La crisis de Vicentin llegó a un punto límite. La agroexportadora en concurso de acreedores desde 2020 anunció que solo pagará el 30% de los sueldos de febrero, desatando la furia del gremio aceitero y la amenaza concreta de un paro nacional que podría paralizar toda la actividad del sector. La empresa, que opera en San Lorenzo, Ricardone y Avellaneda, justifica la medida en su «crítica situación financiera», pero para los trabajadores y el sindicato se trata de otro capítulo de la agonía que atraviesa la compañía desde su escandaloso default de 2019 por USD 1.350 millones.
El recorte de salarios afecta a más de mil empleados, quienes este lunes solo verán acreditado un tercio de sus haberes, sin certezas sobre cuándo percibirán el resto. La empresa sostiene que completará los pagos «según ingresen fondos de futuros fazones» (contratos de procesamiento de granos), pero el gremio rechaza esta fórmula y exige el cumplimiento total e inmediato de los sueldos. «No vamos a aceptar un peso menos ni la pérdida de un solo puesto de trabajo», advirtió la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA), dejando abierta la posibilidad de una huelga nacional.
Un conflicto que escala
El conflicto no es nuevo. Vicentin viene de varios meses de tensión con los trabajadores y enfrenta un laberinto judicial que complica aún más su futuro. La Corte Suprema de Santa Fe rechazó su plan de pagos por considerarlo «injusto e inconstitucional», mientras que otro tribunal prohibió cualquier movimiento patrimonial vinculado a su planta de biodiesel Innova, ante sospechas de que buscaban transferir el activo a su accionista mayoritaria, la multinacional Viterra (ex Glencore).
La situación es insostenible. Sin nuevos fazones, la empresa no tiene flujo de dinero para pagar salarios ni sostener su operatividad. La caída del acuerdo con ACA, Viterra y Molinos en 2022 dejó a Vicentin sin compradores estratégicos, y su capacidad de refinanciación sigue trabada en la Justicia. La pregunta ya no es si habrá un colapso definitivo, sino cuándo ocurrirá.
Impacto en la región: una bomba de tiempo
El freno en Vicentin no es solo un problema de la empresa: es una crisis para toda la región. La actividad en San Lorenzo y el cordón industrial del Gran Rosario depende en gran parte del funcionamiento de las agroexportadoras. Si la empresa quiebra o sigue en caída libre, el impacto en proveedores, transportistas y comercios será devastador.
Los trabajadores lo saben. «No podemos vivir con la incertidumbre de no saber si vamos a cobrar a fin de mes», expresaron en asamblea tras el anuncio del recorte. El gremio ahora evalúa un paro nacional que podría bloquear la actividad en las principales terminales portuarias del país.
Mientras tanto, el gobierno provincial sigue la crisis de cerca, aunque sin intervenir de manera directa. La apuesta oficial es que la Justicia resuelva el laberinto financiero de Vicentin y que aparezca un salvataje privado que evite el colapso total. Pero en la calle, en las plantas y en los puertos, la sensación es otra: la paciencia de los trabajadores se agotó, y la sombra de un conflicto de alto impacto empieza a hacerse realidad.
