La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) lanzó una dura advertencia sobre los riesgos que implica el dictamen de mayoría aprobado por la Convención Constituyente de Santa Fe en materia judicial. Según expresaron en un comunicado, las reformas impulsadas por el oficialismo podrían “comprometer gravemente la independencia judicial” y dejar la puerta abierta a una injerencia directa del Poder Ejecutivo en la selección y control de jueces, fiscales y defensores.
El dictamen bajo la lupa
El 28 de agosto, la Comisión de Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales aprobó un dictamen de mayoría que fue respaldado por la Comisión Redactora. Ese texto establece un mecanismo de designación de magistrados que elimina el sistema de orden de mérito vinculante y la obligación de conformar ternas con criterios objetivos.
Para la FAM, esta decisión otorga al Ejecutivo una “discrecionalidad significativa” para definir la composición del Poder Judicial y, al mismo tiempo, propone una conformación “desequilibrada” del Tribunal de Enjuiciamiento y del Ministerio Público, dominada por el poder político.
El comunicado, firmado por la presidenta Marcela Ruiz y el secretario general Christian Fabio, advierte además que estas modificaciones desoyen recomendaciones internacionales, entre ellas la de la Relatoría de Naciones Unidas sobre Independencia Judicial, que había instado a la Convención a preservar estándares internacionales en materia de control disciplinario.
Pullaro avanza con su propio plan
Mientras arrecian las críticas de magistrados y referentes judiciales, el gobernador Maximiliano Pullaro y la Casa Gris avanzan en una estrategia paralela: la renovación de la Corte Suprema provincial. Con la reforma constitucional prácticamente cerrada, el Ejecutivo ya se prepara para materializar cambios profundos tras las elecciones de octubre.
En la Corte hay tres integrantes que superan los 75 años —Rafael Gutiérrez, Mario Falistocco y Eduardo Spuler—, límite etario que ahora quedará consagrado en la nueva Constitución. La Casa Gris considera que la “oxigenación” del máximo tribunal es inevitable y se concretará en 2026, aunque en el oficialismo aseguran que el recambio podría acelerarse.
El gobernador ya envió más de 80 pliegos para cubrir vacantes en distintos fueros y mantiene conversaciones reservadas con actores del Poder Judicial. Los nuevos perfiles, según fuentes oficiales, deberán garantizar eficiencia en la gestión y mayor apertura a rendir cuentas públicamente.
En los pasillos de la Legislatura, el tema de la justicia se convirtió en el eje de las tensiones más fuertes de la reforma. Mientras la Federación de la Magistratura exige consensos amplios y respeto a la independencia judicial, el oficialismo avanza sin ceder terreno en su idea de “refundación institucional” de la provincia.
