Las movilizaciones universitarias realizadas este martes en las ciudades de Santa Fe y Rosario volvieron a mostrar una imagen que ya empieza a repetirse en distintos puntos del país: una comunidad universitaria movilizada masivamente, con fuerte respaldo social y decidida a sostener el reclamo por el financiamiento de la educación pública frente al ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei.
Pero más allá de la contundencia visual de las marchas, uno de los aspectos políticos más fuertes de la jornada estuvo en el documento conjunto leído frente al Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral, donde docentes, estudiantes, no docentes y autoridades universitarias dejaron una posición clara sobre la gravedad de la situación que atraviesa hoy el sistema universitario argentino.
El texto no solo denunció el desfinanciamiento y la pérdida salarial. También habló de una “ruptura del acuerdo democrático”, cuestionó el incumplimiento de leyes votadas por el Congreso y describió un escenario de deterioro estructural que —según advirtieron— ya empieza a expulsar docentes, investigadores y estudiantes del sistema público universitario.
Una movilización histórica en Santa Fe
La capital provincial vivió una de las movilizaciones universitarias más importantes de los últimos años.
Más de 15 mil personas participaron de la Cuarta Marcha Federal Universitaria impulsada por la UNL, la Universidad Tecnológica Nacional Regional Santa Fe, gremios docentes y nodocentes, centros de estudiantes y distintas organizaciones sociales.
La concentración comenzó frente a Canal 13 y avanzó por Boulevard Gálvez hasta el Rectorado de la UNL, donde se desarrolló el acto central y la lectura del documento consensuado por toda la comunidad universitaria.
La convocatoria estuvo encabezada por autoridades académicas, dirigentes gremiales y representantes estudiantiles, entre ellos la rectora de la UNL, Laura Tarabella, el decano de la UTN Regional Santa Fe, Alejandro Toffolo, referentes de ADUL, APUL y de la Federación Universitaria del Litoral.
Rosario y una movilización impactante
En Rosario, la movilización también tuvo una dimensión masiva.
Desde la Universidad Nacional de Rosario estimaron que más de 100 mil personas participaron de la marcha que unió Plaza San Martín con el Monumento Nacional a la Bandera.
La convocatoria fue encabezada por autoridades universitarias, gremios docentes, no docentes y organizaciones estudiantiles, y volvió a colocar a Rosario como uno de los epicentros nacionales del reclamo universitario.
El vicerrector de la UNR, Darío Masía, calificó la asistencia como “incalculable” y destacó especialmente el acompañamiento de la ciudadanía durante todo el recorrido.
El documento: financiamiento, salarios y crisis institucional
Sin embargo, el momento políticamente más fuerte de la jornada ocurrió durante la lectura del documento elaborado por universidades, gremios y organizaciones estudiantiles.
Allí se describió una situación “crítica” del sistema universitario y científico argentino y se responsabilizó directamente al Gobierno nacional por incumplir la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.
“El sistema universitario y científico atraviesa una situación crítica”, señalaron los organizadores.
Uno de los datos más duros incluidos en el texto fue la caída real acumulada del 45,6% en las transferencias destinadas a universidades nacionales entre 2023 y 2026.
Según advirtieron, esa reducción impacta directamente sobre las funciones básicas de enseñanza, investigación, extensión y desarrollo científico.
La pérdida salarial y el deterioro del sistema
Otro de los ejes más fuertes del documento fue la situación salarial de docentes y trabajadores universitarios.
Las organizaciones denunciaron un “deterioro alarmante del poder adquisitivo” y describieron un escenario de renuncias, reducción de dedicaciones, pluriempleo y crisis de las obras sociales universitarias.
En términos concretos, detallaron que entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación acumulada fue del 293,30%, mientras que los salarios universitarios crecieron apenas un 147,30%.
Según el documento, eso representa una pérdida salarial real del 37,13%.
“El deterioro sistemático del poder adquisitivo equivale a la pérdida de aproximadamente 10,9 salarios”, sostuvieron durante la lectura.
Además, afirmaron que los salarios universitarios hoy se encuentran “en el nivel más bajo de los últimos 23 años”.
Becas congeladas y estudiantes expulsados
El texto también puso el foco sobre el impacto social del ajuste.
Las organizaciones denunciaron el congelamiento de programas como las Becas Progresar y la incertidumbre presupuestaria que atraviesan las Becas Manuel Belgrano.
Según remarcaron, el deterioro de esas herramientas termina expulsando estudiantes del sistema universitario y profundizando desigualdades sociales.
También señalaron que distintas becas vinculadas a vocaciones científicas directamente fueron suspendidas.
El tramo más político: “ruptura democrática”
Pero quizás el fragmento más duro del documento apareció hacia el final, cuando la comunidad universitaria habló directamente de una crisis institucional y democrática.
“El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República”, afirmaron.
La crítica estuvo dirigida al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y también a los fallos judiciales que ordenan su aplicación.
“Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo el presupuesto universitario: es el contrato social que nos mantiene libres y en un Estado de derecho”, expresaron.
Mucho más que una marcha universitaria
Las movilizaciones de Santa Fe y Rosario volvieron a mostrar que el conflicto universitario ya excede el reclamo salarial o presupuestario.
La universidad pública aparece hoy como uno de los principales focos de resistencia política, institucional y cultural frente al modelo de ajuste nacional.
Y el documento leído en la UNL dejó algo todavía más claro: para gran parte de la comunidad universitaria, ya no se trata solamente de discutir números o partidas presupuestarias, sino de defender un modelo de país donde la educación pública, la ciencia y el acceso al conocimiento sigan siendo derechos y no privilegios.
