La Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura provincial definió el cronograma para tratar los pliegos de renovación de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Audiencia pública, entrevistas y eventual votación ya tienen fecha. Sin embargo, el proceso avanza envuelto en una desprolijidad institucional difícil de justificar, que fue advertida formalmente por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y que expone una contradicción central: hoy, en términos jurídicos, solo existe una vacante efectiva en el máximo tribunal.
El calendario legislativo corre como si hubiera tres lugares disponibles, pero los hechos no acompañan esa premisa.
Un dato clave que incomoda: una sola vacante real
El Poder Ejecutivo envió tres pliegos para cubrir cargos en la Corte Suprema provincial. El fundamento político es conocido: un recambio que el propio oficialismo da por descontado este año. Sin embargo, el dato jurídico es otro.
De los tres ministros de la Corte que públicamente anunciaron su retiro durante 2026, solo uno presentó formalmente su renuncia o pedido de jubilación. Los otros dos, hasta el día de hoy, no lo hicieron. Tampoco existe un decreto del gobernador que disponga su jubilación de oficio, una facultad que el Ejecutivo podría ejercer, pero que aún no utilizó.
En consecuencia, al momento de iniciarse el proceso legislativo, solo hay un cargo vacante, no tres. El resto son vacancias futuras, hipotéticas o políticas, pero no jurídicas.
Ese es el corazón del problema.
El planteo institucional del Colegio de Magistrados
Esa inconsistencia fue señalada de manera explícita por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe, que presentó una nota formal dirigida a la presidenta de la Comisión de Acuerdos, advirtiendo sobre la irregularidad del procedimiento.
En el documento, firmado por su presidente Ivan D. Kvasina y vicepresidente Cristian O. Werlen, el Colegio remarca que:
“A la fecha solo existe una única renuncia presentada por parte de un Ministro de la Corte provincial”,
y que dos de los cargos para los que se remitieron pliegos no se encuentran en situación jurídica de vacancia actual ni programada.
El texto no discute la idoneidad de los candidatos ni cuestiona la potestad política del Ejecutivo para impulsar una renovación. Lo que impugna es el modo: avanzar con designaciones sobre cargos que todavía están ocupados.
Además, el Colegio recuerda que el proceso involucra al máximo órgano jurisdiccional de la provincia y, por lo tanto, debe estar “rodeado de la mayor rigurosidad en cuanto al cumplimiento de los recaudos legales y constitucionales”.
No es un detalle menor ni una observación técnica: es una advertencia institucional.
Audiencias, entrevistas y una votación anticipada
Pese a estas objeciones, la Comisión Bicameral avanzó y fijó fechas concretas: Recepción de impugnaciones hasta el 18 de febrero. Audiencia pública el 25 de febrero. Entrevistas personales a los postulantes ese mismo día. Asamblea Legislativa para votar los pliegos el 26 de febrero o, eventualmente, el 5 de marzo.
El esquema trata a los tres pliegos como si respondieran a tres vacantes existentes, cuando en los hechos dos de ellas todavía no lo son.
Aquí aparece una pregunta inevitable: ¿Por qué apurar un proceso que podría hacerse de manera ordenada, sin objeciones formales y con las vacancias consolidadas?
El argumento político no alcanza para tapar la desprolijidad
Desde el oficialismo, algunos ensayan una respuesta conocida: el gobernador puede jubilar a los ministros por decreto y las vacantes se producirán igual. Es cierto. Pero no ocurrió.
El problema no es lo que podría pasar, sino lo que pasa hoy. El derecho administrativo y constitucional no se construye sobre supuestos, sino sobre actos concretos.
Incluso aceptando que esas jubilaciones se formalicen más adelante, el procedimiento elegido abre escenarios absurdos e inéditos: ¿qué ocurre si uno de los postulantes no puede asumir?; ¿qué pasa si el recambio no se concreta en los tiempos previstos? y ¿qué respaldo institucional tiene una designación votada antes de que exista el cargo?.
Son preguntas básicas que cualquier proceso serio debería evitar.
Paridad de género y otro frente abierto
A la desprolijidad de las vacancias se suma otro cuestionamiento institucional. La Red Mujeres para la Justicia presentó una nota reclamando el cumplimiento del principio de paridad de género previsto en la Constitución provincial.
El planteo no apunta a los antecedentes de los candidatos, sino a la integración futura de la Corte: dos varones y una mujer no garantizarían, según el escrito, el cumplimiento del mandato constitucional.
Otro elemento que refuerza la idea de un proceso apresurado y mal diseñado.
¿Por qué apurar si los votos están garantizados?
Tal vez el dato más difícil de explicar sea este: el oficialismo no necesita apurarse. Tiene mayoría legislativa. Puede esperar las renuncias formales, ordenar el proceso, despejar objeciones y votar con tranquilidad cuando las vacantes estén efectivamente abiertas.
Si la votación se hace ahora o en diciembre, el resultado político será el mismo. Lo único que cambia es la calidad institucional del procedimiento.
Avanzar sobre cargos que no están vacantes no fortalece al Poder Judicial ni al sistema democrático. Por el contrario, deja la sensación de una mala praxis política innecesaria, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo.
Una señal preocupante
La renovación de la Corte Suprema debería ser uno de los procesos más cuidados del sistema institucional santafesino. No por los nombres, sino por las formas.
Cuando el propio Colegio de Magistrados advierte desprolijidad, cuando las vacancias no existen y cuando la Legislatura avanza igual, la señal que se envía no es de fortaleza institucional, sino de apuro político.
Y en la Justicia, como en la política, las formas importan tanto como las decisiones.
