La reforma parcial de la Constitución de Santa Fe abrió un capítulo especialmente sensible: el futuro de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia. El dictamen emitido por la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana dejó claro que el sistema previsional provincial no será declarado intransferible, como reclamaban los gremios, aunque sí quedará fuertemente protegido por nuevos candados normativos que limitan cualquier intento de traspaso o privatización.
El texto consensuado establece que la provincia organiza un sistema de seguridad social “con carácter integral e irrenunciable, basado en los principios de solidaridad, equidad distributiva, accesibilidad, sostenibilidad y transparencia”. Además, determina que el régimen de los agentes públicos se financia bajo un esquema de reparto solidario, de carácter público e indelegable, cuya administración queda a cargo de un órgano específico.
Uno de los puntos centrales —y más valorados por los sindicatos— es la incorporación de un artículo que garantiza que los recursos de la Caja son intangibles y no pueden destinarse a otros fines.
La mirada sindical
Desde ATE, UPCN, Amsafé y el resto de las organizaciones estatales la posición fue unánime: rechazar cualquier posibilidad de traspaso a la Nación y exigir que la nueva Carta Magna establezca de manera explícita la intransferibilidad del sistema. Consideran que esa es la única garantía frente a eventuales intentos futuros de armonización con la ANSES o de reformas estructurales.
Si bien no lograron imponer esa cláusula máxima, los gremios reconocen que el texto consensuado “amarra bastante” el sistema y dificulta cualquier avance privatizador. “No hay sustentabilidad posible si no se respeta el carácter solidario y público de la Caja”, remarcaron voceros gremiales durante las exposiciones ante los convencionales.
Los cálculos políticos
En el plano político, la redacción aprobada refleja un delicado equilibrio. Los sectores más progresistas no consiguieron blindar definitivamente la Caja con una cláusula de intransferibilidad, pero se retiraron conformes con los candados incorporados. Los más liberales, en cambio, aceptaron la fórmula al valorar que el nuevo artículo no cierra por completo la posibilidad de reformas futuras y deja abierta la puerta a eventuales cambios si existiera un amplio consenso legislativo.
Los convencionales alineados con el oficialismo provincial destacaron, en particular, el párrafo que ordena tender a la sustentabilidad del sistema a través de acciones progresivas, equitativas y razonables. Para el gobierno, esta redacción es clave porque permitirá que eventuales ajustes o modificaciones no sean bloqueados judicialmente.
Un antecedente de fricciones
El tema de la Caja jubilatoria no es nuevo en la política santafesina. En 2007, cuando comenzaron a discutirse los déficits del sistema, el Senado provincial impulsó reformas que fueron denunciadas por fiscales y sectores de la oposición como un intento de disciplinamiento político más que de solución estructural. Desde entonces, la discusión sobre su autonomía, financiamiento y sustentabilidad se convirtió en un terreno de disputa recurrente.
Mecanismos de democracia directa y participación ciudadana
La Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana y que ya fue girado a la Comisión Redactora, tendrá una serie de mecanismos de democracia directa y participación ciudadana. Unidos más los bloques de Más para Santa Fe, Activemos y Fe firmaron el dictamen. La Libertad Avanza se había retirado antes de la reunión en desacuerdo con las demoras del oficialismo en dar a conocer los textos mientras que Somos Vida y Libertad no tiene miembros en esa comisión.
Son siete los institutos habilitados: Iniciativa Popular, Referéndum, Consulta Popular, Revocatoria de Mandatos, Consejo Económico y Social, Audiencias Públicas y Gestión Social, cuyos conceptos generales estarán plasmados en el texto constitucional y en algunos casos requerirán leyes especiales para su aplicación.
En distintas oportunidades, en la Cámara de Diputados, se presentaron proyectos tendientes a incorporar algunos de esos institutos al plexo legal de la provincia. En algunas ocasiones, hubo votaciones pero no pasaron el filtro del Senado.
Estos mecanismos conformaron el temario de once dictámenes que emitió la Comisión de Funcionamiento del Estado que preside Germana Figueroa Casas (Unidos) acompañada en la mesa por Alcides Calvo (Más para Santa Fe) y María Eugenia Martínez (Activemos).
Lo que viene
Si bien se trata de un texto consensuado en comisión, resta ahora su votación en el pleno de la Asamblea Constituyente, donde cada palabra será revisada. Por lo pronto, el debate ya evidenció dos certezas: la Caja seguirá bajo administración provincial y con un fuerte blindaje frente a intentos de privatización, pero no tendrá un muro legal absoluto que impida su traspaso en el futuro.
