El 2026 asoma en Santa Fe con un desafío político, fiscal e institucional de primer orden: la sanción de una nueva Ley de Coparticipación Provincial, una norma clave que pondrá a prueba no solo la reciente Reforma Constitucional, sino también la capacidad del gobierno de Maximiliano Pullaro para construir consensos con intendentes y presidentes comunales en un contexto de fuerte restricción de recursos.
Si bien el plazo constitucional para sancionar la nueva ley vence recién en septiembre de 2027, el tema ya se instaló en la agenda política y promete un debate intenso entre el Poder Ejecutivo, la Legislatura y los gobiernos locales, muchos de los cuales atraviesan una situación financiera crítica. La discusión no será técnica ni neutra: se trata, en los hechos, de cómo se reparte el poder real en la provincia.
Un intendente que hasta hace poco formaba parte del entramado de aliados del oficialismo fue contundente en diálogo con este medio:
“La verdad que podemos esperar cualquier cosa de este gobierno. Deben tener en cuenta que hay muchos intendentes de su partido que la están pasando muy mal con el tema de los recursos; en algunos casos no llegan ni a pagar sueldos. Si quieren quedar en la historia, deben ser generosos”, advirtió.
Autonomía municipal: el mandato constitucional y su límite real
La Reforma Constitucional sancionada en septiembre de 2025 reconoció formalmente la autonomía municipal, incorporó las figuras de áreas metropolitanas y regiones, y asignó a la Legislatura provincial la tarea de sancionar dos leyes fundamentales: una nueva Ley Orgánica de Municipios y una nueva Ley de Coparticipación.
Mientras que la ley orgánica deberá aprobarse en el plazo de un año, la de coparticipación tiene un margen de dos años. Sin embargo, el consenso entre intendentes es claro: sin recursos, la autonomía es solo una declaración.
La nueva Constitución amplía las responsabilidades de los gobiernos locales en materia de servicios, infraestructura, políticas sociales y planificación territorial. Pero ese aumento de competencias no vino acompañado —al menos por ahora— de un esquema financiero que lo respalde. De allí que la coparticipación se haya convertido en el verdadero examen del federalismo santafesino.
La masa coparticipable, el corazón del conflicto
Uno de los primeros nudos de la discusión será la formación de la masa coparticipable, es decir, qué impuestos integrarán el fondo a distribuir entre la Provincia y los municipios. Hoy, el esquema santafesino es fragmentado: cada tributo tiene su propio mecanismo de reparto y algunos, como el Impuesto a los Sellos, directamente no se coparticipan.
La nueva ley deberá definir si se avanza hacia una masa única, que incluya impuestos provinciales y recursos nacionales, o si se mantiene un esquema dividido. Detrás de esa definición técnica se esconde una disputa política de fondo: qué porcentaje se queda la Provincia y cuánto va a los gobiernos locales.
Ese primer reparto —la llamada distribución primaria— será clave, sobre todo teniendo en cuenta que los municipios vienen absorbiendo cada vez más funciones sin financiamiento proporcional, lo que los obliga a depender de transferencias discrecionales del Ejecutivo provincial.
Cómo repartir entre municipios: equidad, solidaridad y datos objetivos
Superada la distribución primaria, la ley deberá definir la distribución secundaria, es decir, cómo se reparten los fondos entre municipios. Allí, el consenso técnico apunta a la utilización de criterios objetivos y auditables, como población, necesidades básicas insatisfechas, superficie, capacidad contributiva, producto bruto geográfico y esfuerzo fiscal.
La combinación de estos indicadores busca equilibrar dos principios que suelen entrar en tensión: equidad y solidaridad. Ayudar al que menos tiene, sin premiar la ineficiencia ni castigar el esfuerzo fiscal.
También aparece un reclamo recurrente de los intendentes: automaticidad y simultaneidad en la remisión de fondos, para evitar discrecionalidades, demoras o condicionamientos políticos. La idea de transferencias automáticas y diarias, sin pasar por el Tesoro provincial, vuelve a cobrar fuerza en este debate.
Un debate que expone tensiones dentro del oficialismo
Más allá de los aspectos técnicos, la futura Ley de Coparticipación ya revela fisuras políticas. Intendentes radicales y de otros espacios que integran Unidos reconocen en privado que la situación financiera es cada vez más delicada. Salarios, servicios básicos y obras mínimas dependen, en muchos casos, de giros provinciales que no siempre llegan a tiempo ni en la magnitud necesaria.
El equipo económico provincial, encabezado por Pablo Olivares, ya comenzó a trabajar sobre el tema con una lógica de gradualismo, que implicaría transferir más recursos a los municipios a lo largo de varios mandatos. Esa mirada, sin embargo, choca con la urgencia que plantean los gobiernos locales.
El verdadero examen del federalismo santafesino
La Ley de Coparticipación vigente en Santa Fe data de 1975. En cincuenta años, los municipios cambiaron, crecieron y asumieron funciones que antes no tenían. La nueva Constitución reconoció esa realidad. Ahora falta el paso más difícil: ponerle recursos a la autonomía.
El debate que se avecina no será menor. Definirá el equilibrio entre Provincia y municipios, la viabilidad financiera de los gobiernos locales y el legado institucional de la gestión Pullaro.
Como resumió un jefe comunal con crudeza: “La autonomía no se declama, se financia”. En 2026, esa frase empezará a ponerse a prueba.
