las inmediaciones del estadio Marcelo Bielsa después de los festejos de Rosario Central en el Monumento Nacional a la Bandera. Según la versión policial, personas identificadas con Newell’s arrojaron piedras contra vehículos que trasladaban simpatizantes canallas y, posteriormente, también atacaron a los efectivos que llegaron al lugar. Hubo vehículos dañados y una mujer que circulaba con su hijo sufrió una herida que requirió puntos de sutura. Esos hechos deberán investigarse y quienes hayan cometido delitos tendrán que responder individualmente ante la Justicia. Pero ninguna de esas circunstancias elimina la discusión sobre lo que ocurrió después.
La intervención de la Policía de Santa Fe no quedó limitada a la vía pública ni exclusivamente a detener a quienes estaban protagonizando los incidentes. Los efectivos ingresaron a las instalaciones de Newell’s, avanzaron por diferentes sectores del predio y utilizaron escopetas con postas de goma mientras dentro del club había socios realizando actividades, familias, deportistas y juveniles alojados en la pensión.
Las imágenes difundidas durante las horas posteriores mostraron corridas, disparos, forcejeos y efectivos golpeando personas. Uno de los videos registra incluso a un policía golpeando reiteradamente a alguien que ya estaba en el piso. Y entonces aparece la pregunta que todavía nadie terminó de responder: ¿quién se hace cargo del momento de terror que vivieron los socios de Newell’s dentro de su propio club?
De la calle a los parrilleros, el bar y la pensión
Una cosa es intervenir ante un delito flagrante en la vía pública. Otra discusión comienza cuando un operativo policial termina atravesando una institución de punta a punta y alcanza lugares en los que se desarrollaban actividades completamente ajenas a los disturbios.
Los testimonios incorporados a las crónicas posteriores describen escenas difíciles de conciliar con una intervención focalizada únicamente sobre quienes habían arrojado piedras.
Candela, socia de Newell’s que se encontraba en el lugar, relató que después de la llegada de refuerzos se produjo una “lluvia impresionante de balazos de goma” y aseguró haber visto efectivos arrojando piedras hacia el interior. Según su testimonio, los policías ingresaron golpeando sin distinguir entre quienes habían participado de los incidentes y las personas que simplemente estaban dentro de la institución.
Su relato adquiere otra dimensión cuando describe dónde terminó el operativo: los parrilleros.
Allí había familias y grupos de amigos cenando. La socia aseguró que efectivos dieron vuelta discos, tiraron asados, escupieron comida y detuvieron a una persona que estaba cocinando. También describió a chicos llorando y temblando mientras eran evacuados desde otros sectores. Se trata de su testimonio, que deberá ser contrastado dentro de la investigación abierta, pero coincide con registros audiovisuales que muestran la presencia policial en sectores internos del club.
Otro padre contó que su hijo de 16 años se encontraba entrenando waterpolo y tuvo que salir escondido en el automóvil de su profesor junto con otros deportistas. “Los chicos estaban aún en shock”, relató. Su hijo había ido simplemente a practicar un deporte. Una hora después estaba intentando escapar de un club convertido en zona de caos.
El avance policial alcanzó además sectores próximos a la pensión donde viven juveniles de Newell’s. Las imágenes de chicos corriendo para refugiarse constituyen probablemente una de las postales más difíciles de explicar de toda la noche. No eran protagonistas de los disturbios. Vivían allí.
Esto vivieron los hinchas que estaban comiendo en los parrilleros pic.twitter.com/MiBJES9Ilw
— Hernán Cabrera (@cabrerahercap) September 30, 2026
¿Era necesario llegar hasta allí?
Ese debería ser uno de los puntos centrales de la investigación.
El jefe de la Unidad Regional II, Danilo Villán, justificó el ingreso señalando que los policías perseguían a personas que habían arrojado elementos y que se encontraban ante una situación de flagrancia. También confirmó que las actuaciones quedaron bajo investigación y que cualquier exceso deberá determinarse en las instancias correspondientes.
El coordinador provincial de Seguridad Deportiva y Eventos Masivos, Gustavo Velázquez, reconoció por su parte que “evidentemente hay algo que se fue de las manos y no se pudo controlar” y aseguró que, si algún policía actuó en demasía o hizo algo que no correspondía, será sancionado. La cuestión es precisamente determinar qué fue lo que se fue de las manos.
Porque el problema no consiste solamente en analizar un video aislado para establecer si un agente disparó cuando no debía o golpeó más de lo permitido. La discusión también debe abarcar la conducción completa del operativo: quién decidió ingresar, hasta dónde estaba autorizado avanzar, qué órdenes recibieron los efectivos, por qué llegaron hasta sectores donde había familias y deportistas y qué medidas se tomaron para diferenciar a quienes participaban de los incidentes de quienes no tenían ninguna relación con ellos.
No alcanza con investigar únicamente el último garrotazo. También hay que reconstruir quién dio las órdenes que permitieron llegar hasta allí.
Fiscalía ya puso la lupa sobre las armas y los móviles
La investigación no quedó reducida a una revisión administrativa interna.
Fiscalía ordenó la liberación de las personas demoradas —a quienes se les formó causa por daños— y dispuso medidas específicas para reconstruir el accionar policial. Asuntos Internos debe identificar a los agentes que participaron y determinar a qué agrupaciones pertenecían. Además, fueron secuestradas cuatro escopetas reglamentarias antitumulto y se solicitaron los registros GPS de los móviles utilizados durante el procedimiento.
Son medidas relevantes porque permiten abandonar las interpretaciones generales y reconstruir concretamente qué hizo cada grupo policial. Dónde estuvo cada móvil. Qué efectivos portaban las escopetas. Cuántos disparos se efectuaron. Quiénes ingresaron al club. Hasta dónde avanzaron. Y bajo qué órdenes.
También deberá establecerse qué ocurrió con las agresiones registradas en las imágenes, incluida aquella en la que un policía golpea a una persona que ya se encontraba reducida.
La investigación judicial tendrá entonces dos planos que no deberían confundirse: determinar responsabilidades por los piedrazos y daños iniciales y, paralelamente, establecer si la respuesta policial se mantuvo dentro de los límites legales y reglamentarios. Investigar una cosa no exime de investigar la otra.
Newell’s cuestionó a Seguridad, pero después llegó el turno de Boero
La primera reacción institucional del club fue contundente.
Newell’s sostuvo que la violencia no se había originado dentro de sus instalaciones, rechazó “enfáticamente” el accionar policial y la intromisión de agentes dentro del predio. Además, manifestó una “profunda desconfianza” hacia los responsables de la seguridad deportiva y los eventos masivos y anunció que accionará judicialmente por lo ocurrido.
La respuesta desde Seguridad Deportiva buscó marcar una diferencia de responsabilidades. Velázquez explicó que el festejo de Central sí había sido organizado como un evento masivo, mientras que lo sucedido alrededor de Newell’s correspondía —según su explicación— a un operativo de seguridad pública diagramado por la Unidad Regional II, la comisaría correspondiente y la inspección de zona.
Es decir, mientras el club cuestionó a los responsables de Seguridad Deportiva, desde esa área señalaron que el operativo cuestionado pertenecía a otra estructura de la seguridad provincial.La pelota empezó a pasar de un escritorio al otro.
El presidente de Newell’s, Ignacio Boero, habló posteriormente y sostuvo que existió una “provocación” externa y que la violencia llegó “de afuera hacia adentro”. También anunció que la institución acompañará la investigación judicial y pidió determinar responsabilidades.
Boero evitó convertir su conferencia en un pedido público de renuncias dentro del Ministerio de Seguridad. Optó por el camino judicial y por reclamar que se identifique a los responsables.
Puede discutirse políticamente si esa respuesta alcanza frente a la gravedad de lo ocurrido. Lo que no debería discutirse es que los socios necesitan algo más que una sucesión de explicaciones cruzadas: necesitan saber por qué la Policía terminó dentro de su club y quién decidió que ese era el procedimiento adecuado.
Una relación política que agrega sensibilidad al conflicto
El episodio incorpora además un componente político inevitable. Maximiliano Pullaro conduce el Gobierno provincial y Pablo Cococcioni está al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Ignacio Boero, presidente de Newell’s, proviene también del radicalismo.
Esa cercanía partidaria no demuestra coordinación, responsabilidad ni encubrimiento alguno en lo sucedido y no debería utilizarse para sustituir la investigación de los hechos. Pero sí explica parte de la reacción que comenzó a aparecer entre socios e hinchas, especialmente frente a la expectativa de una posición más confrontativa de la conducción del club respecto del Gobierno provincial.
En redes sociales circuló una ironía que sintetiza ese malestar: “Menos mal que Pullaro es amigo de Boero; con amigos como estos no necesitás enemigos”. Es una expresión de hinchas, no una conclusión sobre responsabilidades políticas. Pero refleja el clima que dejó la noche.
No es la primera discusión por el accionar policial alrededor del Coloso
El episodio tampoco aparece en un vacío.
Durante los últimos dos años hubo otros enfrentamientos y cuestionamientos al accionar policial en inmediaciones del Coloso y el Parque Independencia. El material recopilado para esta nota enumera episodios ocurridos desde 2024 en los que hubo utilización de gases, postas de goma, Infantería y unidades motorizadas ante protestas, desconcentraciones o situaciones de tensión vinculadas a partidos de Newell’s. Algunas de esas descripciones provienen de crónicas y denuncias cuya caracterización del operativo es discutida, por lo que no corresponde presentarlas en bloque como casos judicialmente acreditados de “represión ilegal”.
Sí existe un antecedente político que merece atención: la relación entre los hinchas y los dispositivos de seguridad viene acumulando conflictos. También hubo controversias por elementos de aliento y por las condiciones de ingreso a los estadios.
Por eso, lo sucedido esta semana debería obligar a revisar no solamente la conducta individual de determinados policías, sino también los protocolos con los que se gestionan situaciones de tensión alrededor de los espectáculos deportivos.
Una fuerza de seguridad tiene la obligación de intervenir frente a delitos y proteger a terceros. Pero precisamente por eso debe ser capaz de distinguir entre quien está cometiendo un delito, quien protesta, quien simplemente circula y quien se encuentra cenando, entrenando o viviendo dentro de una institución.
Pullaro pide más herramientas para Seguridad mientras se investiga a esta Policía
El episodio adquiere todavía mayor relevancia política por el contexto provincial.
El Gobierno de Pullaro viene reclamando y promoviendo mayores herramientas legales y operativas para combatir el delito. La política de seguridad constituye uno de los principales ejes de su administración. Ese debate no debería resolverse a partir de un solo episodio.
Pero lo ocurrido en Newell’s introduce una pregunta legítima dentro de esa discusión: si el Estado pretende ampliar capacidades para sus fuerzas de seguridad, ¿qué mecanismos de control acompañarán esas mayores atribuciones?.
El interrogante no supone negar la necesidad de que la Policía pueda actuar frente a hechos violentos. Los piedrazos contra automovilistas existieron y una mujer terminó herida. Los responsables deben ser identificados. Pero mayor capacidad policial y mayor control institucional no son conceptos incompatibles. Deberían avanzar juntos.
Porque una Policía con más herramientas también necesita protocolos claros, conducción política, formación, mecanismos de rendición de cuentas y sanciones cuando se determinan excesos.
Lo ocurrido dentro de Newell’s coloca esa discusión frente a una escena concreta: familias, socios y adolescentes que estaban desarrollando actividades normales terminaron corriendo para ponerse a salvo mientras efectivos armados avanzaban por el predio.
ATENCIÓN. Exclusivo
Así entró la policía al club y ojo, no es editado (?) pic.twitter.com/8FL5dZsXm0— Hernán Cabrera (@cabrerahercap) September 30, 2026
La pregunta que nadie puede patear afuera
El Gobierno provincial dice que investigará. Seguridad Deportiva distingue responsabilidades y remite el operativo a Seguridad Pública. La Policía sostiene que perseguía a personas involucradas en delitos flagrantes. Asuntos Internos abrió actuaciones. Fiscalía secuestró armas y pidió los GPS de los móviles. Newell’s anunció que irá a la Justicia. Boero pidió determinar responsabilidades. Todos tienen una explicación institucional. Pero todavía falta una respuesta política.
Porque además de saber quién arrojó cada piedra, quién rompió cada vehículo, quién efectuó cada disparo y quién golpeó a una persona reducida, habrá que determinar quién diseñó, condujo y permitió un operativo que terminó recorriendo sectores internos de un club lleno de gente que no participaba de los incidentes.
Los socios que cenaban en los parrilleros no planificaron el operativo. Los chicos que entrenaban waterpolo tampoco. Mucho menos los juveniles que viven en la pensión. Todos ellos quedaron en medio de una situación que nunca debió alcanzarlos.
Por eso, una vez que terminen las conferencias de prensa, los comunicados y el traslado de responsabilidades entre dependencias, quedará pendiente la pregunta más sencilla de todas: ¿quién se hará cargo del terror que vivieron los socios de Newell’s dentro de su propia casa?.
