A menos de un mes del inicio de la Convención Constituyente que pondrá en marcha la reforma de la Constitución de Santa Fe, la política provincial se mueve entre borradores, reuniones privadas y tensiones internas que amenazan con erosionar la cohesión del bloque oficialista. Mientras se discuten los primeros lineamientos del reglamento que regirá el funcionamiento de la asamblea, emergen las disonancias dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe, coalición que ganó en las urnas pero ahora se prueba en el arte más complejo: el del acuerdo interno.
El reglamento, primer paso formal
Desde hace días, circula un primer borrador de reglamento que ya genera debate dentro del propio oficialismo. El texto preliminar –elaborado en conjunto entre radicales, autoridades partidarias y representantes del Ejecutivo– propone una mesa de conducción con presidente, tres vicepresidencias, dos secretarías y una subsecretaría. Un punto polémico es el doble voto para la presidencia de la Convención, cláusula que ya encuentra resistencia en sectores de la UCR y el socialismo.
Además, se anticipa la conformación de al menos cinco comisiones, entre ellas una Redactora con más de quince miembros. En principio, todas las y los convencionales participarían de alguna comisión, aunque sólo con voz y voto quienes tengan designación formal. También está en discusión la posibilidad de que la Convención funcione en dos sedes: Santa Fe (en la Legislatura) y Rosario (en sedes universitarias).
El oficialismo trabaja contra reloj para consensuar una versión unificada de reglamento que luego deberá negociar con la oposición. Desde el justicialismo, los doce convencionales de Más para Santa Fe, encabezados por Juan Monteverde, anunciaron que elaborarán una propuesta propia para discutir con el oficialismo. Mientras tanto, se preparan para presidir la primera sesión: según el reglamento legislativo que regirá provisoriamente la asamblea, el convencional de mayor edad será quien conduzca ese debut, y ese lugar recaería en el senador peronista Osvaldo Sosa.
Disonancias internas en Unidos: entre la Caja, la autonomía y la reelección
La discusión técnica es apenas la punta del iceberg. La coalición que conduce Maximiliano Pullaro enfrenta una prueba de cohesión política ante temas de alto voltaje ideológico. Aunque el radicalismo tiene la mayoría de convencionales dentro de Unidos (21), el socialismo (7), el PRO (4) y otros aliados menores se presentan como socios con agenda propia.
Un punto de conflicto es la posible incorporación de la intransferibilidad de la Caja de Jubilaciones a la nueva Constitución. Mientras sectores radicales y socialistas lo ven como un ancla fiscal y un símbolo de autonomía financiera, el PRO ya manifestó su rechazo. La tensión se filtra incluso en el tono: desde el socialismo recordaron, con ironía, que el partido amarillo apenas tiene cuatro convencionales.
También se discute la inclusión o no del derecho a la negociación paritaria y el rediseño del Consejo de la Magistratura, cuya legitimidad está cuestionada a nivel nacional. Otra bandera con peso político es la autonomía municipal, promovida con énfasis por el intendente de Rosario Pablo Javkin, pero que no despierta la misma adhesión en otras ciudades. Las posiciones difieren incluso sobre el nivel de desarrollo que debería tener ese artículo: ¿declaración general en la Constitución o desarrollo específico en una futura ley?
El riesgo de votaciones divididas
Las conversaciones puertas adentro muestran que los acuerdos serán difíciles. El oficialismo necesita evitar que sus bloques voten divididos: cualquier fractura interna podría empoderar a la oposición y alterar el rumbo de la reforma. “Si Unidos no vota unido, el fiel de la balanza será la oposición”, advierten desde sectores de la UCR.
Por eso, se apuesta a repetir la fórmula que funcionó en otras leyes sensibles del año pasado: primero, acuerdos dentro del radicalismo; luego, reunión de toda la coalición; y solo después, apertura a la negociación externa con el PJ, La Libertad Avanza y otros actores.
Pero la Convención no es una ley más. Es un espacio de mayor exposición, contenido ideológico más denso y proyección política directa sobre el futuro institucional de la provincia. Las palabras, los votos y las fotos tendrán otra carga.
Una convención que promete ser histórica… y tensa
En este escenario, los nombres, las alianzas, las comisiones y los artículos se entremezclan en una danza lenta que, como todo en la política santafesina, necesita tiempo, método y muñeca. En el fondo, todos saben que lo que se empieza a definir ahora marcará la provincia por los próximos 30 o 40 años.
La sesión inaugural del 14 de julio será apenas el primer acto. Para entonces, el reglamento deberá estar aprobado. Lo que sigue, sin embargo, es un terreno mucho más complejo: definir los ejes de una nueva Constitución en un tiempo comprimido, con una sociedad escéptica y una coalición que, aunque ganó, todavía necesita aprender a gobernar unida.
