La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe se encamina a cerrar el año legislativo con un balance marcado por intensos debates, reformas estructurales y la sanción de herramientas centrales para el funcionamiento del Estado y la vida cotidiana de los santafesinos. En un período atravesado por la reforma constitucional y discusiones de fuerte impacto social y productivo, la última sesión extraordinaria del año no será una formalidad: tendrá en agenda temas de peso institucional, económico y político que anticipan parte de los conflictos y consensos que marcarán el 2026.
Durante todo el año, la Cámara baja funcionó como una de las principales cajas de resonancia del escenario político provincial. Allí confluyeron acuerdos transversales, debates profundos y también diferencias politica en todos los sectores. Ese clima se reflejará nuevamente en la sesión prevista para este jueves, que incluye desde la adecuación del reglamento interno a la nueva Constitución provincial, hasta el tratamiento de leyes clave como la Ley Tributaria 2026, la prórroga parcial de la Emergencia en Seguridad Pública y el reconocimiento del derecho a un entorno laboral libre de violencia y acoso.
Un nuevo reglamento para una nueva Constitución
Uno de los puntos centrales de la sesión será la aprobación del nuevo reglamento interno de la Cámara de Diputados, una adaptación necesaria tras la sanción de la nueva Constitución provincial en septiembre pasado. El proyecto, que ingresó formalmente en la última sesión con la firma de la presidenta del cuerpo, Clara García, fue trabajado de manera conjunta por jefes y secretarios de los distintos bloques parlamentarios y tendrá tratamiento preferencial luego de su paso por la Comisión de Asuntos Constitucionales.
La iniciativa propone modificar 46 de los 225 artículos del reglamento vigente. Entre los cambios más visibles se encuentra la adecuación del lenguaje institucional, reemplazando las denominaciones “Presidente” y “Vicepresidente” por “Presidencia” y “Vicepresidencia”, en sintonía con el nuevo texto constitucional.
Otro punto clave es la reconfiguración del calendario legislativo. La sesión Preparatoria, que históricamente se realizaba el 25 de abril en función del inicio del período ordinario el 1° de mayo, deberá adelantarse a la primera quincena de febrero, ya que el nuevo período de sesiones comenzará el 15 de ese mes.
El proyecto también redefine la estructura interna del cuerpo, estableciendo 20 comisiones permanentes, una más que las actuales, con nuevas denominaciones y competencias específicas. Entre ellas se destacan Asuntos Constitucionales y Legislación General; Justicia; Presupuesto y Hacienda; Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión; Seguridad Pública; Ambiente y Recursos Naturales; Género y Derechos Humanos; Ciencia, Tecnología e Innovación; y Asuntos Municipales, Regiones y Áreas Metropolitanas, entre otras.
Ley Tributaria, seguridad y derechos laborales
Además del reglamento, la Cámara tiene en agenda otras seis preferencias, entre ellas la Ley Tributaria 2026, que ya fue aprobada por unanimidad en el Senado y que ahora deberá recibir sanción definitiva en Diputados. Se trata de una herramienta clave para la planificación fiscal del próximo año y uno de los proyectos donde el oficialismo espera sostener consensos amplios.
También figura la prórroga parcial de la Emergencia en Seguridad Pública, un tema que vuelve a generar miradas diversas dentro del recinto. En ese marco, la presidenta de la Comisión de Seguridad, la radical Ximena García, convocó a una reunión específica para analizar el expediente, que deberá luego pasar por Asuntos Constitucionales, comisión que ahora preside la socialista Lionella Cattalini.
En paralelo, la Comisión de Seguridad recibirá este jueves al vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe, Daniel Roberto Di Lena, quien expondrá sobre el proyecto aprobado por el Senado que habilita el llamado a licitación nacional e internacional para la explotación de apuestas deportivas online. El Poder Ejecutivo busca que la norma quede sancionada antes de fin de año.
Otro de los mensajes con preferencia es el que reconoce el derecho de toda persona a un entorno laboral libre de violencia y acoso, una iniciativa que se inscribe en una agenda de ampliación de derechos que atravesó buena parte del año legislativo.
Tensiones por el Ente de Impacto Urbano
No todos los proyectos del Ejecutivo corren con el mismo destino. El oficialismo de Unidos no tendría los votos necesarios para avanzar con la creación del Ente Administrador de Proyectos de Impacto Urbano de Rosario, una persona jurídica no estatal que despertó fuertes cuestionamientos desde la oposición.
Tanto el bloque justicialista como el diputado Fabián Palo Oliver (FAS) objetaron la iniciativa por considerar que genera una estructura paralela con baja transparencia, alta discrecionalidad y participación decisoria de privados, relegando al Concejo Municipal a un rol secundario. “No nos oponemos a la cooperación entre Provincia y Municipio, pero este proyecto elige el peor camino posible”, sintetizaron desde el perottismo.
Créditos internacionales y gestión energética
En paralelo al cierre del año legislativo, el Poder Ejecutivo promulgó la ley que autoriza la firma de un crédito de hasta 50 millones de euros con la Agencia Francesa para el Desarrollo, destinado al programa de Mejora Energética para Edificios Sostenibles e Inclusivos, cofinanciado con el Green Climate Fund, el mayor fondo climático del mundo. La norma había sido sancionada por Diputados la semana pasada.
El Código Procesal Laboral, el gran foco de conflicto
Si hay un tema que promete extender el debate más allá de esta última sesión es el proyecto de modificación del Código Procesal Laboral, que ya fue incluido en el temario de sesiones extraordinarias y tendrá tratamiento preferencial en dos sesiones.
La iniciativa, impulsada por el diputado José Corral y respaldada por la Mesa de Entidades Productivas, busca reducir la litigiosidad laboral, especialmente en materia de riesgos del trabajo. Según los datos expuestos, Santa Fe registra 142 juicios cada 10.000 trabajadores, más del doble que Córdoba y muy por encima del promedio nacional. El costo para el sector privado ronda los 100 millones de dólares anuales, afectando especialmente a las PYMES.
El proyecto propone crear un cuerpo especializado de peritos dependiente del Poder Judicial, desenganchando los honorarios del monto de las sentencias y estableciendo instancias técnicas previas que eviten el abuso del proceso judicial.
Sin embargo, la iniciativa abrió una fuerte grieta dentro del propio frente oficialista. Mientras la UCR impulsa avanzar de inmediato, el socialismo plantea frenar los proyectos parciales y concentrarse en la redacción de un nuevo Código Procesal Laboral integral, posterior a la reforma constitucional. El choque quedó expuesto en la Comisión de Asuntos Laborales, presidida por Joaquín Blanco, y dejó al descubierto diferencias de método.
Así, con reformas institucionales, leyes clave, tensiones políticas y debates de fondo aún abiertos, la Cámara de Diputados de Santa Fe se prepara para cerrar un año intenso, dejando sobre la mesa herramientas concretas para fortalecer el Estado, pero también conflictos latentes que marcarán la agenda legislativa del próximo período.
