La Asociación de Abogados Penalistas de Rosario y el Colegio de la Abogacía de Santa Fe cuestionaron al gobernador después de que afirmara que el nuevo desafío contra las organizaciones criminales es “ir por los abogados y los contadores” que forman parte de ellas. Las entidades reclamaron no generalizar y separar el ejercicio profesional de una eventual participación delictiva. El episodio se suma a una relación atravesada por cuestionamientos jurídicos a las reformas penales impulsadas por la Casa Gris y por anteriores tensiones entre el Ejecutivo y distintos actores del sistema judicial.
Maximiliano Pullaro volvió a abrir un frente de discusión con sectores de la abogacía santafesina. Esta vez ocurrió después de una jornada sobre crimen organizado y flujos financieros ilícitos realizada en Rosario, donde el gobernador sostuvo que, luego de contener los niveles de violencia, la próxima etapa de la política de seguridad provincial debe avanzar sobre la estructura económica que permite funcionar a las organizaciones criminales y sobre los profesionales que colaboran con ellas.
“El desafío que tenemos hoy nosotros es ir por los abogados y los contadores que son parte de estas organizaciones criminales”, afirmó Pullaro durante el encuentro realizado en el Centro Cultural Parque de España. La actividad fue organizada por la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio de Justicia de la Nación, el Gobierno provincial y la Municipalidad de Rosario, y reunió a autoridades políticas, integrantes del Poder Judicial, fiscales, fuerzas de seguridad y organismos especializados en inteligencia financiera. La convocatoria oficial estuvo centrada precisamente en fortalecer la investigación patrimonial y los mecanismos para perseguir los flujos económicos de las organizaciones delictivas.
La forma elegida para expresar esa estrategia provocó una reacción inmediata de entidades profesionales, que entendieron que una afirmación de esa naturaleza, realizada por la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, puede terminar proyectando sospechas sobre el ejercicio legítimo de profesiones esenciales para el funcionamiento del sistema judicial.
La Asociación de Abogados Penalistas de Rosario y el Colegio de la Abogacía de Santa Fe salieron públicamente a cuestionar al gobernador. Los dos pronunciamientos comparten una idea: quien cometa un delito debe ser investigado y eventualmente sancionado, independientemente de su profesión, pero ser abogado o contador no puede convertirse por sí mismo en una presunción de participación criminal.
Los penalistas de Rosario advierten sobre la independencia judicial
La Asociación de Abogados Penalistas de Rosario expresó su “rechazo y repudio” a las declaraciones y volvió a colocar en el centro de la discusión el papel constitucional del abogado defensor. Para la entidad, dentro de un Estado de Derecho la tarea de la defensa consiste precisamente en garantizar que toda persona sometida a un proceso penal pueda ejercer plenamente sus derechos y que las garantías constitucionales sean respetadas.
El comunicado cuestionó lo que definió como “injerencias del poder político sobre cuestiones judiciales” y sostuvo que ese tipo de intervenciones pueden poner en peligro la independencia judicial, afectar el ejercicio profesional y generar confusión en la sociedad respecto del papel que cumplen los defensores penales.
La entidad introdujo además una distinción fundamental: un abogado puede cometer delitos y, si existen elementos que permitan sospecharlo, corresponde investigarlo exactamente igual que a cualquier otra persona. Pero eso es diferente de identificar el ejercicio de la defensa penal con la pertenencia a la organización criminal de una persona defendida.
Por eso los penalistas plantearon que, si Pullaro conoce casos concretos de abogados que hayan participado de actividades ilícitas, corresponde que esos hechos sean denunciados para que intervengan las autoridades competentes. La Asociación aclaró que su posición no pretende obstaculizar las políticas de seguridad ni la persecución del crimen organizado, sino reclamar que esas políticas se desarrollen respetando los estándares constitucionales.
No es el primer enfrentamiento de los penalistas rosarinos con iniciativas del Gobierno. Meses atrás, su presidente José Nanni ya había cuestionado el nuevo paquete de reformas procesales impulsado por Pullaro, particularmente por la ampliación de facultades policiales y fiscales, la posibilidad de interrogatorios policiales y la reducción de determinadas intervenciones judiciales. Nanni sostuvo entonces que algunos de los cambios propuestos podían afectar garantías constitucionales.
El Colegio de Santa Fe: “La condición profesional no puede convertirse en una presunción de criminalidad”
El Colegio de la Abogacía de Santa Fe también difundió un extenso comunicado de repudio y marcó una posición semejante, aunque se detuvo particularmente en el riesgo de las generalizaciones.
“Nadie está por encima de la ley”, sostuvo la institución después de expresar su respaldo a la persecución del crimen organizado y del lavado de activos. Pero inmediatamente planteó que considera inadmisible que desde la máxima autoridad del Ejecutivo provincial se formulen generalizaciones que puedan vincular a abogados y contadores con organizaciones criminales por el hecho de desarrollar su actividad profesional.
El Colegio recordó que tanto la defensa técnica como el asesoramiento jurídico y los servicios contables son actividades lícitas y protegidas por el ordenamiento jurídico, y que no pueden confundirse con una participación concreta en hechos delictivos.
La entidad fue igualmente contundente al aclarar que no pretende defender conductas ilegales. Si un abogado, un contador o cualquier profesional integra efectivamente una organización criminal, facilita delitos o participa de maniobras de lavado de activos, sostuvo, corresponde que sea investigado, juzgado y eventualmente sancionado.
“La condición profesional de una persona no puede convertirse en una presunción de criminalidad”, resumió el Colegio. Y agregó otro planteo dirigido directamente al gobernador: si tiene conocimiento concreto sobre la posible comisión de delitos por determinados profesionales, debe poner esa información en conocimiento de las autoridades competentes para que sea investigada. El comunicado concluyó reclamando “responsabilidad institucional” en las expresiones públicas y advirtiendo que las generalizaciones pueden estigmatizar a quienes ejercen legítimamente su profesión.
Una discusión que no comenzó con estas declaraciones
El nuevo cruce tampoco aparece de manera aislada. Durante la gestión Pullaro se acumularon discusiones entre el Ejecutivo y distintos sectores del Poder Judicial y de la abogacía, aunque cada episodio tuvo características y fundamentos.
Uno de los capítulos más importantes fue la renovación de la Corte Suprema provincial. El Gobierno impulsó cambios en la integración y estructura del máximo tribunal y mantuvo diferencias públicas con algunos de sus integrantes. En materia previsional, por ejemplo, el Ejecutivo llegó a recusar a cuatro ministros para que no intervinieran en causas relacionadas con la reforma jubilatoria. La Corte rechazó por unanimidad esas recusaciones por considerarlas “manifiestamente improcedentes”, y el Gobierno llevó posteriormente la controversia a la Corte Suprema de la Nación.
El antecedente de la jueza cuestionada después de anular un allanamiento
Otro episodio reciente se produjo alrededor de una resolución judicial que anuló un allanamiento realizado sin orden judicial. La decisión de una jueza rosarina generó una fuerte reacción pública del Gobierno provincial, que cuestionó el fallo y defendió el procedimiento policial.
El conflicto tomó dimensión institucional porque la crítica no se limitó al recurso judicial correspondiente, sino que estuvo acompañada por expresiones públicas desde el Ejecutivo contra la resolución. Posteriormente, un camarista revocó la nulidad y consideró válido el allanamiento al entender que se habían configurado las condiciones de urgencia previstas para actuar sin una orden previa.
Ese desenlace resulta importante para describir el caso con precisión: la decisión inicial de la magistrada fue finalmente revertida por una instancia superior. Pero eso no elimina la discusión institucional que había aparecido antes acerca de cómo debe reaccionar el Poder Ejecutivo cuando discrepa con una resolución judicial.
Una cosa es cuestionar jurídicamente un fallo, apelarlo y conseguir que sea revocado. Otra discusión diferente es hasta dónde debe llegar la confrontación pública de un gobierno con el juez que tomó esa decisión.
Es justamente ese límite el que distintas organizaciones jurídicas vienen poniendo en debate.
Una reforma penal que también enfrentó al Gobierno con abogados y magistrados
El punto de mayor tensión está probablemente en la reforma del Código Procesal Penal que Pullaro envió este año a la Legislatura. El paquete oficial busca ampliar las capacidades estatales frente al crimen organizado y concede mayores herramientas a fiscales y policías. Entre las modificaciones propuestas aparecen supuestos adicionales de allanamiento sin orden judicial, interrogatorios policiales y procedimientos en los que determinadas decisiones pueden adoptarse sin la intervención judicial que actualmente exige el sistema.
Uno de los puntos más discutidos es precisamente el rol de la defensa. Especialistas y asociaciones profesionales cuestionaron disposiciones vinculadas con declaraciones tomadas sin la presencia inmediata de un abogado y advirtieron que podrían significar un retroceso respecto del modelo acusatorio implementado en Santa Fe desde 2014.
También generó objeciones la posibilidad de ampliar facultades de los fiscales para disponer determinadas medidas sin control judicial previo. Los críticos consideran que eso altera el equilibrio entre acusación, defensa y juez; el Gobierno, en cambio, argumenta que las reformas buscan lograr un equilibrio entre las garantías individuales, la eficacia del sistema penal y la protección de la comunidad.
Esa diferencia resulta central para entender el debate sin simplificarlo. Para la Casa Gris, el sistema necesita reaccionar con mayor rapidez frente a organizaciones criminales complejas. Para sectores de la abogacía, magistrados y especialistas, algunas de las herramientas elegidas pueden reducir controles que son precisamente los que limitan el poder punitivo del Estado.
El límite entre perseguir profesionales que delinquen y estigmatizar profesiones
Allí aparece finalmente el núcleo de la controversia abierta por las declaraciones de Pullaro.
No existe una discusión sustancial entre el gobernador y los colegios profesionales respecto de que un abogado o contador que participe de una organización criminal deba ser investigado. De hecho, los comunicados difundidos expresamente respaldan la persecución del lavado de activos y de quienes colaboren delictivamente con esas estructuras. La diferencia está en cómo se formula esa persecución y cuáles son sus límites.
Pullaro habló específicamente de abogados y contadores “que son parte” de organizaciones criminales. Los colegios interpretaron, sin embargo, que la formulación utilizada por el gobernador puede proyectar una generalización sobre profesiones enteras y reclamaron que cualquier acusación se construya a partir de hechos concretos.
La controversia adquiere mayor dimensión porque ocurre después de meses de discusión alrededor del funcionamiento de la Justicia penal santafesina. No es solamente una pelea semántica sobre una frase pronunciada en un congreso. Se produce mientras la Legislatura analiza modificaciones que aumentan facultades policiales y fiscales y mientras todavía están frescos los enfrentamientos públicos del Ejecutivo con magistrados y las objeciones formuladas por asociaciones de abogados a esas reformas.
Hablar de una “pérdida de independencia judicial” como un hecho consumado iría más allá de lo que permiten afirmar esos antecedentes. Sí existe, en cambio, una discusión concreta y creciente sobre los límites entre la política de seguridad del Ejecutivo y la autonomía, los controles y las garantías propias del sistema judicial.
Por eso los nuevos comunicados adquieren una relevancia que excede a la defensa corporativa de una profesión.
El Gobierno sostiene que la siguiente etapa contra el crimen organizado requiere atacar sus recursos económicos y perseguir también a los profesionales que participen activamente de esas estructuras. Los abogados responden que acompañan ese objetivo, pero reclaman individualizar conductas, presentar denuncias cuando existan pruebas y preservar las garantías de quienes ejercen legítimamente la profesión.
Entre ambas posiciones vuelve a aparecer una discusión que atravesó buena parte de la gestión Pullaro: hasta dónde puede avanzar el Estado para combatir organizaciones criminales sin debilitar los contrapesos institucionales que, justamente, existen para controlar la forma en que ese poder es ejercido.
