Después de los graves incidentes ocurridos en el Parque Independencia, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, defendió la facultad de los efectivos para perseguir sospechosos e ingresar al predio rojinegro, aunque aseguró que investigarán posibles excesos individuales. Newell’s, mientras tanto, abrió un registro para reunir testimonios, denuncias y material audiovisual de socios y damnificados por el accionar policial. El episodio suma además dos discusiones políticas: ocurre mientras el Gobierno de Maximiliano Pullaro impulsa mayores herramientas legales para las fuerzas de seguridad y, puertas adentro del club, surgieron cuestionamientos a la respuesta pública de Ignacio Boero.
Dos días después de que las instalaciones del Club Atlético Newell’s Old Boys se transformaran en escenario de corridas, golpes, disparos con postas de goma y socios intentando ponerse a resguardo de un operativo policial que avanzó por diferentes sectores internos de la institución, el Gobierno de Santa Fe fijó una posición política mucho más clara sobre lo sucedido.
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, defendió la facultad de la Policía para perseguir a quienes presuntamente habían participado de los incidentes e ingresar al predio rojinegro. No desconoció que puedan haber existido excesos y aseguró que las actuaciones individuales serán investigadas, pero separó esas posibles responsabilidades del criterio general utilizado durante el procedimiento: para el funcionario, la fuerza estaba habilitada para continuar una persecución dentro de las dependencias del club.
“Entrar a dependencias de un club no es asimilable al allanamiento de una morada privada”, sostuvo Cococcioni. Según explicó, una institución deportiva no posee la misma protección jurídica que una vivienda particular y, cuando la Policía persigue a una persona sospechada de haber cometido un ilícito, tiene la facultad y el deber de continuar esa persecución, incluso ingresando a una propiedad privada.
La declaración resulta políticamente relevante porque la discusión deja de limitarse a determinar si un agente determinado disparó cuando no debía, golpeó a una persona que ya estaba reducida o se excedió en el uso de la fuerza. El propio responsable político del Ministerio de Justicia y Seguridad respaldó el criterio que permitió el ingreso al club, aunque dejó abierta la investigación sobre lo que hicieron los policías una vez adentro.
Cococcioni defendió el ingreso
El posicionamiento del ministro tuvo dos partes que necesariamente deben analizarse juntas. Por un lado, Cococcioni aseguró que el Gobierno provincial realiza un “profundo análisis y monitoreo” de todo lo sucedido para establecer eventuales responsabilidades y prometió que aquellos efectivos que hayan cometido faltas o excesos serán sancionados. Por otro, cuestionó algunas de las críticas formuladas durante las últimas horas y calificó ciertas declaraciones como “poco ilustradas sobre la temática”.
El argumento central del Gobierno es que los acontecimientos no comenzaron con el ingreso policial a Newell’s. Durante la noche del martes hubo piedrazos contra vehículos en los que circulaban simpatizantes de Rosario Central después de los festejos en el Monumento a la Bandera. Una mujer resultó herida y también se registraron daños. Cococcioni fue terminante sobre ese punto: “No se puede salir y tirar piedras a la gente”.
Quienes hayan participado de esas agresiones deberán ser identificados y responder ante la Justicia. Pero reconocer ese punto no agota la discusión sobre lo ocurrido posteriormente. La pregunta que permanece abierta es si la respuesta policial mantuvo la proporcionalidad necesaria y, fundamentalmente, qué ocurrió cuando la persecución dejó la vía pública e ingresó a una institución donde continuaban desarrollándose actividades deportivas, recreativas y familiares.
Las numerosas imágenes que circularon desde aquella noche mostraron efectivos utilizando escopetas con postas de goma, golpes, corridas y policías avanzando por diferentes sectores internos. También aparecieron registros en los que se observa a integrantes de la fuerza arrojando objetos desde el exterior hacia el interior de la institución. A eso se sumaron testimonios de socios que denunciaron haber sido alcanzados por el procedimiento sin haber participado de los enfrentamientos.
La cuestión, entonces, no puede reducirse a una falsa disyuntiva entre defender a quienes arrojaron piedras o respaldar cualquier actuación posterior de la Policía. Son responsabilidades diferentes. Investigar a quienes iniciaron las agresiones no impide investigar si existieron excesos policiales, de la misma manera que un eventual abuso de la fuerza no elimina la responsabilidad penal de quienes protagonizaron los incidentes iniciales.
Newell’s salió a buscar testimonios y pruebas entre sus propios socios
Mientras Cococcioni defendió públicamente la potestad de la fuerza para ingresar al club, Newell’s avanzó por otro camino. La Comisión Directiva abrió un registro de testimonios y denuncias destinado a todas las personas que hayan sido afectadas directa o indirectamente por el operativo y también a quienes simplemente hayan presenciado lo sucedido mientras participaban de actividades dentro de la institución.
La convocatoria comprende a socios, deportistas, familias, trabajadores y demás testigos que puedan aportar su relato, fotografías, videos u otro tipo de documentación. Quienes quieran hacerlo pueden presentarse en las oficinas de Administración de la sede del Parque Independencia.
El objetivo expresado por Newell’s es “consolidar la prueba” que el club presentará institucionalmente ante la Fiscalía Regional para exigir el esclarecimiento de los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. La institución reafirmó además su compromiso con “la defensa de la familia leprosa”, la seguridad y la integridad de su comunidad.
La decisión es importante porque permite trasladar al expediente judicial buena parte de lo que hasta ahora circuló principalmente por las redes sociales. Cada testimonio podrá ayudar a reconstruir qué ocurrió aquella noche, dónde se encontraba cada persona cuando comenzó el procedimiento, hasta qué sectores ingresaron los efectivos y qué sucedió mientras avanzaban dentro del predio.
Ya no se tratará solamente de videos aislados. Newell’s busca construir una presentación institucional con los relatos de quienes estaban cenando en los parrilleros, practicando deportes, trabajando, ingresando o saliendo del club y de los juveniles que se encontraban en la pensión. Ese material será determinante para establecer si la persecución de quienes supuestamente habían cometido delitos terminó transformándose en un operativo indiscriminado sobre personas completamente ajenas a los hechos.
Más herramientas para la misma Policía
Lo ocurrido adquiere una dimensión política adicional por el momento en el que se produce. Desde que asumió el Gobierno provincial, Maximiliano Pullaro convirtió la seguridad en uno de los ejes centrales de su administración y promovió distintas reformas destinadas a ampliar las herramientas legales y operativas disponibles para combatir el delito.
El propio Cococcioni definió públicamente a la administración santafesina como una gestión “pro policía”, mientras que el Ejecutivo continuó enviando a la Legislatura iniciativas vinculadas con nuevas facultades de investigación, modificaciones procesales y herramientas para las fuerzas de seguridad.
Nada de eso significa que las leyes impulsadas por el Gobierno hayan provocado lo sucedido en Newell’s ni corresponde establecer una relación causal que no existe. Pero los acontecimientos del Parque Independencia introducen una discusión que el oficialismo no puede separar del debate legislativo: si se pretende otorgar mayores capacidades de intervención a la Policía, también resulta necesario discutir cuáles serán los controles que acompañarán esas atribuciones.
Porque una fuerza con mayores herramientas necesariamente debe tener también mayores mecanismos de rendición de cuentas. Y el caso Newell’s ofrece una escena concreta para ese debate. La misma Policía a la que el Gobierno busca fortalecer institucionalmente quedó ahora bajo investigación después de un procedimiento en el que efectivos armados terminaron dentro de una institución privada donde había personas que no participaban de los disturbios.
La discusión no debería plantearse como una elección entre seguridad y control. Ambas cuestiones deberían avanzar juntas. La Policía necesita instrumentos para perseguir delitos y proteger a la población, pero también protocolos claros, conducción política, capacitación y mecanismos capaces de determinar rápidamente responsabilidades cuando existen indicios de abusos.
Ese es precisamente uno de los puntos que deja abierto el episodio: Cococcioni sostiene que la Policía tenía facultades para ingresar, pero será necesario determinar hasta dónde llegaba esa facultad y cómo debía actuar la fuerza una vez dentro de un espacio compartido por sospechosos, socios, familias, deportistas y menores de edad.
El otro conflicto se desarrolla puertas adentro de Newell’s
Pero la crisis no termina en la relación entre Newell’s y el Gobierno provincial. Los acontecimientos también provocaron discusiones dentro de la propia conducción rojinegra.
El presidente Ignacio Boero brindó una conferencia de prensa en la que sostuvo que la violencia había llegado “de afuera hacia adentro”, expresó su solidaridad con los socios y deportistas afectados y anunció que la institución recurrirá a la Justicia para que se determinen las responsabilidades. El club ya había difundido previamente un duro comunicado cuestionando el accionar policial y expresando desconfianza hacia quienes tuvieron responsabilidades en materia de seguridad.
Sin embargo, según información política que circula dentro del ámbito institucional rojinegro, algunos integrantes de la Comisión Directiva consideraron insuficiente la reacción pública del presidente y esperaban un reclamo más contundente frente al Gobierno provincial y las autoridades del Ministerio de Seguridad. El cuestionamiento apunta particularmente a que Boero no reclamó públicamente renuncias ni individualizó responsabilidades políticas por un operativo que terminó dentro de las instalaciones del club.
Dentro de esas conversaciones también apareció la pertenencia política del presidente rojinegro y su relación con Maximiliano Pullaro. Boero tiene trayectoria dentro del radicalismo y el gobernador pertenece al mismo partido. Algunas voces internas interpretan que esa cercanía podría explicar el tono adoptado por el presidente después de los incidentes.
Dentro de Newell’s existen sectores que esperaban una respuesta presidencial más dura frente a las autoridades provinciales y que la discusión sobre cómo debe posicionarse institucionalmente el club quedó abierta después de una noche que afectó directamente a sus socios.
Cococcioni elevó el conflicto de una discusión policial a una discusión política
Las declaraciones del ministro modificaron además la dimensión del episodio. Hasta que habló Cococcioni podía discutirse si el ingreso a Newell’s había sido consecuencia de un desborde operativo, una decisión tomada en medio del caos o una conducta individual de determinados integrantes de la fuerza. Después de sus declaraciones, al menos una parte de esa discusión quedó aclarada: el Gobierno provincial considera que la Policía tenía facultades para perseguir a los sospechosos dentro del club.
La investigación tendrá que reconstruir con precisión toda la secuencia y no solamente detenerse en la discusión abstracta sobre si un policía puede atravesar la puerta de una institución. Habrá que determinar quiénes eran perseguidos, por qué delitos, qué efectivos ingresaron, qué órdenes tenían, hasta dónde avanzaron, qué armas utilizaron y si la fuerza empleada fue proporcional a la situación que pretendían controlar.
También deberá establecerse qué ocurrió con aquellas personas que no tenían ninguna relación con los incidentes iniciales. Porque dentro del club había socios realizando actividades, familias compartiendo una cena, deportistas entrenando y juveniles alojados en la pensión. El derecho de la Policía a perseguir a una persona sospechada de cometer un delito no convierte automáticamente a todas las personas que se encuentran dentro de un mismo espacio en participantes de ese delito. Y allí estará buena parte de la discusión que ahora comenzará a desarrollarse en la Justicia.
Una causa judicial, una discusión política y una crisis institucional
El registro abierto por Newell’s puede convertirse en una herramienta central para reconstruir lo ocurrido. Cada fotografía, video o testimonio permitirá ubicar hechos concretos dentro de una secuencia que hasta ahora fue conocida de manera fragmentada. El club pretende reunir ese material y entregarlo a Fiscalía, mientras las autoridades provinciales analizan la conducta de los agentes involucrados.
Al mismo tiempo, el episodio continuará teniendo consecuencias políticas. El Gobierno deberá explicar cómo compatibiliza su decisión de profundizar las herramientas disponibles para la Policía con la necesidad de controlar los eventuales excesos de esa misma fuerza. Cococcioni ya dejó en claro que el ingreso al club, en determinadas circunstancias, forma parte de las facultades que reconoce a los efectivos. Ahora deberá establecerse si lo que sucedió después se mantuvo dentro de esos límites.
Newell’s, por su parte, tendrá que resolver cómo continuará su relación institucional con las autoridades provinciales mientras avanza una investigación impulsada, entre otros elementos, por pruebas que aportarán sus propios socios. Y su Comisión Directiva deberá procesar internamente las diferencias surgidas respecto de la respuesta que debía ofrecer la conducción encabezada por Ignacio Boero.
Son discusiones diferentes, pero nacieron de la misma noche.
Quienes arrojaron piedras deberán responder si la Justicia determina que cometieron delitos. Los policías que hayan cometido excesos también deberán hacerlo. Y quienes tuvieron responsabilidades en la conducción del operativo deberán explicar por qué una intervención que comenzó en la vía pública terminó avanzando por una institución donde había cientos de personas que desarrollaban su vida cotidiana.
El Gobierno provincial pretende otorgar más herramientas a sus fuerzas de seguridad. Cococcioni sostiene que la Policía estaba facultada para ingresar a Newell’s. El club, mientras tanto, reúne testimonios y pruebas de quienes denuncian haber sufrido violencia policial dentro de sus propias instalaciones.
Es justamente en ese cruce donde aparece la discusión de fondo: cuantas más herramientas tenga una fuerza de seguridad, más importante será determinar cuáles son sus límites, quién controla su utilización y quién asume la responsabilidad política cuando una intervención termina afectando a ciudadanos que no tenían relación con el delito que pretendía perseguirse.
