El episodio ocurrido este martes por la noche frente a Casa de Gobierno, donde el ministro de Gobierno de Santa Fe fue abordado en la vía pública por un hombre que lo tomó del cuello y lo increpó en tono amenazante, obliga a una aclaración inicial que no admite matices: todo acto de violencia es repudiable, y mucho más cuando ocurre en el plano institucional. Santa Fe —como el país— vive en un Estado democrático donde todos deben poder expresarse, circular libremente y sostener sus ideas sin recurrir a la agresión física o verbal.
En ese marco, repudiar el ataque contra un funcionario público es inevitable. Ninguna diferencia política, personal o partidaria habilita un hecho de estas características.
El altercado se produjo cerca de las 21.40 sobre calle General López al 2600, cuando el ministro caminaba hacia un bar ubicado frente a la Casa Gris. Según el parte policial, un individuo se acercó, lo tomó del cuello y le profirió amenazas antes de retirarse rápidamente. El funcionario fue asistido en Medicina Legal, donde no se constataron lesiones, y la causa quedó caratulada como “agresión sin lesión”, con intervención de la Estación Policial Sur. Bastia adelantó que ampliará la denuncia para aportar más detalles.
No es un hecho aislado
El episodio no es el primer momento de tensión pública que atraviesa el ministro desde que asumió su cargo. En octubre de 2024, junto al ministro de Seguridad Pablo Cococcioni, fue increpado por empleados judiciales durante el ingreso y egreso de los Tribunales de la capital provincial, donde ambos asistieron a la jura de integrantes de la Cámara de Ejecución Penal.
Aquella jornada tuvo su punto más conflictivo cuando, al retirarse del edificio judicial, Bastia respondió con ironía a un dirigente sindical, lo que derivó en una escalada verbal con gritos e insultos, y obligó a la intervención de terceros para garantizar la seguridad de los funcionarios.
Ese antecedente vuelve a aparecer ahora como parte de un clima de fricción creciente entre el ministro y distintos sectores.
Un correligionario, viejos vínculos y versiones cruzadas
Respecto del hecho de este martes, trascendió que el agresor es un militante radical, abogado recibido en la Universidad Nacional del Litoral, a quien Bastia conoce desde hace años. Incluso compartieron la misma carrera universitaria y se saludaban ocasionalmente en Casa de Gobierno. Fuentes coinciden en que se trata de un empleado provincial.
Desde algunos medios se indicó que el hombre se encontraba en estado de ebriedad. Sin embargo, personas de su entorno —incluso dentro del radicalismo— aseguran que si bien suele frecuentar ese bar y tomar alguna copa, no es habitual verlo borracho.
Ese dato, lejos de cerrar el caso, abrió una serie de preguntas que exceden el episodio puntual.
Lo que dicen puertas adentro del radicalismo
En diálogo con este medio, distintas fuentes del norte santafesino aportaron una mirada más profunda sobre el trasfondo del conflicto. Nadie describió al ministro como una mala persona en términos personales, pero sí coincidieron en un cambio de actitud desde su llegada al cargo.
“Bastia dejó de ser el muchacho solidario que en algún momento fue, y se convirtió en un hombre prepotente, soberbio, arrogante, que cuando te habla quiere mostrar autoridad superior a cualquiera, incluso sobrándote”, relató un dirigente que lo conoce desde hace décadas.
Otro referente radical, oriundo de Vera y con vínculo tanto con el agresor como con el ministro, fue aún más directo: “Desde que está en el cargo quiso intervenir en todos los armados políticos del norte santafesino como un patrón de estancia”.
La misma fuente agregó un elemento clave: “El problema no es solo Bastia. El tema es que lo hace bajo la atenta mirada del propio gobernador, al que muchos dirigentes no quieren torear por miedo a perder el cargo”.
Las versiones coinciden en que el avance sobre los armados territoriales, las decisiones verticales y la falta de diálogo con sectores históricos del partido vienen generando un malestar silencioso que ahora asoma de la peor manera.
Mucho más que un hecho policial
Formalmente, lo ocurrido es una agresión callejera contra un funcionario provincial. Pero políticamente, el episodio expone tensiones internas, estilos de conducción y disputas de poder que se vienen acumulando desde hace tiempo dentro del radicalismo santafesino.
Nada de esto justifica la violencia. Al contrario: la condena debe ser absoluta. Pero reducir el caso a un hecho aislado o a una supuesta borrachera sería desconocer un proceso más profundo.
La historia va más allá del parte policial. Y por más que algunos intenten minimizarla, siempre habrá medios que no miren para otro lado y sigan el hilo completo de los acontecimientos. Porque detrás de cada altercado público suele haber una trama política que merece ser contada.
En democracia, la violencia no puede ser el camino. Pero tampoco lo es el silencio.
