En una nueva escalada del conflicto con el sector educativo, el gobernador Maximiliano Pullaro pidió públicamente a los padres que el lunes lleven a sus hijos a las escuelas, pese al paro docente convocado para el inicio del ciclo lectivo. La declaración no solo profundizó la ruptura con los trabajadores de la educación, sino que abrió un frente de tensión política y social que atraviesa a toda la provincia.
“El lunes las clases van a empezar, van a estar todas las escuelas abiertas”, afirmó el mandatario, al tiempo que insistió en que la propuesta salarial presentada por la provincia es “una de las mejores del país”.
Sin embargo, el escenario real anticipa un vacío significativo en los establecimientos educativos. Amsafe y Sadop ratificaron su adhesión a la medida de fuerza convocada por Ctera, tras rechazar la oferta salarial del Ejecutivo. La adhesión, según estimaciones sindicales, podría alcanzar niveles históricos.
El pedido a los padres y la reacción docente
El mensaje del gobernador no pasó inadvertido. Al convocar directamente a las familias a enviar a sus hijos a las escuelas en medio de un paro, sectores docentes interpretaron la declaración como un intento de colocar a los alumnos en el centro del conflicto y de tensionar el vínculo entre padres y maestros.
El malestar no es nuevo. En las últimas semanas, los docentes salieron a las calles en distintas ciudades de la provincia reclamando por recomposición salarial y condiciones laborales. Las movilizaciones se replicaron en Rosario, Santa Fe capital y otras localidades, consolidando un clima de protesta extendido.
Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es garantizar el servicio educativo. Desde el sector docente, en cambio, entienden que el planteo expone una falta de empatía frente a un reclamo que consideran legítimo.
Descuentos, decreto y presión institucional
En paralelo a las declaraciones del gobernador, el ministro de Educación, José Goity, confirmó que se descontará el día a quienes adhieran a la huelga.
La decisión se produce en un contexto sensible. El Ejecutivo ya adelantó que aplicará por decreto el aumento salarial ofrecido, aun sin acuerdo con los gremios docentes. La medida busca formalizar el incremento, pero no desactiva el conflicto.
Desde distintos establecimientos también trascendió que directivos recibieron comunicaciones instándolos a garantizar la apertura de las escuelas. En el ámbito docente se interpretó como una amenaza adicional en un escenario ya tenso.
El contraste con otros conflictos sectoriales también fue señalado en ámbitos sindicales, donde recuerdan que en la reciente crisis policial no se aplicaron descuentos similares.
La oferta oficial y el rechazo gremial
El gobierno provincial sostiene que el incremento del 12,5% hasta junio, acompañado por una recomposición del 3% correspondiente al segundo semestre del año anterior, representa un esfuerzo significativo en un contexto económico adverso.
Pullaro defendió públicamente los números: “Un docente que trabaje 25 horas por semana va a ganar 1.200.000 pesos más 100.000 por formación. Y si no tiene ninguna falta en el mes va a ganar 1.400.000 pesos”, afirmó.
Los gremios cuestionan esa construcción salarial. Argumentan que la cifra incluye adicionales condicionados —como la asistencia perfecta— y que el salario básico efectivo se ubica por debajo de la canasta básica total.
Además, remarcan que los suplementos no remunerativos no impactan en el aguinaldo ni en la jubilación, lo que, según su mirada, deteriora el ingreso a mediano plazo.
Un paro que puede marcar un punto de inflexión
El próximo lunes 2 de marzo no será un día más en el calendario educativo santafesino. El paro convocado coincide con el inicio del ciclo lectivo y podría exhibir una adhesión masiva.
Más allá de la discusión estrictamente salarial, el conflicto refleja un quiebre en la relación política entre el Ejecutivo provincial y una porción significativa del sector educativo.
El llamado del gobernador a las familias y la decisión de descontar el día profundizan la confrontación. Del otro lado, los docentes sostienen que no se trata solo de números, sino de condiciones de trabajo y reconocimiento.
La provincia se encamina así a una jornada que no solo pondrá a prueba la capacidad de convocatoria gremial, sino también la estrategia política del Gobierno frente a uno de los sectores más sensibles del Estado.
La educación vuelve a quedar en el centro del debate. Y el resultado del lunes tendrá inevitablemente impacto más allá de las aulas.
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