El presidente Javier Milei oficializó el veto total a la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada con amplia mayoría en el Congreso, lo que generó un fuerte impacto económico e institucional en el sistema de educación superior. La medida, publicada en el Boletín Oficial bajo el Decreto 647/2025, afecta directamente el funcionamiento de las universidades nacionales, los hospitales universitarios, los programas de investigación y las becas estudiantiles.
La decisión presidencial provocó un inmediato rechazo del sector académico, de los gremios docentes y de las federaciones estudiantiles, que ya convocaron a un paro nacional universitario para este viernes 12 de septiembre y a una nueva Marcha Federal al Congreso, prevista para el día en que Diputados trate la insistencia en la ley.
Qué implicaba la ley vetada
La norma aprobada por el Congreso establecía:
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Actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento universitario.
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Convocatoria obligatoria a paritarias para docentes y no docentes.
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Recomposición salarial y mejora en las condiciones de trabajo.
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Incremento de becas estudiantiles y financiamiento para programas de investigación.
El proyecto había obtenido el respaldo de 158 diputados y dos tercios en ambas cámaras, lo que generó expectativas de sostener la norma aun frente al veto presidencial.
La mirada de los rectores
El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, calificó la medida como “una oportunidad perdida para corregir errores”. Explicó que la ley representaba apenas un 0,1% del PBI nacional, suficiente para garantizar la continuidad del sistema universitario hasta fin de año.
“Hacemos un esfuerzo fenomenal para sostener la universidad porque sabemos de los sueños de los jóvenes, pero no podemos hacer magia. Hoy está en juego que las próximas generaciones tengan las mismas oportunidades que nosotros”, afirmó Bartolacci.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), del que Bartolacci es vicepresidente, se anticipó que se trabajará con legisladores de todo el país para ratificar la ley en el Congreso.
Por su parte, el rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella, expresó su “profunda desilusión” y sostuvo que la decisión demuestra que “la universidad no es prioridad para este Gobierno”.
“Mientras no haya presupuesto, la Jefatura de Gabinete define las partidas discrecionalmente. El Gobierno reconoce en sus fundamentos el atraso salarial y el déficit en gastos de funcionamiento, pero prefiere sostener tasas financieras al 3,9% mientras los salarios docentes apenas alcanzan el 1,3%. Está claro cuáles son las prioridades”, advirtió Mammarella.
Un conflicto político y social en ascenso
El veto presidencial se produce tras la dura derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, lo que para sectores políticos y gremiales evidencia un intento de reafirmar autoridad mediante el uso del recurso presidencial más extremo.
La comunidad universitaria santafesina se prepara ahora para un escenario de movilización y presión parlamentaria. El Congreso podría tratar la insistencia en Diputados el 17 o el 24 de septiembre, en medio de un clima social marcado por protestas de docentes, estudiantes y trabajadores de la salud.
Lo que está en juego
El rechazo a la ley implica un golpe directo a las universidades públicas, pilares históricos de movilidad social, desarrollo científico y formación profesional. Para los rectores de la UNR y la UNL, la discusión trasciende lo presupuestario:
“Se trata de definir qué lugar ocupa la universidad pública en la Argentina. Si es reconocida como institución nacional legitimada, que garantiza igualdad de oportunidades, o si se la socava en nombre del ajuste”, coincidieron Bartolacci y Mammarella.
Con el veto ya oficializado, el conflicto se traslada al Congreso y a las calles, donde la comunidad universitaria anticipa una resistencia amplia y sostenida frente a una medida que consideran “un ataque directo al futuro del país”.
