El hallazgo genera más preguntas que respuestas. En medio del discurso oficial de transparencia y austeridad que repite el gobernador Maximiliano Pullaro, una irregularidad en la designación de un funcionario golpea la credibilidad del relato. Se trata de Emilio Rached, exintendente de Pinto (Santiago del Estero), quien fue procesado por malversación de fondos públicos durante su gestión, y que hoy se desempeña como subsecretario de Desarrollo Territorial e Institucional de la Provincia de Santa Fe, bajo la órbita del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública que conduce Fabián Bastía.
El dato no es menor: Rached no solo arrastra un pasado judicial que lo compromete, sino que además es actualmente candidato a vicegobernador en Santiago del Estero, donde vivio casi toda su vida, mientras percibe un salario que rondaría los 10 millones de pesos mensuales del erario santafesino. Una combinación de factores que nadie dentro del Ejecutivo ha sabido justificar.
Preguntas sin respuesta
La situación abre una serie de interrogantes incómodos: ¿Por qué un dirigente con actividad política en otra provincia integra el gabinete santafesino?. ¿Se transformó la administración provincial en un “refugio” para radicales de otras jurisdicciones?. ¿El financiamiento de la campaña de Rached en Santiago del Estero se sostiene, al menos en parte, con fondos del Estado santafesino?. ¿Cuántos otros casos similares pueden estar escondidos en el organigrama del gobierno?
Hasta el momento, ningún funcionario del gobierno de Pullaro ofreció una explicación oficial sobre los motivos de esta designación. De todas maneras los micrófonos y periodistas de este medio estaran a disposicion para la aclaración. Sería importante que el propio Gobernador explique a politicadesantafe.com sobre este tema.
El pasado judicial de Rached
La historia reciente de Emilio Rached está marcada por el procesamiento que dictó la Justicia Federal de Santiago del Estero, al acusarlo de malversación de caudales públicos, peculado y abuso de autoridad durante su gestión como intendente de Pinto (2016-2018). La causa lo vinculó a irregularidades en la ejecución de un convenio de 80 millones de pesos con Nación, de los cuales se habrían desviado recursos para fines no previstos.
Según la investigación, parte de los fondos que debían destinarse a obras de infraestructura y cloacas habrían sido redirigidos a otras cuentas municipales, incluso generando intereses financieros que supuestamente terminaron siendo utilizados fuera del marco legal.
Dato histórico
En la madrugada del 17 de julio de 2008 muchísimos argentinos no durmieron para seguir la transmisión en vivo de la votación en el Senado Nacional de la “Ley de Retenciones y Creación del Fondo de Redistribución Social”, la famosa resolución “125” que enfrentó a Cristina Kirchner con el campo.
Antes del voto “no positivo” de Julio Cobos en el desempate de una ley que había sido votaba sin mayores sobresaltos en Diputados, hubo un voto previo que dejó igualada la definición. El responsable de ese empate fue el Senador por Santiago del Estero Emilio Rached, quien había accedido a esa banca por el Frente Cívico por Santiago en 2007, luego de haber sido dos años vicegobernador de Gerardo Zamora.
La paradoja política
Mientras en su provincia natal enfrenta cuestionamientos judiciales y hoy compite como candidato a vicegobernador por el frente “Despierta Santiago”, en Santa Fe se desempeña como subsecretario en un área estratégica del gobierno provincial. Su cargo depende directamente de Fabián Bastía, ministro que se ha caracterizado en su trayectoria por exigir transparencia en el manejo de la cosa pública, pero que hasta ahora no explicó por qué Rached es la persona indicada para esta función.
Un caso que incomoda
La designación genera ruido político y expone una contradicción en el oficialismo santafesino. La pregunta central sigue vigente: ¿cuál es el mérito de Emilio Rached para ocupar un cargo de semejante jerarquía en Santa Fe?
El caso no es menor en un contexto donde el propio gobierno busca instalar la bandera de la lucha contra la corrupción y la defensa de la institucionalidad. Que un dirigente cuestionado judicialmente y con aspiraciones electorales en otra provincia perciba un sueldo millonario en la administración santafesina deja en evidencia una inconsistencia política que nadie quiere responder.
