Cada tanto reaparece en Santa Fe la propuesta de reducir la cantidad de legisladores o avanzar hacia una Legislatura unicameral bajo argumentos de austeridad y eficiencia. Sin embargo, la experiencia de Córdoba, que cumple 25 años con una sola Cámara, volvió a ser objeto de análisis sobre sus resultados, costos, representación y calidad legislativa. Al mismo tiempo, un informe nacional sobre presupuestos parlamentarios muestra una realidad más compleja: Santa Fe tiene un elevado costo por banca, aunque presenta una de las menores proporciones de gasto legislativo destinada a personal. Con la bicameralidad ratificada por la reforma constitucional de 2025, el interrogante puede pasar por otro lugar: no cuántos legisladores existen, sino cuánto y qué discuten, qué capacidad tienen para controlar al Ejecutivo y qué calidad tienen las leyes que producen.
Cada cierto tiempo la política santafesina vuelve sobre una discusión conocida: si la Provincia necesita dos cámaras legislativas, si debería reducir la cantidad de representantes o si una estructura más pequeña permitiría gastar menos y sancionar leyes con mayor rapidez.
La reforma constitucional de 2025 terminó, al menos institucionalmente, con buena parte de esa discusión. Santa Fe conservó su sistema bicameral y mantuvo una Cámara de Senadores basada en la representación territorial de los 19 departamentos. Al mismo tiempo, modificó el sistema de integración de Diputados para establecer la representación proporcional de sus 50 bancas, eliminando para las próximas elecciones el esquema anterior que garantizaba 28 lugares a la fuerza que obtenía más votos. La Ley de Necesidad de la Reforma ya había habilitado expresamente ese cambio hacia un sistema proporcional.
El resultado mantiene dos lógicas diferentes dentro de la Legislatura: una cámara política determinada por la representación proporcional de los votos en toda la provincia y otra territorial, donde cada uno de los 19 departamentos elige un senador.
Precisamente allí aparece uno de los principales argumentos históricos a favor de la bicameralidad santafesina: el equilibrio territorial.
Puede discutirse si Rosario, con su población y peso económico, debería tener la misma representación en el Senado que departamentos considerablemente menos poblados. Esa es una discusión válida sobre el diseño institucional. Pero la lógica vigente busca que cada territorio tenga una voz propia independientemente de su cantidad de habitantes.
En las últimas semanas, además, aparecieron dos elementos que permiten revisar desde otra perspectiva aquella recurrente discusión sobre achicar la Legislatura: qué ocurrió en Córdoba después de 25 años de unicameralidad y qué dicen realmente los números sobre el costo de los poderes legislativos provinciales.
Córdoba, 25 años después
Córdoba decidió abandonar la bicameralidad con la reforma constitucional de 2001. Hasta entonces tenía 66 diputados y 67 senadores: 133 legisladores. Con la reforma pasó a una sola cámara integrada por 70 representantes. Santa Fe, actualmente, tiene 69 entre sus 50 diputados y 19 senadores.
El aniversario generó este mes una instancia institucional de reflexión en la propia Legislatura cordobesa. Juristas, académicos, convencionales constituyentes y legisladores analizaron los alcances y desafíos del modelo después de un cuarto de siglo. Entre los temas abordados estuvieron la representación política, la relación entre representación departamental y proporcional y la dinámica del tratamiento de las leyes.
Eso no significa que Córdoba esté a punto de regresar a la bicameralidad. No existe actualmente una decisión institucional en ese sentido y dentro de la política cordobesa también hay sectores que continúan defendiendo el modelo por su agilidad y austeridad. Pero el aniversario sí reabrió una evaluación sobre aquello que funcionó y aquello que no cumplió todas las expectativas originales.
Una de las discusiones tiene que ver con la calidad legislativa.
Quienes defienden la existencia de dos cámaras sostienen que la revisión de un proyecto permite corregir errores, incorporar modificaciones y someter una norma a dos composiciones políticas diferentes antes de convertirla definitivamente en ley. El material periodístico aportado para esta nota resume ese argumento señalando que la existencia de una cámara revisora ofrece una segunda instancia de lectura y discusión.
La unicameralidad tiene como contrapartida potencial una mayor velocidad en el tratamiento legislativo y una estructura institucional más concentrada.
No existe, por lo tanto, una fórmula matemática que permita concluir que una sola cámara produce necesariamente mejores o peores leyes. Pero la experiencia cordobesa muestra que eliminar una cámara tampoco termina automáticamente con las discusiones sobre costos, funcionamiento y calidad institucional.
Dos cámaras no significan necesariamente el doble de gasto
Uno de los argumentos más utilizados cuando se propone reducir estructuras legislativas es económico. La ecuación parece sencilla: menos cámaras y menos legisladores deberían significar necesariamente mucho menos gasto.
La comparación entre Córdoba y Santa Fe obliga, sin embargo, a precisar qué indicador se utiliza.
El análisis sobre los 25 años del modelo cordobés señala que, cuando se compara cuánto representa cada Poder Legislativo dentro del presupuesto total de su provincia, la diferencia entre Córdoba y Santa Fe es de unas pocas décimas. Bajo ese indicador, eliminar una cámara no significó reducir a la mitad el peso presupuestario de la Legislatura cordobesa. Pero existe otra medición que arroja un resultado bastante diferente.
Un informe de Fundación Libertad que compara el presupuesto legislativo con la cantidad de representantes ubica a Santa Fe entre las jurisdicciones con mayor costo anual por banca. Según los datos incluidos en el estudio aportado, Tucumán encabeza la medición con $3.725 millones por legislador, seguida por CABA con $3.402 millones y Chaco con $3.057 millones. Santa Fe aparece después, con $2.780 millones por representante.
En las cuatro provincias de mayor peso económico y demográfico analizadas, las diferencias son importantes. Buenos Aires registra $2.746 millones anuales por banca; Santa Fe, $2.780 millones; Córdoba, $787 millones; y Mendoza, $471 millones. Según ese indicador, el costo por representante cordobés es aproximadamente 3,5 veces menor que el santafesino.
Por eso sería incorrecto afirmar simplemente que Santa Fe posee una Legislatura barata. Depende de qué se esté midiendo. Como porcentaje del presupuesto provincial, la comparación con Córdoba presenta una distancia mucho menor. En costo individual por banca, en cambio, Santa Fe aparece entre las jurisdicciones más caras del relevamiento.
Un dato donde Santa Fe sí aparece entre las de menor gasto
Hay otra variable que cambia nuevamente la fotografía.
Fundación Libertad determinó que, en promedio, el 84% de los presupuestos legislativos provinciales relevados se destina a personal, incluyendo legisladores, secretarios, asesores y empleados permanentes y transitorios.
Santa Fe aparece en el extremo inferior de ese indicador: destina el 64,6% de su presupuesto legislativo a personal. San Luis registra 72,9% y CABA 73,2%. En el otro extremo, Río Negro llega al 95%, Formosa al 94,2% y Mendoza y Santa Cruz al 94%.
Los números vuelven a demostrar que la discusión sobre cuánto “cuesta la política” difícilmente pueda reducirse a contar bancas.
El propio informe muestra diferencias enormes entre provincias con cantidades similares de legisladores. Tucumán, con 49 representantes, registra un costo por banca seis veces superior al de Jujuy, que tiene 48. Catamarca, con 57, tiene un costo siete veces mayor al de San Luis, que cuenta con 52.
La cantidad de legisladores, entonces, es solamente una variable dentro de estructuras presupuestarias mucho más complejas.
Santa Fe eligió mantener la representación territorial
La reforma constitucional santafesina pudo haber modificado radicalmente la estructura legislativa, pero mantuvo la bicameralidad.
La Provincia conserva así un Senado con un representante por cada departamento y una Cámara de Diputados integrada por 50 miembros. La reforma cambió, en cambio, el mecanismo electoral de Diputados hacia la representación proporcional, uno de los puntos expresamente habilitados por la Ley 14.384.
Hasta ahora, la Constitución de 1962 garantizaba 28 diputados al partido que obtuviera la mayor cantidad de votos y distribuía los 22 restantes proporcionalmente entre las otras fuerzas.
La modificación busca que la composición futura de Diputados refleje de manera más proporcional el resultado electoral. El Senado conserva otra naturaleza: representar territorios.
Allí conviven departamentos con enormes diferencias demográficas. Rosario y La Capital tienen un senador cada uno, al igual que departamentos mucho menos poblados.
Puede cuestionarse esa igualdad desde una perspectiva estrictamente poblacional. Pero también puede defenderse como un mecanismo para impedir que las regiones con mayor concentración demográfica absorban toda la representación política provincial. Ese es, en definitiva, uno de los fundamentos del federalismo interno.
El verdadero debate puede estar en otro lugar
La comparación con Córdoba y los números presupuestarios permiten correr la discusión de una simplificación habitual. El problema de una Legislatura no necesariamente se resuelve eliminando legisladores.
Tampoco la existencia de dos cámaras garantiza por sí misma mejores leyes, controles efectivos o independencia frente al Poder Ejecutivo.
Una Legislatura bicameral puede ofrecer mayores instancias de revisión y representación territorial y, al mismo tiempo, funcionar con una mayoría oficialista que limite la agenda opositora. Una Legislatura unicameral puede ser más ágil y menos costosa bajo determinados indicadores y, al mismo tiempo, concentrar en una sola instancia todo el proceso de sanción.
Por eso hay una pregunta institucional más importante que contar bancas: qué hacen quienes ocupan esas bancas.
Legisladores opositores santafesinos vienen cuestionando el tratamiento que reciben sus proyectos y pedidos de informes y describen a las cámaras, en términos políticos, como una “escribanía” del Ejecutivo. Esa caracterización pertenece a la oposición y no constituye por sí misma una descripción objetiva del funcionamiento legislativo. Pero plantea una discusión verificable: cuántos proyectos opositores llegan efectivamente al recinto, cuántos pedidos de informes reciben respuesta y cuánto espacio existe para iniciativas que no nacen en la Casa Gris.
Allí aparece probablemente uno de los debates institucionales que Santa Fe debería profundizar después de su reforma constitucional. No solamente cuánto cuesta la Legislatura. No solamente si tiene 69, 60 o 50 integrantes. No solamente si funciona con una o dos cámaras. Sino si existe un Poder Legislativo capaz de discutir políticas públicas, revisar proyectos, modificar iniciativas del Ejecutivo, controlar al Gobierno y generar sus propias agendas.
La bicameralidad santafesina sobrevivió a la reforma constitucional. Córdoba, después de 25 años con una sola cámara, está aprovechando el aniversario para revisar los alcances y desafíos de su propia experiencia, sin que ello implique que haya decidido abandonarla. Y los números muestran que tampoco existe una relación automática entre cantidad de cámaras, número de representantes y costo legislativo.
Quizás allí esté el punto que suele perderse cuando la discusión se reduce a “achicar la política”.
Santa Fe ya decidió cuántas cámaras quiere tener. El desafío que permanece abierto es conseguir que esas dos cámaras discutan, controlen y legislen con una agenda que no dependa exclusivamente de las prioridades del gobierno de turno.
