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Qué dice la actual constitución sobre régimen municipal y autonomía y que se puede modificar 

La autonomía municipal podría ser la bandera de una modernización del sistema político santafesino, pero sin consensos claros, todo indica que el statu quo seguirá dominando la escena.

A pocos días de la elección a convencionales reformadores y con una campaña fría en cuanto a los temas en debate, en algunos espacios existe una vocación por discutir y repasar aspectos a modificar en la carta magna provincial. El editor lanzó hace algunas semanas esta sección “Que reforma la reforma”, para revisar algunos temas a modificar, que dice la actual constitución sobre eso y algunas ideas que se fueron exponiendo en los últimos años previo al debate reformador.

Para dar continuidad al segmento, seleccionamos ahora el tema “Régimen Municipal y Autonomía”, siendo otro de los ejes claves del debate sobre la reforma constitucional en Santa Fe, y con preguntas como: ¿hasta dónde pueden llegar los municipios en la toma de decisiones sin intervención del gobierno provincial? ¿Quién controla los recursos y las funciones esenciales? El debate no es nuevo, pero cada intento de reforma revive tensiones entre modelos de descentralización total y esquemas con control provincial.

Qué dice la actual constitución sobre seguridad pública y que se puede modificar

Un sistema que quedó atrás

La actual Constitución santafesina reconoce la autonomía municipal en términos administrativos, políticos y financieros, pero con límites. Los municipios pueden gestionar sus recursos y dictar normas locales, pero no tienen plena independencia. Hoy, Santa Fe sigue atada a un régimen que diferencia entre municipios (más de 10.000 habitantes) y comunas (menos de 10.000 habitantes), dejando a estas últimas en una dependencia total de la provincia. En un territorio con profundas desigualdades económicas y poblacionales, la rigidez del sistema impide respuestas rápidas y eficaces a los problemas locales.

La relación con la provincia es otro punto de conflicto. Aunque la Constitución establece que el gobierno provincial no puede intervenir en los municipios salvo en casos excepcionales, en la práctica, los fondos, la coparticipación y los recursos estratégicos quedan atados a decisiones políticas de la administración central.

Proyectos de Reforma: ¿Autonomía real o control encubierto?

Cada declaración, propuesta o idea analizada en esta sección, hasta el momento, surge de lo expresado en proyectos de ley de reforma constitucional que fueron presentados en el último tiempo como fuente para armar este informe, ante una campaña muy serena y despolitizada hacia la elección constituyente. 

Dicho eso, los proyectos de reforma constitucional han puesto sobre la mesa distintas propuestas para actualizar el régimen municipal, pero con enfoques radicalmente distintos.

Por ejemplo, cuando se habla de Autonomía plena. Algunos proyectos, como el de Blanco y Sola, planteaban una independencia total de los municipios, permitiéndoles crear sus propias cartas orgánicas sin necesidad de aprobación provincial. Esto les daría libertad en materia tributaria, administrativa y de gestión de servicios públicos. La descentralización llegaría al punto de permitir a los municipios manejar seguridad, educación y transporte.

Hay quienes plantean una Autonomía progresiva o diferenciada. Modelos como los propuestos por Corral, Ghione y Perotti buscaban una descentralización por etapas, donde solo los municipios más grandes (según capacidad de gestión y población) puedan alcanzar mayor autonomía. En estos esquemas, el control de la provincia se mantiene en áreas estratégicas como seguridad y planificación urbana.

Pero, también se sigue exponiendo la idea de un Control provincial fuerte. Como los proyectos presentados por De Ponti y Rosúa, que sostenían que la autonomía plena es un riesgo sin una supervisión provincial. Bajo este modelo, la provincia mantiene la capacidad de intervención en casos de crisis institucional o financiera, asegurando que los recursos sean distribuidos de manera equitativa.

En todos los casos, el eje de disputa es el mismo: quién maneja el poder y los recursos. Si la provincia mantiene el control, los municipios siguen atados a una estructura burocrática que limita su desarrollo. Si se les otorga plena autonomía, la desigualdad entre grandes ciudades y comunas pequeñas podría profundizarse.

Entre la descentralización y la dependencia

Más allá de las discusiones técnicas, el debate sobre la autonomía municipal tiene una fuerte carga política. La descentralización implica que los municipios puedan administrar sus propios recursos, pero también significa menos poder para el gobierno provincial. Para los intendentes, lograr mayor autonomía significa ganar herramientas para gestionar sin depender de negociaciones constantes con la Casa Gris. Para el gobierno provincial, perder el control sobre fondos y decisiones estratégicas podría debilitar su influencia territorial.

La discusión también atraviesa el sistema electoral. Algunos proyectos proponen cambios en la elección de intendentes y concejales, incorporando mecanismos como el balotaje en ciudades grandes o la revocatoria de mandato. Otros buscan modificar la estructura del Concejo Municipal, ampliando el número de concejales para garantizar una representación más proporcional.

Qué dice la actual constitución sobre el sistema legislativo y que se puede modificar

Santa Fe sigue siendo una de las pocas provincias que no han actualizado su Constitución desde 1962. La autonomía municipal es solo una parte de un debate mucho más amplio: cómo se reparten el poder y los recursos en la provincia.

La autonomía municipal podría ser la bandera de una modernización del sistema político santafesino, pero sin consensos claros, todo indica que el statu quo seguirá dominando la escena.

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