La diputada provincial Lionella Cattalini presentó un pedido formal ante el Consejo de la Magistratura de la Nación Argentina para que se disponga la suspensión del juez federal Gastón Alberto Salmain, titular del Juzgado Federal N.º 1 de Rosario, quien se encuentra procesado en una investigación por presuntos delitos de corrupción.
La legisladora sostuvo que la continuidad del magistrado en funciones resulta incompatible con el avance de la causa judicial en la que está involucrado y advirtió sobre el impacto institucional que genera la permanencia de un juez procesado mientras se desarrolla la investigación penal.
El pedido se inscribe en el marco de la denominada causa Attila, expediente en el que Salmain está acusado de presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, asociación ilícita, cohecho pasivo agravado y prevaricato.
Un pedido para preservar la confianza institucional
En su presentación ante el Consejo de la Magistratura, Cattalini expresó su preocupación por la situación institucional que genera el caso y planteó que la suspensión preventiva del magistrado es una medida necesaria para resguardar la credibilidad del sistema judicial.
“No puede seguir tomando decisiones un juez que está procesado por hechos de corrupción de esta gravedad. La confianza pública en la justicia exige respuestas institucionales claras y oportunas”, señaló la legisladora.
Según argumentó, la permanencia del magistrado al frente de un juzgado federal mientras enfrenta un proceso penal puede afectar la percepción pública sobre la independencia y transparencia del Poder Judicial.
La investigación judicial en curso
De acuerdo con la investigación judicial, Salmain habría dictado resoluciones que permitieron a una financiera acceder a aproximadamente 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial durante la vigencia del cepo cambiario, lo que posteriormente habría facilitado la transferencia de esos fondos al exterior.
En el marco de la causa, el juez federal Román Lanzón autorizó recientemente el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de Salmain por un período de noventa días.
La medida fue solicitada por el fiscal Federico Reynares Solari, con el objetivo de analizar posibles irregularidades patrimoniales vinculadas al presunto direccionamiento de causas previsionales.
Antecedentes disciplinarios previos
En su presentación, Cattalini también recordó que el magistrado habría accedido al cargo de juez federal sin informar un antecedente disciplinario previo dentro del Poder Judicial.
Según explicó, cuando se desempeñaba como agente judicial fue cesanteado por una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, luego de un sumario administrativo iniciado por intentar sobornar a una empleada para manipular el sistema informático de la Cámara Federal de la Seguridad Social.
“Estamos hablando de antecedentes extremadamente graves que debieron haber sido informados en su momento. La transparencia en el acceso y el ejercicio de la magistratura es una condición básica para la credibilidad del sistema judicial”, afirmó la legisladora.
Un planteo con impacto institucional
La diputada sostuvo que la situación adquiere particular relevancia en el contexto de Santa Fe, una provincia que en los últimos años ha atravesado distintos episodios vinculados a investigaciones por corrupción que involucraron a funcionarios judiciales.
En ese sentido, el pedido presentado ante el Consejo de la Magistratura busca que se disponga la suspensión preventiva del magistrado mientras avanzan las investigaciones, con el objetivo de resguardar la integridad institucional del Poder Judicial.
“Necesitamos jueces que estén a la altura de la responsabilidad institucional que el cargo exige”, concluyó Cattalini, al tiempo que reclamó una respuesta institucional que permita preservar la confianza pública en la administración de justicia.
