El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, se sumó al reclamo de jefes municipales de distintas ciudades del país contra el Gobierno nacional por la eliminación de los subsidios al transporte público del interior y el sostenimiento de las compensaciones destinadas al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En medio de una crisis que compromete la sustentabilidad de los sistemas urbanos de pasajeros, el mandatario santafesino cuestionó la distribución de los recursos nacionales, denunció un trato desigual hacia las provincias y anticipó que el planteo llegará al Congreso. Los intendentes también advirtieron sobre los recortes en el Plan Remediar y el traslado de nuevas responsabilidades a los municipios.
La crisis del transporte público en las principales ciudades del interior argentino sumó un nuevo capítulo de confrontación política con el Gobierno de Javier Milei. Esta vez, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, se incorporó a un reclamo conjunto de mandatarios municipales que cuestionan la política nacional de subsidios y advierten sobre las dificultades cada vez mayores para sostener el funcionamiento de los servicios urbanos de pasajeros.
El pronunciamiento se produce en un contexto en el que las ciudades del interior deben afrontar con recursos provinciales, municipales y aportes de los usuarios una parte cada vez mayor de los costos operativos del transporte. La eliminación de las compensaciones tarifarias nacionales para esas jurisdicciones, junto con el incremento de los costos de funcionamiento, profundizó los problemas de financiamiento de un servicio esencial para trabajadores, estudiantes y miles de vecinos. En la capital santafesina, donde el sistema de colectivos atraviesa dificultades económicas y enfrenta el desafío permanente de sostener frecuencias, recorridos y tarifas accesibles, la discusión sobre los aportes nacionales adquiere una importancia particular.
Poletti decidió elevar el tono de sus cuestionamientos y apuntó directamente contra la administración libertaria por lo que considera una distribución discriminatoria de los recursos públicos. “El presidente dijo que iba a sacar los subsidios y cumplió, pero solamente para el interior. El problema es cuando se plantea terminar con el populismo y se termina haciendo un populismo selectivo”, afirmó el intendente. Sus declaraciones reflejan el creciente malestar de los gobiernos municipales frente a una política que, según denuncian, mantiene diferencias sustanciales entre el financiamiento del transporte en Buenos Aires y el resto del país.
Subsidios para Buenos Aires y menos recursos para el interior
El eje central de la controversia es la distribución de las compensaciones nacionales destinadas al transporte público de pasajeros. Desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, el Gobierno nacional avanzó con la eliminación del Fondo Compensador del Transporte del Interior, una herramienta que permitía transferir recursos a las provincias para contribuir al sostenimiento de los sistemas urbanos y suburbanos. La decisión modificó el esquema de financiamiento y obligó a los gobiernos provinciales y municipales a asumir mayores responsabilidades económicas para evitar un deterioro de los servicios o incrementos todavía más pronunciados en las tarifas.
Sin embargo, el AMBA continuó recibiendo compensaciones nacionales, una diferencia que los intendentes consideran injustificada. “Al AMBA no solo le mantuvieron los subsidios, sino que también se los aumentaron y le reconocieron la deuda. Mientras tanto, al interior nos congelaron en junio los aportes correspondientes a los atributos sociales, que eran los únicos recursos que Nación destinaba al transporte en nuestras ciudades”, cuestionó Poletti.
Los atributos sociales son beneficios tarifarios destinados a determinados grupos de usuarios, cuya financiación constituye una cuestión diferente de los subsidios generales a las empresas de transporte. El intendente sostuvo que el retiro de los aportes nacionales dejó a las ciudades del interior frente a una situación de creciente fragilidad financiera. “Hoy las ciudades del interior sostenemos el transporte con recursos provinciales y municipales, mientras que Nación sigue reforzando los subsidios al AMBA. Es una desigualdad que tenemos que corregir”, manifestó.
La crítica de Poletti se inscribe en un planteo más amplio de los intendentes, quienes sostienen que el equilibrio fiscal promovido por el Gobierno nacional no debería alcanzarse mediante la transferencia de obligaciones económicas a las provincias y municipios.
La crisis del transporte en Santa Fe y el impacto sobre los usuarios
La discusión sobre los subsidios tiene consecuencias directas sobre el funcionamiento del transporte urbano en la ciudad de Santa Fe. Como ocurre en otras grandes ciudades argentinas, el sistema enfrenta dificultades estructurales relacionadas con los costos operativos, la necesidad de sostener una oferta adecuada de servicios y las limitaciones de financiamiento. El combustible, los salarios, el mantenimiento de las unidades y la renovación de la flota constituyen componentes importantes de una estructura de costos que debe financiarse mediante tarifas y aportes públicos.
En ese escenario, la reducción de las transferencias nacionales incrementa la presión sobre los presupuestos provinciales y municipales y sobre el precio del boleto que pagan los pasajeros. El problema adquiere una dimensión social porque el transporte público no representa solamente una actividad económica, sino una herramienta indispensable para acceder al trabajo, la educación, la salud y otros servicios.
Poletti hizo especial hincapié en esa desigualdad. “Un vecino de Santa Fe tiene los mismos derechos que uno que vive en el AMBA. No puede recibir un trato diferente por el lugar donde vive”, sostuvo. El mandatario agregó que el debate excede las discusiones presupuestarias entre los distintos niveles del Estado. “Cuando hablamos de subsidios al transporte no estamos hablando solamente de números o de una discusión entre gobiernos. Estamos hablando de algo que impacta directamente en la vida de las personas”, explicó.
En particular, mencionó la situación de los trabajadores que deben utilizar más de un colectivo, los estudiantes que viajan diariamente y las personas que necesitan trasladarse para recibir atención médica. “Tenemos que garantizar que vivir en una ciudad del interior no signifique tener menos oportunidades o pagar más por un servicio esencial”, planteó.
La advertencia pone de manifiesto uno de los principales problemas de la política de transporte: cuando los aportes públicos resultan insuficientes, las alternativas suelen concentrarse en mayores tarifas, nuevos esfuerzos presupuestarios locales o dificultades para sostener las prestaciones.
Los intendentes denuncian una distribución desigual de los recursos nacionales
El reclamo quedó plasmado en un documento conjunto titulado “Un país desigual es un país injusto”, suscripto por mandatarios municipales de distintas ciudades argentinas. En el texto, los intendentes cuestionaron que el Gobierno nacional mantenga un esquema de compensaciones tarifarias concentrado en el AMBA mientras los sistemas de transporte del interior enfrentan crecientes dificultades para financiarse.
Según los datos consignados por los firmantes, durante 2026 la Nación destinó aproximadamente 460 millones de dólares en compensaciones tarifarias al transporte del AMBA. En contrapartida, señalaron que las ciudades del interior no recibieron recursos nacionales destinados a compensar las tarifas, si se excluyen los beneficios canalizados mediante el sistema SUBE.
Los mandatarios aclararon que no cuestionan la asistencia a los pasajeros del área metropolitana de Buenos Aires, sino la ausencia de un criterio federal que contemple también las necesidades del resto de las ciudades argentinas. El planteo tiene como uno de sus principales fundamentos el destino de los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos, un tributo nacional que pagan los consumidores de todo el país.
Los intendentes consideran que una parte de esa recaudación debería utilizarse para financiar el transporte público y el mantenimiento de las rutas nacionales, conforme a los destinos establecidos en la legislación correspondiente. En ese sentido, reclamaron una distribución más equitativa de los fondos y plantearon una alternativa: si la Nación no cumple con los destinos específicos del impuesto, debería eliminar su aplicación en el interior para reducir costos vinculados con el transporte y la logística regional.
La propuesta busca instalar una discusión que excede los subsidios y alcanza al sistema de distribución de los recursos tributarios nacionales.
El recorte del Plan Remediar y las nuevas obligaciones municipales
El documento firmado por Poletti y otros intendentes también incluyó cuestionamientos a la política sanitaria del Gobierno nacional. En particular, los mandatarios advirtieron sobre la reducción de las prestaciones del Plan Remediar, destinado a facilitar el acceso a medicamentos esenciales mediante el sistema público de salud.
Según sostuvieron, el programa pasó de contemplar casi 128 medicamentos a garantizar solamente seis. La cifra forma parte del reclamo de los intendentes y requiere distinguir entre los medicamentos efectivamente distribuidos, los incluidos en los distintos listados del programa y las prestaciones disponibles en cada período.
Los firmantes advirtieron que los recortes nacionales obligan a provincias y municipios a destinar recursos adicionales para cubrir necesidades sanitarias que anteriormente contaban con asistencia de la Nación. En ese marco, defendieron la importancia de mantener cuentas públicas equilibradas, pero cuestionaron que ese objetivo se alcance mediante la reducción de servicios esenciales.
“Nosotros también queremos y tenemos cuentas ordenadas, déficit cero. Pero no a costa de incumplir y abandonar a nuestros vecinos”, expresaron en el comunicado.
El planteo refleja una preocupación compartida por diferentes administraciones locales: la disminución de las transferencias nacionales no elimina las demandas sociales, sino que desplaza una parte de sus costos hacia los gobiernos provinciales y municipales.
El reclamo llegará al Congreso de la Nación
Frente a este escenario, Poletti confirmó que los intendentes buscarán trasladar la discusión al Congreso nacional para involucrar a los representantes legislativos de las provincias. La intención es avanzar en un debate sobre la distribución de los recursos destinados al transporte y las responsabilidades que corresponden a cada nivel del Estado.
“Llevamos este reclamo al Congreso porque necesitamos reglas iguales para todos. No estamos pidiendo privilegios, estamos reclamando igualdad de oportunidades para nuestros vecinos”, afirmó el intendente santafesino.
El documento concluyó con una expresión que sintetiza el malestar de los mandatarios municipales frente a las decisiones de la administración nacional. “Los Municipios estamos hartos, pero no vencidos. Jamás nos rendiremos, porque al mirar a nuestros costados tenemos a nuestros vecinos que esperan que seamos dignos representantes”, señalaron.
El pronunciamiento de Poletti adquiere especial relevancia política porque se suma a los reclamos de intendentes de distintas pertenencias partidarias, unidos por las dificultades que atraviesan los sistemas de transporte de sus ciudades.
En Santa Fe, como en otras capitales provinciales y grandes centros urbanos del interior, el problema de fondo continúa siendo cómo garantizar un servicio público accesible, eficiente y económicamente sostenible. La decisión del Gobierno nacional de retirar las compensaciones generales al transporte del interior, mientras mantiene mecanismos de asistencia al AMBA, profundizó una discusión histórica sobre el federalismo fiscal y la distribución territorial de los recursos.
El desafío para las administraciones locales es sostener el funcionamiento de los colectivos sin trasladar la totalidad de los costos a los pasajeros ni comprometer otras áreas de los presupuestos municipales.
En ese contexto, las declaraciones de Poletti representan algo más que un cuestionamiento político al presidente Javier Milei: expresan el reclamo de un conjunto de ciudades que advierten sobre los límites financieros de seguir sosteniendo un servicio esencial con cada vez menos asistencia nacional.
