Luego de la aprobación del reglamento interno y la jura de los 69 convencionales, la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe avanza en la organización interna de su funcionamiento. Este miércoles se formalizó la constitución de las comisiones de trabajo que tendrán a su cargo el análisis y dictamen de los 42 artículos habilitados para su reforma.
Tal como se preveía, el oficialismo de Unidos para Cambiar Santa Fe impuso su mayoría como primera fuerza política y se quedó con seis de las ocho presidencias de comisiones, mientras que Más para Santa Fe y La Libertad Avanza presidirán una cada uno. Así, se configura un escenario de amplio control institucional del proceso por parte del bloque que encabeza el gobernador Maximiliano Pullaro.
Reparto de presidencias: 6 para Unidos, 2 para la oposición
La estructura de las comisiones quedó conformada de la siguiente manera:
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Labor Parlamentaria: Felipe Michlig (UCR – Unidos para Cambiar Santa Fe). Esta comisión está integrada por el presidente del cuerpo y los jefes de todos los bloques, y será clave para organizar el cronograma general de trabajo.
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Peticiones, Poderes y Reglamento: Beatriz Brouwer (La Libertad Avanza). Será la única presidencia opositora en manos del espacio libertario, con 11 convencionales.
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Comisión Redactora: Joaquín Blanco (PS – Unidos para Cambiar Santa Fe). Estará integrada por 18 convencionales y tendrá el rol central de consolidar el texto final de la reforma.
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Declaraciones, Derechos y Garantías: Alejandra Rodenas (Más para Santa Fe). Será el único espacio conducido por el bloque peronista, y estará integrado por 16 convencionales.
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Poder Legislativo y Poder Ejecutivo: Rodrigo Borla (UCR – Unidos). Esta comisión, integrada por 18 convencionales, abordará temas sensibles como la reelección, la bicameralidad y los roles del Ejecutivo.
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Poder Judicial y otros órganos constitucionales: Lisandro Enrico (UCR – Unidos). Una de las comisiones más numerosas, con 20 convencionales, donde se discutirán los cambios al MPA, al sistema de jueces y a los órganos de control.
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Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial: Katia Passerino (UCR – Unidos). Con 15 integrantes, se abocará a la autonomía municipal y las competencias locales.
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Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana: Germana Figueroa Casas (PRO – Unidos). También con 15 convencionales, trabajará sobre mecanismos como el referéndum, revocatoria, acceso a la información y transparencia.
De esta forma, el oficialismo retiene el control político de casi todo el debate en comisión, aunque con participación y representación en cada espacio por parte de todos los bloques. Felipe Michlig, presidente de la Convención, subrayó que “todas las fuerzas están representadas” y que se llegó a este esquema “mediante diálogo y acuerdos previos”.
Primer mes: trabajo de base en comisiones y escucha activa
Según lo dispuesto por el reglamento, las primeras cuatro semanas de trabajo estarán centradas exclusivamente en el funcionamiento de las comisiones. En ese período, cada grupo deberá analizar, debatir y dictaminar sobre los artículos de su competencia, para luego pasar al tratamiento en el pleno.
“Vamos a fijar días, horarios y metodologías de trabajo. Y vamos a invitar a las organizaciones de la sociedad civil para enriquecer el debate”, afirmó Michlig. Por su parte, el convencional Esteban Motta remarcó que “las comisiones son el corazón del proceso, porque allí se escucha a la ciudadanía y se elabora el contenido técnico”.
En ese sentido, ya se anticipa que algunas comisiones tendrán un perfil más político, como la de Legislativo y Ejecutivo o la de Participación Ciudadana, mientras que otras, como la Redactora y la de Poder Judicial, requerirán mayor trabajo técnico y jurídico.
Consensos, tensiones y poder político
La composición de las comisiones refleja con claridad el peso político del oficialismo, que con 33 convencionales sobre 69 logró garantizarse la conducción del proceso. No obstante, el reparto de una presidencia para el peronismo y otra para los libertarios fue leído como una señal mínima de apertura, aunque subordinada a los márgenes de maniobra que define Unidos para Cambiar Santa Fe.
De aquí en adelante, el trabajo en comisión será clave para medir hasta qué punto habrá voluntad de consenso en los temas más sensibles, como la reelección de cargos, la autonomía municipal, la reforma del Poder Judicial o la eventual creación de nuevos órganos de control.
Los ojos están puestos en el ritmo del debate. El reglamento establece un plazo de 60 días, con posibilidad de prórroga de 20 más, y se espera que la mitad de ese tiempo se consuma en la fase de comisiones. Luego vendrá el debate final en el recinto y la sanción definitiva del nuevo texto constitucional.
