El exministro de Economía y actual diputado provincial Walter Agosto volvió a cuestionar la información económica que publica el Gobierno de Maximiliano Pullaro. Esta vez, el Interbloque Justicialista presentó dos pedidos de comunicación: uno busca conocer el déficit, los ingresos, los gastos y la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones entre 2024 y 2026; el otro reclama precisiones sobre las viviendas de programas nacionales que quedaron inconclusas en Santa Fe. El planteo previsional adquiere particular relevancia porque desde diciembre de 2023 dejó de difundirse la serie integral que permitía seguir la evolución financiera del sistema, aunque actualmente sí se publican estadísticas mensuales parciales sobre beneficiarios.
Walter Agosto volvió a poner el foco sobre un aspecto que viene marcando en distintas discusiones económicas y presupuestarias de la gestión de Maximiliano Pullaro: la necesidad de contar con información pública suficientemente detallada para poder evaluar las decisiones financieras que toma el Gobierno provincial.
El exministro de Economía durante la administración de Omar Perotti y actual diputado provincial del justicialismo presentó, junto al Interbloque Justicialista, dos proyectos de comunicación dirigidos al Poder Ejecutivo. Uno apunta directamente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe y pretende reconstruir la evolución económica del sistema previsional durante 2024, 2025 y los primeros ocho meses de 2026. El segundo busca establecer qué sucederá con las viviendas correspondientes a programas nacionales que quedaron sin terminar en distintos puntos del territorio provincial después de la paralización de la obra pública dispuesta por el Gobierno nacional.
El primer planteo contiene una discusión especialmente sensible. La Caja publicaba históricamente un informe periódico con información sobre la evolución del sistema previsional y series que se remontaban a 2003. Según explicó Agosto en los fundamentos de su iniciativa, esa modalidad se mantuvo hasta diciembre de 2023 y posteriormente fue reemplazada por publicaciones que no contienen el mismo nivel de detalle necesario para conocer la situación financiera y presupuestaria del organismo.
La precisión es importante: actualmente el portal oficial de la Caja sí publica estadísticas mensuales correspondientes a 2025 y 2026, pero se trata fundamentalmente de información extraída de las liquidaciones de haberes de sus beneficiarios. Lo que reclama Agosto es recuperar el informe integral que permitía observar otras variables determinantes para evaluar la sustentabilidad del régimen.
Y allí aparece la cuestión política de fondo: durante buena parte del período en el que esa información integral dejó de estar disponible, el Gobierno provincial avanzó con una de las reformas previsionales más importantes de los últimos años.
¿Cuál es el déficit real de la Caja después de la reforma previsional?
El pedido presentado en Diputados busca obtener respuestas sobre tres grandes grupos de información. En primer lugar, Agosto quiere conocer cuál fue el déficit mensual de la Caja durante 2024, 2025 y entre enero y agosto de 2026, además de los ingresos y gastos previsionales registrados durante esos períodos y qué porcentaje representa ese rojo sobre el gasto total del Presupuesto provincial.
No se trata de un dato menor. El desequilibrio de la Caja fue uno de los principales argumentos utilizados por el Gobierno de Pullaro para impulsar la emergencia previsional y modificar distintas variables del régimen jubilatorio santafesino. Sin embargo, la ausencia de aquella serie integral dificulta realizar una comparación pública homogénea que permita establecer cómo evolucionó el sistema después de las medidas adoptadas.
El segundo punto solicitado es la denominada tasa de sostenimiento, es decir, la relación entre trabajadores activos que realizan aportes y beneficiarios pasivos que cobran jubilaciones o pensiones. Es uno de los indicadores centrales para analizar la sustentabilidad de cualquier régimen previsional de reparto porque permite observar cuántos aportantes existen por cada beneficiario.
Finalmente, el pedido busca conocer información sobre el funcionamiento administrativo de la propia Caja: cuántas resoluciones se firmaron cada año, cuántos expedientes permanecen en trámite y cuál es actualmente el tiempo promedio que necesita el organismo para resolver una solicitud.
Con esos tres conjuntos de datos —resultado financiero, relación entre activos y pasivos y funcionamiento administrativo— la Legislatura podría contar con una radiografía mucho más completa de lo ocurrido durante los últimos años.
La falta de información integral atravesó la emergencia previsional
El momento elegido por Agosto para reclamar esos números tampoco es casual.
La Legislatura sancionó el 12 de septiembre de 2024 la Ley 14.283, que declaró la emergencia del régimen previsional provincial por dos años, originalmente prorrogable por uno más si persistían las condiciones de falta de sustentabilidad. La norma introdujo, entre otras medidas, aportes solidarios para determinados jubilados y pensionados y cambios en distintos componentes del sistema.
Durante 2026 se produjo además una nueva modificación legislativa: la Ley 14.431 reformó aspectos del régimen previsional y derogó disposiciones de la 14.283, entre ellas el artículo referido a movilidad.
Por eso el planteo del legislador no se limita a reclamar información estadística. Agosto sostiene que conocer los números actualizados permitiría evaluar cuál fue el resultado concreto de las decisiones tomadas desde septiembre de 2024 y cuál es actualmente la situación financiera de la Caja.
La discusión adquiere una dimensión adicional porque las medidas adoptadas tuvieron consecuencias directas sobre trabajadores activos y pasivos. La emergencia estableció aportes extraordinarios para determinados beneficiarios y modificó variables del régimen con el objetivo declarado de mejorar su sustentabilidad.
Si esas decisiones fueron justificadas por la magnitud del desequilibrio previsional, el planteo opositor es que debería existir información pública suficientemente detallada para conocer qué ocurrió con ese desequilibrio después de su aplicación.
Agosto lo ubica además dentro de una cuestión institucional: esos datos son necesarios no solamente para el control legislativo y ciudadano, sino también para el funcionamiento de la Comisión Técnica de Control y Seguimiento creada en el marco de la emergencia previsional.
La transparencia de los números vuelve al centro de la discusión
No es la primera vez que Agosto utiliza su experiencia como exministro de Economía para poner bajo análisis los números provinciales. Durante la discusión del Presupuesto 2026 ya había solicitado precisiones sobre distintas variables fiscales y, específicamente respecto de la Caja, había reclamado conocer la ejecución presupuestaria, los recursos obtenidos mediante el aporte solidario, el incremento de los aportes personales y las gestiones realizadas ante Nación por el financiamiento previsional.
El nuevo pedido profundiza esa línea. Más que discutir solamente una cifra determinada, el planteo apunta a la calidad y profundidad de la información disponible para analizar las cuentas públicas. Y allí conviene distinguir dos cuestiones: existen estadísticas previsionales publicadas por el Gobierno, pero Agosto sostiene que no reemplazan la serie financiera integral que se difundía anteriormente.
Por eso el cuestionamiento político hacia la administración Pullaro no debería formularse como una ausencia absoluta de datos, porque existen publicaciones oficiales actuales, sino como una reducción en el nivel de información disponible sobre variables centrales para medir el desempeño económico del sistema.
El pedido de informes pretende justamente llenar ese vacío. ¿Cuánto déficit tenía la Caja antes de la emergencia? ¿Cómo evolucionó durante 2024 y 2025? ¿Cuál es el resultado en 2026? ¿Cuánto representan actualmente los aportes extraordinarios? ¿Mejoró la relación entre aportantes y beneficiarios? ¿Qué peso tiene el desequilibrio previsional dentro del presupuesto provincial?.
Son preguntas que permitirían medir con números los resultados de una reforma que produjo un fuerte debate político, gremial y social en Santa Fe.
El segundo interrogante: qué pasará con las viviendas que Nación dejó sin terminar
El otro proyecto presentado por el Interbloque Justicialista cambia de área, pero mantiene una lógica similar: pedirle al Ejecutivo provincial información sobre una problemática que involucra recursos públicos y obras inconclusas.
Los legisladores quieren conocer cuántas viviendas correspondientes a programas nacionales como Casa Propia y PROCREAR permanecen actualmente en ejecución o paralizadas dentro de Santa Fe. El pedido exige que se detalle cada programa, su ubicación, la cantidad de unidades involucradas y el porcentaje de avance de las obras.
También solicitan saber qué acciones realizó hasta ahora la Provincia para intentar finalizar esos desarrollos y entregarlos a sus beneficiarios, además de conocer cuáles son las medidas de seguridad implementadas para custodiar estructuras que permanecen sin terminar.
Según explicó Agosto, se trata de planes distribuidos en diferentes localidades santafesinas, aunque con una concentración importante en Rosario y la ciudad de Santa Fe, que habían quedado en ejecución cuando terminó la anterior administración nacional y posteriormente fueron afectados por la paralización de la obra pública decidida por el Gobierno de Javier Milei. El interrogante del justicialismo es qué papel asumirá ahora la Provincia.
El antecedente de la A012 y la pregunta sobre las viviendas
Agosto vinculó ese reclamo con otra decisión reciente: el acuerdo mediante el cual la Provincia avanzó con Nación para asumir responsabilidades sobre la Autovía A012.
El diputado recordó que Santa Fe acordó el traspaso de esa vía por veinte años y planteó que, si existen mecanismos de transferencia entre ambas jurisdicciones para hacerse cargo de infraestructura que Nación deja de sostener, debería analizarse qué posibilidades existen para aplicar una solución semejante a los complejos habitacionales inconclusos.
Por eso el proyecto pregunta específicamente si existen convenios mediante los cuales programas nacionales de vivienda hayan sido transferidos a la Provincia y qué decisiones tomó el Ejecutivo respecto de ellos.
La comparación no implica que una ruta nacional y un programa habitacional tengan el mismo régimen jurídico, financiero o contractual. El planteo político de Agosto es otro: conocer si Santa Fe inició negociaciones con Nación para evitar que las viviendas permanezcan indefinidamente abandonadas.
Para el interbloque justicialista, terminar esas unidades debería transformarse en una política de Estado porque permitiría simultáneamente reactivar actividad económica, recuperar inversiones ya realizadas y ofrecer una respuesta a familias que necesitan acceder a una vivienda.
Dos pedidos y una misma exigencia al Gobierno provincial
Aunque la Caja de Jubilaciones y las viviendas nacionales inconclusas parecen inicialmente asuntos completamente diferentes, los dos proyectos presentados por Agosto tienen un punto común: reclamar información para conocer qué decisiones tomó y qué pretende hacer el Ejecutivo provincial.
En materia previsional, la pregunta es especialmente relevante porque Santa Fe atravesó una reforma profunda argumentada sobre la necesidad de corregir el déficit de la Caja. Dos años después, el justicialismo quiere contar con la serie completa de datos que permita evaluar sus resultados.
En materia habitacional, la incógnita pasa por conocer si el Gobierno de Pullaro pretende intervenir sobre los proyectos que Nación abandonó, si negoció su transferencia y cuánto falta para terminar las viviendas.
El Ejecutivo tendrá ahora la posibilidad de responder esos interrogantes y exponer sus propios números y decisiones.
Pero el reclamo de Agosto vuelve a colocar una cuestión que ya apareció en otros debates económicos de la provincia: no alcanza con discutir si una política fue necesaria o no; para evaluar sus resultados también es indispensable que la información utilizada para justificarla y medirla esté disponible de manera completa, comparable y accesible.
En el caso de la Caja, esa necesidad es todavía mayor. Santa Fe pidió esfuerzos adicionales a trabajadores y jubilados para afrontar una emergencia previsional. El interrogante que plantea ahora el exministro de Economía es concreto: después de esos cambios, ¿cuál es la situación real de las cuentas de la Caja y qué resultados produjeron las medidas que el Gobierno presentó como necesarias para recuperar su sustentabilidad?
