Uno de los debates más intensos que se está llevando adelante en el proceso de reforma constitucional que empezó a mediados del mes de julio se da en la Comisión del Poder Judicial y otros órganos constitucionales, principalmente, en lo que respecta al Ministerio Público de la Acusación y el Servicio público de la defensa, sobre su autonomía funcional y autarquía financiera.
Tal como comentó este medio, en una de las primeras reuniones de dicha comisión, se escucharon las opiniones de las titulares de ambos organismos, con la fiscal general siendo contundente en su visión: “Nosotros tenemos que ser independientes de los tres poderes del Estado”, sostuvo Vranicich, al pedir que el MPA sea un organismo extrapoder.
Pero, más allá de la discusión por dónde ubicar en la nueva constitución a estos dos organismos fundamentales para el sistema penal, existe todo un debate interno por otros puntos claves que hacen al trabajo de los fiscales, como lo son su selección, evaluación o enjuiciamiento y remoción.
Viviana O’Conell, fiscal y presidenta de la Asociación de Fiscales del MPA (AFFMPA), fue parte de una de la audiencia pública que llevó adelante esta comisión en la facultad de derecho de UNR, sentando un posicionamiento sobre los ejes centrales pero haciendo enfasis en la cuestion laboral. En diálogo con el programa de streaming “El Diario de la Reforma”, comenzó diciendo que “En diciembre de 2017 se modificó la ley 13013 y la legislatura de la provincia de Santa Fe se arrobó el poder disciplinario sobre los fiscales, desde entonces se desnaturalizó completamente lo que puede ser un jury de enjuiciamiento o un tribunal de enjuiciamiento, que es lo que tendría que intervenir cuando algún fiscal comete una falta”.
“La legislatura se sigue quedando con la posibilidad de abocarse a determinados casos y lo más terrible es que en esos procesos que conocemos que se fueron haciendo y se destituyeron o sancionaron algunos fiscales nunca se respetó el debido proceso”, dice O’Conell. Según comentó, el debido proceso debe respetar el derecho del acusado a conocer su acusación, a estar presente durante todo el juicio, a ofrecer testigos en su defensa y controlar la prueba en su contra, garantías que contempla la Constitución Nacional y la vigente constitución provincial, pero que no se respeta al momento de juzgar a un Fiscal por una presunta falta.
Pero además, la fiscal O’Conell dice que “es peor aún”, porque “Esto se vota por parte de toda la legislatura en base a un dictamen de una comisión. Es decir, nunca escucharon al fiscal, no escucharon a los testigos de la defensa, ni siquiera los de la acusación, votan desde un dictamen, y recién después le explican al fiscal acusado qué fue lo que votaron. O sea, viola absolutamente todas las garantías. Un fiscal hoy en la provincia de Santa Fe tiene menos garantías que el peor que los delincuentes”, dice la magistrada.
Este reclamo es uno de los más relevantes en cuanto al funcionamiento del MPA, junto a la selección de los fiscales. “Hoy ya no tenemos solo problemas con el régimen disciplinario, sino también vemos que los procesos de selección se han ido deteriorando institucionalmente. Desde el primer concurso, donde entramos los más antiguos, había todo una objetividad en cuanto a lo que valían los antecedentes, cuánto era la prueba de oposición y que daba muchas más garantías”, dice O’Conell y agrega “Hoy por hoy, peor aún, no se respeta un orden de mérito, directamente es aprobado o no aprobado la lista que se eleva al gobernador, que está por orden alfabético y nadie sabe cuál fue realmente el desempeño de cada uno de los postulados en en las pruebas de oposición”.
O’Conell sostiene que “sería gravísimo que esto se traslade al texto de la nueva Constitución, porque eso pondría a Santa Fe en primero en una situación de no tener una justicia independiente, y después que podría generar inclusive para no solo Santa Fe, sino para el estado nacional responsabilidad internacional”
En 2021 la asociación de fiscales del MPA que preside O’Conell realizó una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se expida sobre la situación en Santa Fe, pero también, en otros casos conocidos en el país. Ante esta oportunidad de reforma constitucional, la asociación solicitó una opinión a la CIDDHH y también a la Relatoría de la ONU, esta última que tiene como función procurar que se respete la independencia de los magistrados
En este caso, Margaret Satterthwaite, jurista y relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, envió una carta a los convencionales reformadores de Santa Fe hace unos días atrás, y en particular a la comisión del Poder Judicial, para pedir que se garantice la independencia de los fiscales en la próxima Constitución provincial. “Hay una serie de pactos que fueron suscritos por el doctor Raúl Alfonsín en su momento que luego fueron incorporados en la Constitución del en la reforma constitucional del 94 y que nuestra Constitución tiene que respetar”, comentó O’Conell.
“A quién le está pidiendo explicaciones (La ONU) es al gobierno nacional respecto de lo que sucede en una de las provincias de la República Argentina. El gobierno nacional envio esa carta a la provincia de Santa Fe para que conteste una serie de cuestiones tienen 60 días, si mal no recuerdo, para contestarle a la relatora”, agrega O’Conell, “Si no, eso puede generar responsabilidad internacional, que puede terminar en una condena para el Estado argentino en una corte internacional, y eso sería muy gravoso, porque como nación se firma un pacto de esas características es para cumplirlo. No olvidemos el momento en el que estos pactos fueron suscritos por el Estado argentino, veníamos de una dictadura donde la población no tenía garantías de ninguna clase”, destacó la fiscal
Maria Victoria Capocetti, convencional de Activemos, forma parte de la Comisión del Poder Judicial, también de la Comisión de Declaraciones, derechos y garantías, y diálogo con este medio sobre esta temática y opino que es “Para lograr que este órgano sea independiente y darle esa independencia, me parece que la cuestión coyuntural está en quién va a designar a ese fiscal general y a esa defensora o defensor general y cuál es la duración del mandato, porque hay algunos proyectos que establecen que sean acompañados a los mismos mandatos de los gobernadores”.
El proyecto de Activemos, en particular, coloca al MPA dentro del poder judicial, pero separando a la sindicatura que tienen actualmente. “Ellos están reclamando una independencia y una autonomía, que si bien la ley ya se los otorga, manifestaron, que esas cuestiones por ahí no están y no dan la virtuosidad que ellos esperan dentro de estos órganos” dice Capocetti y completa “hay que validar el espíritu de la ley de la 13.008 que da la creación del Ministerio Público de la acusación, y en razón de eso hay que indagar en la naturaleza jurídica, en el espíritu que tuvo esa ley para la creación de este de este órgano”.
Un diseño institucional equilibrado sin intervención política
La titular de la AFFMPA, Viviana O’Conell, exclamo con contundencia que para un correcto diseño, con control disciplinario y selección de fiscales que garantice imparcialidad y equilibrio institucional “No tiene que intervenir el poder político”. “Nosotros somos órganos técnicos, no somos órganos políticos, entonces, los fiscales, los jueces y los defensores, porque la justicia penal funciona con estas tres partes y tienen que estar equilibrado, se los tiene que evaluar técnicamente, no políticamente”, subrayó
“El poder político va a tener su oportunidad como en el momento de elevar el pliego el gobernador y el Senado de aprobarlo. Pero en el momento previo, que es la selección de los postulantes, tiene que ser eminentemente técnica y hecha por quienes tienen conocimiento real de cómo funciona el sistema de justicia”, señaló.
La postura institucional sobre la autonomía del MPA
La fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Maria Cecilia Vranicich, fue contundente en cada oportunidad que tuvo de manifestarse sobre la autonomía de este organismo en medio del debate por la reforma constitucional: autonomía institucional, autarquía y superintendencia.
La Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA que preside O’Conell realizó una encuesta interna, tal como comentó su titular, para definir una postura clara sobre este tema, y en su mayoría hay coincidencias con la postura institucional. “El manejo de los recursos es muy importante para el éxito de las investigaciones. Porque si estamos peleando por tener una resma de papel, ¿Cómo podemos pretender hacer investigaciones complejas ir contra las grandes bandas?”, destacó
O’Conell señaló que “ todas estas grandes investigaciones se han hecho mucho al pulmón y realmente los recursos son necesarios y el manejo de los recursos es importante también”.
La fiscal concluyó diciendo que “esta reforma constitucional que se está llevando adelante en este momento tiene que estar conforme a la normativa nacional e internacional, a nuestra Constitución Nacional, a los pactos internacionales de derechos humanos, porque el ciudadano de a pie, solo tiene posibilidad de acceder como corresponde a la justicia si está es independiente”
