La fiscal de Tostado, Shirli Tomaso, fue propuesta por el propio gobernador para ocupar un juzgado penal en Rafaela y su pliego recibió la aprobación de la Asamblea Legislativa el 25 de septiembre de 2025. Sin embargo, más de un año después, continúa esperando el decreto que debe firmar Maximiliano Pullaro para asumir. De los 11 pliegos aprobados en aquella instancia, según aseguró la funcionaria, el Ejecutivo avanzó con diez y dejó pendiente solamente el suyo. En una entrevista con Democráticamente, Tomaso denunció persecución laboral y discriminación de género por parte del fiscal regional Carlos María Vottero, quien posteriormente impulsó una acusación por mal desempeño que podría derivar en su destitución. El caso expone un contraste político: mientras el Gobierno reclama celeridad legislativa para obtener nuevas herramientas de seguridad, mantiene sin resolver una designación judicial que ya cuenta con aval parlamentario.
La política de seguridad constituye uno de los principales ejes de la gestión de Maximiliano Pullaro. Desde su llegada a la Casa Gris, el gobernador impulsó reformas legislativas, reclamó nuevas facultades para las fuerzas policiales y defendió la necesidad de que los distintos poderes del Estado acompañen con rapidez las transformaciones propuestas por su administración. Sin embargo, esa exigencia de celeridad no parece trasladarse con el mismo criterio a todas las decisiones que dependen del Poder Ejecutivo.
El caso de Shirli Tomaso, actual fiscal de Tostado y designada para ocupar un juzgado penal de primera instancia en Rafaela, plantea interrogantes sobre los tiempos del Gobierno provincial. Fue el propio Pullaro quien la propuso para el cargo y la Asamblea Legislativa aprobó su designación el 25 de septiembre de 2025. No obstante, según relató la funcionaria, el decreto necesario para asumir nunca fue firmado.
En una entrevista con el programa Democráticamente, Tomaso aseguró que su caso es el único pendiente entre los once nombramientos judiciales considerados en aquella oportunidad. Además, denunció persecución laboral y discriminación por razones de género, en medio de un procedimiento disciplinario iniciado a partir de una presentación de su superior, el fiscal regional Carlos María Vottero.
Las acusaciones requieren una investigación institucional que garantice tanto su derecho de defensa como la posibilidad de respuesta de las personas señaladas. Pero, independientemente del resultado, permanece una pregunta: ¿por qué el Gobierno no concretó el nombramiento de una jueza que el propio Ejecutivo propuso y cuya designación fue aprobada por la Legislatura?
Once pliegos aprobados, diez decretos firmados y una designación pendiente
Durante 2025, Shirli Tomaso participó de un concurso para ocupar el cargo de jueza penal de primera instancia. Después de superar el proceso de selección, fue propuesta por el Poder Ejecutivo para desempeñarse en Rafaela. Su pliego recibió la aprobación de la Asamblea Legislativa el 25 de septiembre, con un amplio respaldo parlamentario y algunas abstenciones.
Sin embargo, el trámite no concluyó con su incorporación al Poder Judicial. “Éramos 11 pliegos y firmó el decreto de 10. O sea, yo soy la única que queda pendiente”, afirmó Tomaso. Según explicó, los restantes postulantes pudieron avanzar con sus designaciones, mientras ella continúa ejerciendo como fiscal en Tostado.
La funcionaria relató que inicialmente la demora habría estado vinculada con la preocupación de autoridades políticas del departamento 9 de Julio por la posibilidad de que su traslado dejara sin fiscales suficientes a esa jurisdicción. En ese contexto mencionó al senador provincial Raúl Gramajo, quien, según sostuvo, había manifestado su intención de solicitar que no se firmaran los decretos hasta cubrir las vacantes.
Tomaso aseguró que consultó personalmente al legislador y recibió esa misma explicación. Sin embargo, señaló que posteriormente se realizaron nuevos concursos, se aprobaron pliegos para cubrir cargos en la circunscripción y recientemente se incorporó otro fiscal a Tostado. Por lo tanto, considera que el argumento inicial ya no justifica la demora.
También recordó que Héctor Aiello, quien se desempeñaba como fiscal en Tostado y había concursado para otro cargo judicial, pudo trasladarse a Santa Fe en diciembre de 2025. La diferencia de tratamiento no demuestra por sí sola una discriminación, pero constituye un dato que merece una explicación institucional.
Un juzgado sin titular y una demora que afecta el funcionamiento judicial
La falta de firma del decreto también impacta sobre la organización del servicio de justicia en Rafaela. Tomaso explicó que el cargo para el que fue designada corresponde a un juzgado penal que quedó vacante después de la jubilación de la jueza Cristina Fortunato.
Según su descripción, la ausencia de una titular obliga a otros magistrados de la circunscripción a cubrir las tareas correspondientes, incluyendo jueces que deben atender asuntos de San Cristóbal y Tostado. “La vacante de Rafaela es sumamente importante porque los jueces que hay también tienen que cubrir San Cristóbal y toda la circunscripción”, sostuvo.
Mientras el Ejecutivo reclama nuevas herramientas legales para mejorar la seguridad, una designación judicial que ya cuenta con aprobación legislativa permanece sin concretarse. Aunque las reformas normativas y los nombramientos responden a procedimientos diferentes, ambos forman parte del funcionamiento del sistema penal.
La eficacia de la justicia no depende solamente de las facultades policiales o de las modificaciones de las leyes. También requiere jueces, fiscales, defensores, personal administrativo e infraestructura suficiente para tramitar las causas dentro de plazos razonables.
Siete años como fiscal y alrededor de 11.000 causas bajo su intervención
Tomaso también describió las condiciones en las que desarrolló su trabajo desde que asumió como fiscal en Tostado, el 9 de octubre de 2019. Según explicó, durante esos siete años intervino en aproximadamente 11.000 causas que continuaron su tramitación, además de otras actuaciones que fueron analizadas y posteriormente desestimadas.
La funcionaria señaló que actualmente cuenta con dos empleados en el área de investigación, aunque durante buena parte de su trayectoria trabajó con una dotación todavía menor. También explicó que los fiscales de Tostado cumplen funciones generalistas y deben investigar desde delitos de menor gravedad hasta homicidios, abusos sexuales y femicidios, sin contar con las unidades especializadas que existen en los principales centros urbanos.
“Nosotros somos especialistas en todo, básicamente”, resumió. La unidad fiscal tiene competencia sobre todo el departamento 9 de Julio y, hasta hace pocas semanas, contaba solamente con dos fiscales. Con la incorporación de un nuevo integrante, la dotación pasó a tres.
Estas condiciones resultan relevantes para comprender el conflicto disciplinario que atraviesa, porque una de las cuestiones centrales de la acusación en su contra está relacionada con el tratamiento de determinados expedientes.
La denuncia contra Vottero y una acusación por mal desempeño
El conflicto entre Shirli Tomaso y el fiscal regional Carlos María Vottero se remonta, según la versión de la funcionaria, a fines de 2023 y se profundizó durante 2024. Tomaso aseguró que las diferencias comenzaron por decisiones adoptadas en una investigación judicial y que posteriormente se produjeron situaciones de destrato, aislamiento laboral y hostigamiento.
En la entrevista denunció que fue apartada de determinadas causas, que otros fiscales habrían recibido instrucciones de no mantener contacto con ella y que empleados de la unidad fiscal fueron perjudicados en sus evaluaciones después de conocerse su intención de declarar como testigos. Estas afirmaciones corresponden a su testimonio y no constituyen hechos establecidos por una resolución judicial o administrativa conocida a partir de la documentación aportada.
La fiscal sostuvo que los problemas afectaron su salud y que debió solicitar una licencia médica durante febrero de 2026. En ese mismo período presentó una denuncia por violencia y acoso laboral contra su superior, en la que también planteó discriminación por razones de género.
Según explicó, había intentado previamente comunicar su situación a las autoridades del Ministerio Público de la Acusación. Aseguró que no obtuvo una respuesta satisfactoria y que su presentación terminó siendo desestimada por improcedente, sin convocar a los testigos ofrecidos.
Posteriormente, Vottero impulsó una acusación por presunto mal desempeño que llegó a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura. El procedimiento contempla posibles sanciones de gravedad, incluida la destitución, aunque al momento de la entrevista no existía una resolución definitiva.
De las evaluaciones favorables a una posible destitución
Uno de los aspectos más llamativos del caso es el contraste que Tomaso plantea entre sus antecedentes profesionales y la acusación que enfrenta actualmente. La funcionaria sostuvo que durante los años anteriores recibió evaluaciones favorables y que incluso su superior había destacado sus condiciones personales y profesionales.
Sin embargo, en marzo de 2026 fue denunciada por presunto mal desempeño, en un procedimiento que, según relató, involucra observaciones sobre 37 causas. Tomaso cuestionó la precisión de la acusación y aseguró que no se identificaron con suficiente claridad las conductas que se le reprochan.
“La acusación es por mal desempeño de mis funciones. Lo que se puede deducir, porque ni siquiera hay certeza en cada una de las causas, es que sería como una paralización de las causas”, explicó. También sostuvo que, después de revisar los expedientes, su defensa considera que las observaciones relevantes alcanzarían a una cantidad menor de actuaciones.
La funcionaria relacionó temporalmente su denuncia contra Vottero con el inicio del procedimiento disciplinario. Según su relato, presentó la denuncia por violencia laboral el 2 de febrero de 2026 y su superior formuló la acusación por mal desempeño el 10 de marzo, cuando ella se encontraba de licencia médica.
“Yo considero que es un acto de venganza, básicamente”, afirmó. La proximidad entre ambos acontecimientos puede resultar relevante para la investigación, pero no alcanza por sí sola para demostrar una represalia. Determinar la legitimidad de la acusación y la eventual existencia de hostigamiento corresponde a las instancias institucionales competentes.
La denuncia de discriminación de género y la respuesta institucional pendiente
Tomaso fue contundente al describir cómo interpretó el trato recibido por parte de su superior. “Perseguida, maltratada, discriminada por ser mujer”, respondió cuando se le preguntó si consideraba que había sufrido persecución laboral.
La fiscal sostuvo que recibió un tratamiento diferente al de otros compañeros varones y que las decisiones adoptadas en su contra estuvieron atravesadas por su condición de mujer. También cuestionó la respuesta del Ministerio Público de la Acusación y señaló que esperaba una intervención de las áreas institucionales vinculadas con violencia de género.
Las afirmaciones merecen atención por la gravedad de los hechos denunciados y por las obligaciones de los organismos públicos de prevenir e investigar posibles situaciones de violencia laboral. Sin embargo, la existencia de una denuncia no equivale a una comprobación de discriminación, del mismo modo que una acusación por mal desempeño no implica responsabilidad de la funcionaria.
También corresponde distinguir la actuación del fiscal regional de la responsabilidad política del gobernador. La información aportada no permite afirmar que Pullaro haya ordenado una persecución contra Tomaso ni que la falta de firma del decreto responda a razones de género.
Lo que sí surge del testimonio es una situación excepcional: una funcionaria propuesta por el Ejecutivo, aprobada por la Legislatura y todavía pendiente de nombramiento, mientras atraviesa un procedimiento disciplinario iniciado después de denunciar a su superior.
El antecedente de Vottero y los cuestionamientos a su designación
El fiscal regional Carlos María Vottero también había sido objeto de cuestionamientos públicos antes de asumir su actual responsabilidad institucional. En abril de 2023, la Asociación Civil Florentina, de Rafaela, presentó una impugnación contra su pliego para ocupar la Fiscalía Regional de la Quinta Circunscripción Judicial.
La presentación, dirigida a la Comisión de Acuerdos, cuestionó su actuación en una causa por abuso sexual grupal contra una adolescente ocurrido en Pilar, departamento Las Colonias. La organización sostuvo que se habían producido demoras en el avance del proceso y planteó objeciones sobre el acompañamiento brindado a la víctima.
El cuestionamiento fue difundido por el diario El Litoral el 25 de abril de 2023, antes del tratamiento legislativo de su designación. Se trató de una impugnación presentada por una organización civil, no de una resolución que acreditara responsabilidad disciplinaria o penal.
La documentación aportada también sostiene que Tomaso intervino posteriormente en esa causa y que se logró la extradición desde España de uno de los acusados. Ese dato requiere contrastarse con las actuaciones judiciales para determinar la intervención de cada funcionario.
El antecedente muestra que la actuación de Vottero ya había recibido observaciones públicas, pero no permite establecer por sí solo la existencia de influencias políticas indebidas ni una relación causal con el procedimiento actual contra Tomaso.
La Comisión de Acuerdos y una definición que puede marcar un precedente
La Comisión de Acuerdos de la Legislatura tiene bajo análisis la presentación relacionada con el desempeño de la fiscal. Tomaso explicó que solicitó expresamente declarar ante los legisladores para ejercer su derecho de defensa y responder a las observaciones formuladas.
Según relató, compareció durante aproximadamente una hora y media, presentó explicaciones sobre los expedientes cuestionados y expuso los antecedentes del conflicto con su superior. También sostuvo que, al momento de la entrevista, no se había alcanzado un acuerdo sobre la resolución del procedimiento.
La decisión tendrá importancia para el futuro profesional de Tomaso y para los criterios utilizados al evaluar posibles faltas disciplinarias de integrantes del Ministerio Público de la Acusación. Deberá determinarse si existieron incumplimientos funcionales de gravedad suficiente para justificar una sanción y si la acusación está debidamente fundada.
En paralelo, la denuncia de violencia laboral presentada por la fiscal plantea la necesidad de examinar la respuesta institucional frente a posibles situaciones de hostigamiento. Ambas cuestiones deben tratarse sin anticipar culpabilidades ni descartar denuncias antes de analizar las pruebas.
La rapidez que Pullaro exige y la firma que todavía no llega
El caso Tomaso expone una contradicción en los tiempos de la administración provincial que merece una respuesta pública. El Gobierno de Maximiliano Pullaro ha reclamado reiteradamente rapidez en el tratamiento de proyectos legislativos relacionados con seguridad, justicia y nuevas facultades para las fuerzas policiales.
Sin embargo, el nombramiento de una jueza penal propuesta por el propio Ejecutivo y aprobada por la Asamblea Legislativa continúa pendiente desde septiembre de 2025. La comparación no supone que todos los procedimientos deban resolverse bajo los mismos plazos, pero ante una demora de más de un año resulta razonable exigir que el Gobierno explique los motivos concretos que impiden completar el trámite.
La situación adquiere mayor relevancia porque, según Tomaso, el juzgado de Rafaela continúa sin titular, se incorporaron nuevos fiscales a Tostado y los otros diez nombramientos aprobados en la misma instancia ya fueron formalizados. A ello se suma el conflicto institucional que enfrenta la funcionaria, con denuncias que deben ser investigadas y resueltas por los organismos competentes.
El Gobierno sostiene que la seguridad requiere herramientas legales, inversiones, infraestructura y un funcionamiento más eficiente de las instituciones. Pero ese objetivo también exige cubrir los cargos judiciales mediante procedimientos transparentes y dentro de plazos razonables.
La pregunta que permanece abierta es por qué una designación que superó el concurso, recibió el aval del Ejecutivo y fue aprobada por la Legislatura continúa detenida en la última instancia administrativa.
El caso de Shirli Tomaso merece una explicación que no dependa únicamente de sus declaraciones públicas ni de las interpretaciones políticas que genera su conflicto con el fiscal regional. Mientras la Legislatura analiza una acusación que podría afectar definitivamente su carrera, el gobernador conserva pendiente una decisión que también tiene consecuencias sobre el funcionamiento del sistema judicial.
Y en una gestión que convirtió la rapidez de las respuestas en uno de sus principales argumentos políticos, una firma que demora más de un año constituye, como mínimo, una situación que el Poder Ejecutivo debería explicar.
