El clima entre los trabajadores estatales santafesinos es cada vez más tenso. A la par de una inflación que no da tregua, el gobierno provincial que encabeza Maximiliano Pullaro continúa aplicando medidas de ajuste que impactan de lleno en los salarios, las condiciones laborales y, lo que es aún más preocupante, en el acceso a la salud.
Desde principio de año, el Ejecutivo impone los aumentos salariales por decreto, sin negociación con los gremios. Estas subas, muy por debajo del índice inflacionario, profundizan la pérdida de poder adquisitivo de miles de empleados públicos. A eso se suma la vuelta del controvertido presentismo, una política que había sido dejada de lado por su carácter punitivo y que ahora reaparece como un nuevo elemento de presión sobre los trabajadores.
Pero el punto más crítico se vive en torno al IAPOS, la obra social provincial. En los últimos meses, afiliados y gremios vienen denunciando aumentos desmedidos en los servicios complementarios, recortes en prestaciones, demoras en autorizaciones y una reducción generalizada de coberturas. Según denuncias de ATE Rosario y de gremios municipales, hay casos en que los aumentos alcanzaron el 150%, sin que medie una explicación oficial ni una mejora en la atención.
Esta situación llevó a que el pasado 3 de junio se realizara una masiva protesta unitaria frente a la sede del IAPOS en Rosario, bajo la consigna «Sin salud no hay trabajo digno». En la manifestación, representantes de múltiples sindicatos reclamaron la intervención urgente de la Defensoría del Pueblo y denunciaron que “el gobierno está haciendo caja con la salud de los trabajadores”.
Los jubilados provinciales son quienes más padecen estas decisiones. Con ingresos que ya estaban ajustados, ahora se ven obligados a afrontar costos de salud cada vez más altos. A eso se suma el reclamo histórico por la deuda que la Nación mantiene con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe, una deuda que, metafóricamente, «el gobierno de Pullaro parece querer cobrarle directamente a los jubilados», como señalaron voceros gremiales.
“Todo indica que hay una política deliberada de ajuste sobre el sector público. El salario cae, las condiciones laborales se precarizan y la salud, que debería ser un derecho, se convierte en un lujo”, expresaron desde ATE Santa Fe. En paralelo, desde el Sindicato de Municipales de Santa Fe advirtieron que «la situación es insostenible» y advirtieron sobre posibles medidas de fuerza si no se revierte el rumbo.
El deterioro de IAPOS es sólo una cara de un ajuste más profundo. Desde distintos espacios gremiales sostienen que el objetivo del gobierno provincial es claro: reducir el gasto a costa del bienestar de los trabajadores y sus familias. Mientras tanto, el malestar crece y la conflictividad en el sector estatal parece lejos de resolverse.
