Persistente malestar con la gestión provincial y nuevos reparos ante la propuesta de la fiscal general Wranisich. Preocupación gremial por el lugar que ocuparía el MPA dentro del esquema de poderes.
El clima de tensión entre el Poder Judicial santafesino y el gobierno de Maximiliano Pullaro no cede. A las críticas ya expresadas por los trabajadores judiciales respecto del manejo político y presupuestario del área, ahora se suma un nuevo punto de fricción: el posicionamiento gremial contrario a la propuesta impulsada por la fiscal general María Cecilia Vranicich, quien pretende que la autonomía del Ministerio Público de la Acusación (MPA) quede consagrada en la Constitución provincial, en el marco del proceso de reforma en debate.
Desde el sector sindical —particularmente, desde el gremio que nuclea a los trabajadores judiciales— advierten que, aunque formalmente el MPA está bajo la órbita del Poder Judicial, su funcionamiento cotidiano y los vínculos políticos que mantiene con el Ejecutivo provincial generan sospechas sobre una dependencia operativa que pone en riesgo la imparcialidad de sus decisiones.
Desconfianza en la independencia
La propuesta de Vranicich apunta a otorgar rango constitucional al MPA como órgano autónomo e independiente, en línea con estándares nacionales y modelos institucionales de otras provincias. Sin embargo, esta iniciativa no es bien vista por los empleados judiciales, quienes sostienen que en la práctica esa «autonomía» puede traducirse en una mayor alineación con el Poder Ejecutivo, en un contexto donde ya existen fuertes críticas por la injerencia política en el ámbito judicial.
“Estamos ante una maniobra que, lejos de fortalecer la división de poderes, podría cristalizar la subordinación de la Justicia penal al poder de turno”, indicaron desde el gremio en conversaciones informales. La preocupación gira en torno a que la eventual consagración constitucional del MPA no implique mayores controles o límites, y se convierta en un factor de presión adicional dentro de un sistema ya tensionado por la falta de recursos y la precariedad laboral.
Una reforma que genera fisuras
El proyecto de reforma constitucional impulsado por el gobernador Pullaro incluye varios ejes de discusión, pero la autonomía del MPA ha encendido alarmas no solo en sectores gremiales, sino también entre algunos operadores judiciales que ven con recelo el creciente peso político de la figura de la Fiscalía General.
A esto se suma el malestar ya existente por el manejo presupuestario del Poder Judicial, la demora en la actualización de salarios y la percepción de que no se escucha la voz de los trabajadores en las grandes decisiones institucionales.
“Lo que se presenta como una modernización institucional puede terminar siendo una herramienta para consolidar un esquema de poder donde el Ejecutivo influya más que nunca en la acción penal pública”, agregaron fuentes del fuero judicial.
Encrucijada institucional
El debate sobre el lugar del MPA en la futura Constitución santafesina se da en un escenario de creciente desconfianza entre poderes, con un gremio judicial que se siente relegado y un gobierno que busca mostrar eficacia en materia de seguridad, aún a costa de tensar las relaciones institucionales.
Mientras tanto, la propuesta de Vranicich gana visibilidad en el ámbito político, aunque deberá sortear resistencias internas que, como quedó expuesto, no se limitan al plano técnico-jurídico, sino que revelan profundas disputas por el control y la orientación del sistema judicial en su conjunto.
