La política santafesina atraviesa uno de esos momentos que, lejos de ser históricos por su grandeza, quedarán registrados como un ejemplo de cómo las formas pueden vaciar el fondo. La tan anunciada Reforma Constitucional, que debía convocar al pueblo y abrir un proceso plural, se ha transformado en una puesta en escena que confirma lo que muchos anticipaban: el oficialismo impone su mayoría en cada comisión y decide unilateralmente el rumbo de la nueva Carta Magna.
La decepción no es menor. No se trata de una ley ordinaria ni de una sesión parlamentaria más. Se trata de la Constitución Provincial, la que regirá la vida de los santafesinos durante décadas, como lo ha hecho la de 1962. Y sin embargo, la práctica política que domina el proceso es la misma que caracteriza a la Legislatura bajo el actual gobierno radical: mayoría automática, debate formal, resultados previsibles.
La sociedad civil fue convocada, escuchada y celebrada en discursos, pero sus aportes —como los de la oposición— quedaron diluidos ante la realidad del número. “Los invitaron a una fiesta que no era suya”, dicen en los pasillos los convencionales opositores. Y lo cierto es que la sensación compartida es esa: se trata más de un evento partidario de UNIDOS que de una verdadera asamblea constituyente.
El Gobernador Maximiliano Pullaro aparece en el centro de la escena. No solo conduce el Ejecutivo provincial, sino que también se sentó como convencional constituyente, en un hecho inédito: un mandatario en ejercicio que redacta y vota su propia reelección y otras herramientas de poder que garantizarán su permanencia. Difícilmente la historia lo recordará como un gesto de grandeza institucional. Más bien lo contrario: como una mancha oscura en la tradición política de Santa Fe.
La oposición acompañó, debatió y aportó. Pero hoy se siente defraudada. Los convencionales opositores lo expresaron con claridad: no se trata de resistir la reforma, sino de advertir que el proceso está capturado por una lógica de poder. Una reforma constitucional no es propiedad de un gobernador ni de una coalición circunstancial; es patrimonio de toda la ciudadanía.
La oportunidad de abrir un camino democrático y participativo, de proyectar una Constitución moderna y consensuada, se está perdiendo. La escena queda reducida a un oficialismo que se autocelebra y a una sociedad que observa, cada vez con mayor desencanto, cómo el futuro institucional de la provincia se decide con las mismas prácticas que prometieron desterrar.
La magnitud del momento exige mucho más. Una Constitución no se reforma todos los días: han pasado 63 años desde la última, y probablemente transcurran muchas décadas hasta la próxima. La única forma de dotarla de legitimidad es a través del consenso, del acuerdo amplio, de la conformidad unánime de los representantes del pueblo y del territorio santafesino. Eso es lo que le daría fuerza, estabilidad y reconocimiento social a la reforma. Sin embargo, ese camino parece desechado.
Como si fuera un premio consuelo, el oficialismo propone incorporar nuevos derechos y garantías en la nueva Constitución. Sin dudas, avances importantes en materia ciudadana, pero que llegan envueltos en la lógica de imposición. Lo que podría haber sido una conquista de todos, aparece reducido a una concesión del poder de turno, más pensada para maquillar el déficit de legitimidad que para generar verdadero orgullo colectivo.
En un siglo donde la transparencia y la pluralidad deberían ser pilares, Santa Fe corre el riesgo de escribir una de sus páginas más sombrías. La Reforma, en lugar de unir, se convierte en símbolo de hegemonía. La oportunidad de abrir un camino democrático y participativo, de proyectar una Constitución moderna y consensuada, se está perdiendo. Y lo que podría haber sido un legado de unidad y madurez política, quedará como un recordatorio de lo que no supimos construir juntos.
