Por Gonzalo Macco*
Como todos sabemos, durante décadas, los partidos políticos fueron concebidos como organizaciones cuya razón de ser era ganar elecciones. Su energía provenía de la militancia, del contacto directo con los ciudadanos y de la competencia por representar intereses sociales. La política era, ante todo, una disputa por mayorías.
Sin embargo, podemos ver que en la Argentina actual parece estar ocurriendo algo distinto. Cada vez más estructuras partidarias actúan como si la victoria electoral fuera apenas una variable dentro de un sistema que garantiza su supervivencia incluso cuando pierden.
La pregunta seria: ¿para qué ganar elecciones si el propio sistema político asegura recursos, visibilidad y cargos aun sin conquistar mayorías?
A mediados de los años noventa, los politólogos Richard Katz y Peter Mair diseñaron un concepto que hoy resulta indispensable para comprender este fenómeno: el “partido cártel”.
Su tesis era provocadora: cuando los partidos tradicionales comenzaron a perder conexión con la sociedad, en lugar de reinventarse o reconstruir sus vínculos con los ciudadanos optaron por reforzar su dependencia del Estado. Como si se tratara de empresas que pactan entre sí para evitar la competencia, las estructuras partidarias comenzaron a cooperar implícitamente para preservar su lugar dentro del sistema político. En ese esquema, el objetivo deja de ser necesariamente representar mejor a la sociedad o conquistar nuevas mayorías. La prioridad pasa a ser garantizar la continuidad de la organización.
Argentina ofrece un terreno particularmente apto para este fenómeno. Con el paso del tiempo, la política fue desplazando su centro de gravedad desde la representación social hacia la administración de recursos públicos. Dicho de otro modo, el esfuerzo por construir vínculos con la sociedad perdio centralidad frente a la necesidad de asegurar posiciones dentro de la estructura estatal.
En ese contexto, muchos partidos dejaron de ser organizaciones militantes y espacios de construcción de ideas para transformarse en estructuras electorales cada vez más cerradas sobre sí mismas. El problema aparece después de las elecciones: candidatos que no logran el respaldo de las urnas encuentran en el propio Estado su lugar de refugio. Así, la administración pública termina funcionando como una suerte de sistema de contención política, donde se reubican dirigentes que no necesariamente cuentan con la formación o la experiencia que la gestión pública requiere.
El resultado es una política cada vez más previsible y menos movilizadora: discursos cuidadosamente calculados, candidatos que evitan riesgos y campañas que buscan administrar expectativas antes que despertar entusiasmo.
Desde la perspectiva de la gestión pública, este proceso tiene consecuencias profundas. Cuando los partidos se convierten en burocracia, el Estado corre el riesgo de transformarse en un espacio donde se administran equilibrios internos antes que en una herramienta para resolver problemas colectivos que la sociedad demanda.
Los cargos públicos, en lugar de ocuparse con criterios de idoneidad o profesionalización, terminan funcionando como moneda de cambio dentro de una lógica partidaria que necesita sostener estructuras, recompensar lealtades o contener derrotas electorales.
Pero quizás la consecuencia más visible de este proceso sea una mas grave: cuando los partidos tradicionales reducen su ambición electoral y su capacidad de representación, dejan un vacío que inevitablemente alguien termina ocupando. En los últimos años, ese espacio fue aprovechado por dirigentes que se presentan como “outsiders”, figuras que construyen su legitimidad precisamente en oposición a las estructuras partidarias existentes. Y esta situacion no es casual, cuando la política se percibe como un sistema cerrado que administra privilegios, la sociedad comienza a mirar hacia afuera en busca de alternativas.
Y cuando eso ocurre, la pregunta vuelve a aparecer, incómoda pero inevitable: si los partidos ya no parecen interesados en ganar elecciones, ¿quién está compitiendo realmente por representar a los ciudadanos?
