Entró en vigencia en toda la provincia el nuevo régimen penal juvenil. Se elimina el viejo sistema de Justicia de Menores y se transfiere la competencia al Ministerio Público de la Acusación. El MPA asume la persecución penal de adolescentes entre 16 y 18 años.
La provincia de Santa Fe dio un paso trascendental en la adecuación de su sistema judicial con la entrada en vigencia, este sábado, del nuevo Código Procesal Penal Juvenil, establecido por la Ley N.º 14.228. La norma, sancionada a fines de 2023, elimina formalmente la Justicia de Menores dentro del Poder Judicial y transfiere toda la estructura de investigación y enjuiciamiento al Ministerio Público de la Acusación (MPA), bajo el régimen del sistema acusatorio adversarial.
Con esta transformación, se modifica integralmente el modo en que el Estado santafesino aborda los delitos cometidos por adolescentes de entre 16 y 18 años, siempre que las conductas imputadas tengan una expectativa de pena mínima de dos años de prisión.
Un nuevo modelo de persecución penal
La fiscal general María Cecilia Vranicich definió la creación de Unidades Fiscales Especializadas en cada una de las cinco circunscripciones judiciales de la provincia, y estableció además una Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (UFERPA), bajo la conducción de la fiscal Carla Cerliani.
“La UFERPA se encargará de la planificación y supervisión de la persecución penal en materia penal juvenil en toda la provincia”, explicó Vranicich. “Podrá también asumir el litigio de casos individuales de manera excepcional”, detalló.
Traspaso integral de competencias
A diferencia del proceso vivido en 2014 con la implementación del sistema acusatorio para adultos —donde el viejo sistema convivió como régimen residual—, en esta oportunidad el MPA asumirá de forma completa la carga de trabajo en trámite de los Juzgados de Primera Instancia de Menores.
Esto incluye un traspaso de recursos humanos: nueve profesionales que cumplían funciones como asesores de Menores y secretarios penales pasarán a desempeñarse como fiscales especializados. Además, más de 6 se incorporarán al MPA, mientras continúan gestiones para integrar también al personal de servicios.
No
Para prestar el servicio de persecución penal juvenil, el MPA alquiló nuevas sedes en Santa Fe (25 de Mayo 2319) y Rosario (Av. San Martín 2886), que se habilitarán próximamente. Mientras tanto, las tareas se realizan en los antiguos edificios de los juzgados de Menores. En otras localidades —como Casilda, Tostado, San Lorenzo y Rafaela— las funciones se desarrollarán en los inmuebles existentes. En Reconquista, Venado Tuerto y Villa Constitución, se utilizarán oficinas dentro de los Centros de Justicia.
También se adaptó el sistema informático Heimdall, y se implementó CLIO, una nueva herramienta que centraliza datos históricos de causas de menores. Esto permite conservar la trazabilidad de los expedientes, garantizar continuidad en las investigaciones y mejorar la toma de decisiones estratégicas.
Capacitación y articulación con la Corte
La Escuela de Capacitación del MPA promovió instancias formativas para el personal, y la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, mediante acta-acuerdo, ordenó la capacitación obligatoria de todos los jueces de primera instancia que integran los Colegios Penales y del fuero de Menores.
Además, se dispuso el traspaso de expedientes, magistrados y empleados desde la estructura judicial tradicional al nuevo sistema, en cumplimiento de lo previsto por la Ley 14.228.
Una herramienta clave para una Justicia más eficaz
La fiscal general sostuvo que “este nuevo Código, junto con el juicio por jurados, completa y adecua el sistema acusatorio de Santa Fe a los estándares de la Constitución Nacional”. En sintonía con la reforma en marcha, consideró que el avance ratifica la necesidad de definir “autonomía funcional y autarquía financiera reales para el MPA«.
Con esta reforma, Santa Fe se convierte en una de las provincias con un sistema penal juvenil moderno, integral y descentralizado, orientado a brindar respuestas más ágiles, eficientes y con enfoque de derecho en los casos que involucran a adolescentes en conflicto con la ley penal.
