El secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, realizó un duro diagnóstico sobre la relación de los docentes con el Gobierno de Maximiliano Pullaro. Cuestionó la política salarial, el presentismo, la reforma previsional y la situación de IAPOS, y sostuvo que existe un trato diferencial hacia los trabajadores de la educación. “Hay una animosidad sobre nuestro sector”, afirmó. También advirtió sobre la situación económica de los maestros y convocó a discutir el futuro de la educación pública a 20 años de la sanción de la Ley Nacional de Educación.
La relación entre el Gobierno de Maximiliano Pullaro y los gremios docentes atraviesa desde hace tiempo uno de sus momentos de mayor tensión. Para Rodrigo Alonso, secretario general de AMSAFE, no se trata simplemente de diferencias salariales o de una sucesión de conflictos paritarios: detrás de las decisiones adoptadas desde diciembre de 2023 existe, según su interpretación, una definición política que terminó perjudicando a los trabajadores de la educación y deteriorando el vínculo con quienes sostienen diariamente las escuelas públicas.
Así lo planteó durante una entrevista en Democráticamente, el programa que conduce Juan Francisco por AGOFA TV, donde realizó un extenso repaso sobre salarios, presentismo, jubilaciones, IAPOS, estabilidad laboral y políticas educativas.
“Lo estamos encarando con muchísima preocupación”, respondió cuando fue consultado sobre cómo llega el sector al último trimestre del año. A partir de allí trazó una descripción crítica de la gestión provincial y sostuvo que las decisiones implementadas desde el inicio del mandato modificaron considerablemente las condiciones laborales de los docentes.
Salarios, presentismo y jubilaciones: los tres principales cuestionamientos
Uno de los puntos centrales de Alonso fue el deterioro salarial. El dirigente sostuvo que los trabajadores de la educación perdieron “más del 40%” de su poder adquisitivo desde el comienzo de la actual gestión y rechazó la afirmación oficial de que los salarios hayan acompañado o superado la inflación.
Ese porcentaje corresponde al cálculo planteado por AMSAFE y forma parte de la disputa entre el gremio y el Ejecutivo sobre cómo medir la evolución salarial. Para Alonso, una demostración concreta de esa pérdida aparece en la vida cotidiana de los docentes, que, según afirmó, comenzaron a buscar segundos empleos, realizar trabajos mediante aplicaciones o vender diferentes productos para completar sus ingresos.
“¿Está bien que un maestro que tiene que sostener un proceso de enseñanza-aprendizaje tenga que estar buscando otro trabajo, haciendo changas, vendiendo ropa, perfume, empanadas, prepizzas, lo que sea para ver si puede llegar a fin de mes?”, preguntó durante la entrevista.
El segundo punto fue el programa de Asistencia Perfecta, al que el dirigente sindical denomina “presentismo”. Alonso cuestionó que el incentivo económico asociado a la asistencia pueda condicionar a docentes enfermos a concurrir igualmente a trabajar.
Según su argumento, el problema no se limita a las condiciones laborales: también puede alcanzar el proceso educativo. “Un alumno enfermo no puede estar en un aula, un maestro enfermo tampoco puede estar en un aula”, planteó.
La tercera discusión corresponde a la reforma previsional. Alonso cuestionó especialmente el aporte solidario establecido para determinados jubilados y puso en duda la información utilizada para justificar los cambios en la Caja de Jubilaciones.
El dirigente calificó ese aporte como “inconstitucional”, una interpretación jurídica sostenida por el gremio que no debe confundirse con una declaración judicial definitiva sobre su validez. Su cuestionamiento político se concentró, además, en la falta de información que, según afirma, reciben los trabajadores sobre la situación financiera del sistema.
“Te dicen que la Caja está saneada, nadie vio un solo número sobre esa situación”, sostuvo.
“Hay una animosidad contra nuestro sector”
Sin embargo, Alonso aseguró que el conflicto excede lo económico.
Para el secretario general de AMSAFE existe un problema adicional: el trato político que reciben los docentes por parte del Gobierno.
Recordó declaraciones oficiales sobre ausentismo y licencias y consideró que desde el inicio de la gestión se construyó una imagen negativa de los maestros. “Esta gestión empezó con que los maestros éramos vagos, que éramos faltadores, que sacábamos licencia para atender a nuestra suegra, a nuestro suegro”, cuestionó.
Hacia el final de la entrevista profundizó ese planteo y habló directamente de una “animosidad” hacia los trabajadores de la educación.
Como argumento mencionó que el presentismo fue aplicado específicamente al sector docente y que la reforma previsional modificó condiciones que alcanzaron especialmente a los maestros y, dentro de ellos, a las mujeres docentes.
“Yo creo que también hay una animosidad sobre nuestro sector”, afirmó. Y planteó una contradicción entre el discurso oficial sobre calidad educativa y, según su interpretación, la descalificación pública de quienes tienen que llevar adelante los procesos de enseñanza.
Alonso también rechazó la diferenciación que Pullaro ha realizado entre docentes y dirigentes sindicales. Frente al argumento oficial de que existe acompañamiento de maestros a determinadas políticas del Gobierno aunque sus representantes gremiales las rechacen, recordó que las decisiones de AMSAFE se toman mediante asambleas y votaciones.
Según señaló, en una de las últimas definiciones gremiales participaron más de 20.000 trabajadores. “Las definiciones no las toma Rodrigo Alonso. Las toman las asambleas donde votan las maestras, los maestros y los profesores a lo largo y ancho de la provincia”, remarcó.
Cargos políticos y estabilidad docente
Otro punto que introdujo Alonso fue la comparación entre la estructura política del Gobierno y los cargos docentes.
El dirigente sostuvo que mientras la administración provincial incrementó la cantidad de cargos destinados a la gestión política, existen puestos docentes que, según AMSAFE, deberían incorporarse a procesos de titularización y no están siendo ofrecidos.
Para Alonso, allí existe una contradicción. “Por un lado te crea cargos para la política, te crea cargos para la gestión”, cuestionó, mientras sostuvo que el Gobierno restringe cargos que permitirían otorgar estabilidad a trabajadores de la educación.
El secretario general explicó que AMSAFE impulsó procesos de titularización y ascenso a cargos directivos y reclamó que la totalidad de las vacantes correspondientes sean incorporadas. Desde su perspectiva, una vacante que no se titulariza mantiene una situación de inestabilidad y puede eventualmente desaparecer del sistema.
IAPOS, el otro frente que preocupa a los docentes
La situación de IAPOS ocupó otro tramo importante de la entrevista.
Alonso sostuvo que la obra social de los empleados públicos presenta crecientes dificultades para garantizar prestaciones y mencionó problemas para obtener turnos, cobros adicionales y costos que los afiliados deben afrontar para acceder a determinados estudios o tratamientos.
“Hay una obra social que lo que menos hace es garantizar el derecho a la salud”, afirmó. También cuestionó el sistema de conducción del organismo y reclamó una mayor participación de los afiliados en las decisiones.
El dirigente volvió además sobre la controversia por $57.000 millones de IAPOS. Alonso interpreta la modificación presupuestaria dispuesta por el Gobierno como una extracción de recursos de la obra social hacia el Tesoro provincial. “¿Cómo puede ser que el Estado provincial saque 57.000 millones de pesos de la obra social?”, preguntó durante la entrevista.
La medida efectivamente generó una controversia política. Alonso ya había reclamado públicamente explicaciones por esos $57.000 millones, mientras que desde el Gobierno provincial se sostuvo que la operación cuestionada corresponde a una readecuación interna de partidas y que los fondos permanecen afectados a IAPOS.
Para Alonso, la discusión adquiere mayor relevancia por las dificultades que denuncia en las prestaciones. Su planteo es que cualquier movimiento de fondos debe explicarse con mayor transparencia frente a afiliados que, simultáneamente, aseguran tener problemas para acceder a la atención.
La preocupación por IAPOS tampoco aparece aislada dentro de la agenda gremial. AMSAFE viene incluyendo las prestaciones de salud, licencias médicas, presentismo y situación previsional entre los ejes de sus jornadas provinciales de protesta.
“Los trabajadores es garrote e imposición”
La falta de diálogo fue otro de los cuestionamientos formulados por Alonso.
El dirigente contrastó el discurso provincial sobre diálogo y consenso con el funcionamiento de las negociaciones salariales. Según sostuvo, ocho de diez discusiones paritarias terminaron con decisiones adoptadas mediante decreto luego de no alcanzarse un acuerdo.
“En un gobierno que dice que son los campeones del diálogo y del consenso (…) a los trabajadores es garrote, es imposición”, cuestionó.
Alonso reconoció, al mismo tiempo, que no todos los gremios estatales realizan el mismo diagnóstico ni utilizan las mismas estrategias frente al Gobierno.
Consultado específicamente por las diferencias entre organizaciones sindicales, sostuvo que existen “análisis distintos” y distintas formas de enfrentar los conflictos, aunque dejó abierta la posibilidad de volver a coincidir en acciones futuras. Para el dirigente, una explicación de la mayor confrontación de AMSAFE es que las medidas adoptadas por la Provincia tuvieron un impacto particularmente fuerte sobre el sector educativo.
Veinte años de la Ley de Educación y una discusión que mira hacia adelante
La entrevista terminó desplazándose desde el conflicto coyuntural hacia una discusión más estructural: qué modelo educativo debería sostenerse en los próximos años.
AMSAFE prepara un ciclo de formación por los 20 años de la Ley Nacional de Educación 26.206. Alonso explicó que la primera actividad comenzará el 3 de octubre y que compartirá un panel con Daniel Filmus, quien era ministro de Educación cuando la norma fue sancionada en 2006. Para el gremio, el aniversario no será solamente una conmemoración.
La Ley 26.206 establece expresamente que la educación y el conocimiento constituyen “un bien público y un derecho personal y social” y determina que el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma tienen la responsabilidad principal e indelegable de garantizarla.
Alonso planteó que ese concepto debe ser defendido frente a propuestas nacionales que, según su interpretación, pueden avanzar hacia una concepción de la educación como servicio y abrir espacio a una mayor mercantilización.
“Lo que está en debate ahora es ese logro de entender a la educación como un derecho social, en donde el Estado tiene una responsabilidad indelegable de sostener la educación pública argentina”, explicó. Pero el debate también tiene una dimensión estrictamente santafesina.
Alonso volvió a señalar la ausencia de una ley provincial integral de Educación y cuestionó que, en las discusiones legislativas iniciadas para avanzar en esa dirección, los trabajadores no hayan tenido todavía, según su testimonio, la participación que AMSAFE reclama.
“Debate en las escuelas, tampoco”, cuestionó. Para el gremialista, una eventual ley educativa provincial debería construirse escuchando a docentes y trabajadores que diariamente sostienen el sistema.
Ese punto sintetiza buena parte de la posición que Alonso desarrolló durante la entrevista en Democráticamente.
Para el secretario general de AMSAFE, el conflicto entre los docentes y el Gobierno provincial no puede reducirse a una discusión porcentual sobre salarios. Presentismo, jubilaciones, IAPOS, titularizaciones, participación gremial y políticas pedagógicas forman parte, desde su perspectiva, de una misma disputa sobre el lugar que ocupan los trabajadores dentro de la política educativa santafesina.
El Gobierno sostiene otra lectura sobre varias de esas medidas y ha defendido políticas como Asistencia Perfecta, la reforma previsional y sus decisiones presupuestarias. Alonso, en cambio, considera que la acumulación de esas definiciones demuestra un trato particularmente adverso hacia el sector.
“Hay una animosidad sobre nuestro sector”, resumió. Y desde AMSAFE anticipan que la discusión continuará, tanto en el terreno gremial como en otro que promete ganar protagonismo: qué escuela pública y qué modelo educativo quiere construir Santa Fe para los próximos años.
