La Cámara baja santafesina dio media sanción al proyecto impulsado por el Gobierno provincial con 37 votos a favor y 11 en contra. La aprobación llegó después de intensas negociaciones entre radicales y socialistas, que obligaron a modificar aspectos centrales de la iniciativa original. Aunque Unidos consiguió reunir los votos necesarios, las diferencias internas quedaron expuestas durante una jornada de fuerte tensión parlamentaria, mientras la oposición mantuvo importantes cuestionamientos sobre las facultades policiales y las garantías constitucionales.
La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe dio finalmente media sanción, durante la tarde de este jueves, al paquete de leyes de seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro. La iniciativa, denominada Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, consiguió avanzar después de una extensa negociación política que modificó buena parte de los puntos más controvertidos del proyecto original.
La votación terminó con 37 legisladores a favor, 11 en contra y ninguna abstención, un resultado que permitió al oficialismo alcanzar su objetivo parlamentario, aunque no consiguió ocultar las diferencias que atravesaron el tratamiento de la propuesta.
Durante toda la jornada se percibió un clima de tensión, tanto por los cuestionamientos de la oposición como por las negociaciones entre los propios integrantes de Unidos para alcanzar una posición común.
La media sanción dejó así dos lecturas políticas: el Gobierno logró avanzar con una de sus principales iniciativas en materia de seguridad, pero necesitó aceptar modificaciones sustanciales para reunir los consensos dentro de su propia coalición.
El proyecto había ingresado a la Legislatura en mayo y desde entonces generó observaciones de sectores políticos y jurídicos por la ampliación de atribuciones policiales, las modificaciones al procedimiento penal y el alcance de determinadas medidas restrictivas de derechos.
Las diferencias entre radicales y socialistas marcaron el debate
El tratamiento legislativo estuvo precedido por reuniones entre representantes de la Unión Cívica Radical y del Partido Socialista, dos de los principales espacios que integran la coalición gobernante.
Las conversaciones se extendieron hasta cerca de la medianoche del miércoles y continuaron durante el jueves, cuando las comisiones de Seguridad Pública y Asuntos Constitucionales retomaron el análisis de las modificaciones.
Las negociaciones también contemplaron observaciones del Poder Ejecutivo y de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, hasta que finalmente se alcanzó un dictamen que permitió llevar la iniciativa al recinto.
La necesidad de reformular artículos centrales mostró que no existía una posición uniforme sobre el alcance de las herramientas solicitadas por el Gobierno.
El socialismo y el radicalismo terminaron acompañando una misma iniciativa, pero el recorrido hasta la votación dejó expuestas diferencias sobre los límites que deben tener las facultades policiales y las garantías del proceso penal.
El acuerdo evitó que esas diferencias impidieran la media sanción. Sin embargo, el debate dejó interrogantes sobre la coordinación política del oficialismo y sobre el grado de consenso que había tenido la propuesta antes de ser enviada a la Legislatura.
La oposición, por su parte, mantuvo cuestionamientos al contenido del proyecto y al alcance de las modificaciones, incluso después de que se eliminaran algunos de sus artículos más discutidos.
Los artículos que debieron eliminarse para conseguir el acuerdo
Entre los cambios más significativos aparece la eliminación de las denominadas zonas de intervención policial especial, una de las disposiciones que había generado mayores cuestionamientos.
La redacción original contemplaba la posibilidad de establecer áreas con controles de acceso, requisas de vehículos, restricciones a la circulación y demoras de hasta 48 horas para identificar personas. Esa herramienta fue retirada del texto que obtuvo media sanción.
También se eliminó la posibilidad de que efectivos policiales interrogaran a personas vinculadas con un hecho delictivo sin la presencia de un abogado defensor.
En su lugar, se mantuvo la facultad del fiscal para recibir declaraciones informativas sin asistencia letrada, aunque bajo mayores garantías y con la prohibición de utilizar esas manifestaciones como prueba de cargo.
Ambas modificaciones resultaron centrales para acercar posiciones entre los bloques y responder a los cuestionamientos sobre eventuales afectaciones de derechos y garantías constitucionales.
El texto aprobado también incorporó requisitos adicionales para la realización de juicios en rebeldía, entre ellos autorización judicial, intervención de un defensor, audiencia previa con la víctima y registro audiovisual del procedimiento.
A su vez, se amplió la participación de las víctimas y los querellantes, que podrán intervenir en la audiencia imputativa, formular preguntas y aportar elementos a la investigación.
Estos cambios formaron parte del acuerdo que permitió sostener el tratamiento del proyecto, aunque no eliminaron todas las diferencias sobre su contenido.
En concreto, los principales cambios respecto de la propuesta original son los siguientes:
Eliminación de las zonas de intervención policial especial: se suprimió la creación de estas áreas, que contemplaban controles de acceso, requisas vehiculares, restricciones a la circulación y demoras de hasta 48 horas para identificar personas.
Sin interrogatorios policiales sin abogado: se descartó la posibilidad de que la Policía interrogue a personas vinculadas con un hecho delictivo sin asistencia letrada. Se mantiene la posibilidad de que el fiscal tome declaraciones informativas sin abogado, aunque bajo mayores garantías y sin que puedan utilizarse como prueba de cargo.
Mayores garantías para los juicios en rebeldía: se establecen requisitos adicionales, como la autorización judicial, la intervención de un defensor, una audiencia previa con la víctima y el registro audiovisual del proceso.
Mayor participación de víctimas y querellantes: se habilita a los querellantes a intervenir en la audiencia imputativa, formular preguntas y aportar elementos. También se reconoce expresamente el derecho de las víctimas a ser escuchadas.
Modificaciones en la acusación fiscal: se reincorporó la posibilidad de que la Fiscalía formule acusación tanto después de la audiencia imputativa como cuando se haya autorizado la realización de un juicio en rebeldía.
Restricciones a las excepciones para admitir pruebas irregulares: se eliminó la referencia a evitar daños graves a la integridad física propia como justificación para admitir este tipo de pruebas. Se conserva la protección de terceros.
Allanamientos sin orden judicial: se mantienen los nueve supuestos contemplados en el proyecto, aunque se incorpora un control judicial de oficio dentro de las 24 horas para los casos previstos en los incisos 5 al 9.
Inactivación de inmuebles utilizados para actividades ilícitas: se conserva la facultad de desalojar, demoler, desmontar o bloquear propiedades vinculadas con actividades ilegales, con instancias de revisión judicial.
Régimen penitenciario agravado: continúa la posibilidad de aplicar medidas especiales a internos considerados una amenaza grave para la seguridad pública. Entre ellas se incluyen el aislamiento individual y la suspensión de visitas y comunicaciones, con posibilidad de revisión judicial.
Límites a las tareas de inteligencia: las actividades que puedan afectar sustancialmente la privacidad o intimidad de las personas requerirán autorización judicial. Además, se establece una diferenciación entre las tareas de prevención y las investigaciones penales.
Las herramientas que permanecieron en el proyecto
A pesar de las modificaciones, la iniciativa conserva medidas que continuaron generando cuestionamientos durante el tratamiento legislativo.
Una de ellas es la ampliación de los supuestos de allanamientos sin orden judicial previa. El texto mantiene nueve situaciones excepcionales, aunque incorpora un control judicial de oficio dentro de las 24 horas para los casos contemplados entre los incisos quinto y noveno.
También permanece la posibilidad de intervenir sobre inmuebles utilizados para actividades ilícitas, mediante procedimientos que pueden incluir desalojos, demoliciones, desmontajes o bloqueos, sujetos a instancias de revisión judicial.
Otro punto relevante es el denominado régimen penitenciario agravado, que permite aplicar restricciones especiales a personas privadas de libertad consideradas una amenaza grave para la seguridad pública.
Entre las medidas previstas aparecen el aislamiento individual y la suspensión de visitas o comunicaciones, con mecanismos de revisión judicial.
En materia de inteligencia, la versión aprobada establece que las actividades que afecten sustancialmente la privacidad o intimidad de las personas deberán contar con autorización judicial. Además, diferencia las tareas preventivas de aquellas vinculadas con investigaciones penales.
Finalmente, se restringieron las excepciones que permitirían admitir pruebas obtenidas irregularmente y se reincorporaron disposiciones relacionadas con la procedencia de la acusación fiscal.
El resultado es una reforma que conserva una ampliación de herramientas para la investigación penal y la actuación estatal, pero incorpora controles y garantías que no estaban contemplados de la misma manera en la propuesta original.
Una aprobación mayoritaria que no silenció las críticas opositoras
La votación reflejó una mayoría favorable al proyecto, aunque también dejó un bloque significativo de legisladores que rechazaron la iniciativa.
Las principales objeciones giraron alrededor del equilibrio entre la necesidad de fortalecer la respuesta estatal frente al delito y la obligación de respetar las garantías constitucionales.
Para el Gobierno provincial, la reforma representa una herramienta destinada a mejorar las investigaciones criminales, fortalecer el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación y ampliar la capacidad de intervención de las instituciones de seguridad.
Desde los sectores críticos, en cambio, las observaciones se concentraron en las facultades excepcionales que conservará el Estado, especialmente en materia de allanamientos, inteligencia, régimen penitenciario y procedimientos penales.
La eliminación de algunos de los artículos más controvertidos permitió alcanzar acuerdos dentro del oficialismo, pero no significó que desaparecieran las diferencias sobre el alcance general de la reforma.
De hecho, las modificaciones introducidas durante el tratamiento constituyen uno de los datos centrales de la jornada: varias disposiciones defendidas inicialmente por el Ejecutivo no consiguieron sostenerse en su formulación original frente a los cuestionamientos políticos y jurídicos.
Unidos consiguió los votos, pero las diferencias quedaron expuestas
Más allá del contenido de la ley, la sesión dejó una lectura política sobre el funcionamiento de la coalición gobernante.
Durante los últimos días, la discusión había provocado declaraciones cruzadas entre referentes del radicalismo y el socialismo, hasta el punto de obligar a postergar el tratamiento previsto para la semana anterior.
El gobernador Maximiliano Pullaro intentó relativizar públicamente esas diferencias y sostuvo que la existencia de miradas distintas forma parte del funcionamiento democrático de Unidos.
Sin embargo, las negociaciones de último momento, las modificaciones al proyecto y el clima que rodeó la sesión dejaron en evidencia que el acuerdo legislativo requirió un trabajo político considerable.
La aprobación no implica necesariamente una ruptura dentro del frente gobernante, pero sí expuso diferencias sobre una de las áreas más importantes de la gestión provincial: la política de seguridad.
El oficialismo consiguió reunir los votos necesarios y evitó que las diferencias internas bloquearan la iniciativa. El socialismo, por su parte, logró que se retiraran disposiciones sobre las que había formulado objeciones, mientras que el Ejecutivo preservó buena parte de las herramientas que pretendía incorporar al sistema de seguridad.
La oposición mantuvo sus críticas y el resultado dejó planteada una discusión que excede la votación: hasta dónde pueden ampliarse las facultades del Estado en nombre de la seguridad pública y cuáles deben ser los controles para evitar restricciones indebidas de derechos.
El Senado tendrá la última palabra
Con la media sanción de Diputados, el proyecto continuará ahora su recorrido parlamentario en la Cámara de Senadores de Santa Fe.
Allí deberá definirse si se aprueba el texto modificado por la Cámara baja o si se introducen nuevas correcciones que obliguen a revisar nuevamente la iniciativa.
Para Pullaro, el avance representa un paso importante en su agenda legislativa de seguridad. Para los distintos bloques, el debate deja antecedentes sobre los límites y las garantías que deberán acompañar la implementación de las nuevas herramientas.
La jornada terminó con una victoria legislativa para el Gobierno, aunque también con una señal política: la mayoría parlamentaria de Unidos permitió aprobar el paquete, pero no evitó que las diferencias internas y los cuestionamientos opositores ocuparan buena parte del debate.
La reforma avanzó, aunque no en los términos originales pretendidos por el Ejecutivo. Y esa distancia entre el proyecto enviado en mayo y el texto que finalmente obtuvo media sanción constituye una de las principales conclusiones políticas de la sesión del jueves.
