La denuncia del senador Armando Traferri enciende una vieja polémica con actores cambiados: el reparto desigual de fondos provinciales, ahora desde el Gobierno radical, repite el esquema que tanto se cuestionó al peronismo.
La denuncia del senador justicialista Armando Traferri sobre el manejo discrecional de fondos públicos por parte del Gobierno provincial expuso con crudeza un problema estructural de la política santafesina: la discriminación según el color político del intendente o presidente comunal de turno. Lo paradójico es que, esta vez, quienes la ejercen son los mismos que en otro tiempo la padecieron.
“Se castiga al que piensa distinto”, afirmó Traferri en el recinto, al presentar un proyecto de ley que busca garantizar equidad en la distribución de recursos a municipios y comunas. El legislador fue más allá: apuntó directamente a la administración del gobernador Maximiliano Pullaro por beneficiar con el 92% de los fondos a localidades alineadas con su gestión, relegando al resto con apenas un 8%. Todo, según dijo, en un mismo departamento: San Lorenzo.
El dato no pasó inadvertido, pero lo que genera mayor ruido político es el espejo retrovisor: muchos de los actuales funcionarios radicales fueron férreos denunciantes de ese mismo esquema cuando los gobiernos provinciales estaban en manos del peronismo.
Uno de esos nombres es Horacio Ciancio, actual secretario de Gobierno, Municipios y Comunas. Años atrás, como presidente del Foro de Intendentes y Presidentes Comunales Radicales, Ciancio encabezó reclamos públicos contra el por entonces gobernador Omar Perotti por lo que consideraba un “castigo institucional” a los gobiernos locales opositores. Hoy, desde la vereda del poder, el mismo Ciancio guarda silencio mientras se reproducen las prácticas que combatía.
El propio Pullaro, en su etapa como diputado provincial, había votado iniciativas de “transparencia y equidad” para frenar la discrecionalidad en el reparto de fondos. Ahora, desde la Casa Gris, sostiene una política que, según denuncian sus adversarios –y algunos aliados silenciosos–, reproduce los vicios de siempre.
El trasfondo no es menor. Traferri recordó que entre diciembre de 2023 y febrero de 2025, las ciudades y comunas alineadas con el Ejecutivo provincial recibieron $9.500 millones en fondos para obras, mientras que las administraciones con sello justicialista fueron destinadas apenas $800 millones.
El proyecto que impulsa el senador propone una “Ley de Equidad y Equilibrio” para institucionalizar criterios objetivos de asignación de recursos. La iniciativa ya fue girada a comisiones y promete avivar el debate legislativo en el nuevo período ordinario iniciado el 1° de mayo.
En medio de un escenario de crisis económica, ajustes y tensión territorial, la discusión sobre el reparto de fondos vuelve al centro de la escena. Pero esta vez, con los roles invertidos: el radicalismo, hoy en el poder, está bajo la lupa por aplicar la misma lógica que antes denunciaba con indignación.
