La respuesta oficial del Gobierno provincial al estallido de la Policía de Santa Fe fue clara y contundente: mano dura. No hubo mesas de diálogo, no existió una instancia real de escucha ni voluntad política de descomprimir el conflicto. Por el contrario, la gestión encabezada por Maximiliano Pullaro optó por una salida que profundizó la crisis: ordenó a policías en servicio reprimir a sus propios compañeros, sancionó a quienes se manifestaron y redobló las amenazas disciplinarias.
Lejos de apagar el incendio, el Ejecutivo eligió echarle combustible. Y el encargado de hacerlo, una vez más, fue el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, voz oficial de una gestión que frente al conflicto social responde con decretos, sanciones y discursos punitivos.
Sanciones, amenazas y cero diálogo
En conferencia de prensa, Cococcioni confirmó el pase a disponibilidad de al menos 20 efectivos policiales que participaron de las protestas en Rosario. La medida incluyó retiro de arma reglamentaria y chaleco antibalas, apertura de actuaciones administrativas y la advertencia de posibles causas penales en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación.
El mensaje hacia el resto de la fuerza fue explícito: el que protesta, paga. El ministro no sólo justificó las sanciones, sino que anticipó que podrían profundizarse si continúan las manifestaciones. En ningún tramo de su intervención apareció la idea de sentarse a dialogar con los trabajadores de la seguridad. Todo lo contrario: se trazó una frontera rígida entre “reclamos legítimos” y “acciones ilegales”, frontera que en la práctica habilitó la represión interna.
La escena fue tan simbólica como grave: efectivos enviados a despejar concentraciones de familiares y compañeros, patrulleros replegados, tensiones en las jefaturas y un quiebre visible en la cadena de mando.
Un discurso plagado de contradicciones
El relato oficial exhibe una serie de contradicciones difíciles de disimular. Cococcioni reconoció públicamente que el reclamo salarial y laboral de la policía es “legítimo” y “atendible en casi su totalidad”, pero al mismo tiempo negó cualquier canal formal de negociación. Se dijo dispuesto a “dialogar todo”, salvo aquello que afecta la seguridad pública, es decir, el corazón mismo del conflicto.
También intentó minimizar el impacto operativo del paro, asegurando que el patrullaje no se resintió, mientras advertía que el abandono de servicio “eleva los niveles de riesgo” y “abandona a los rosarinos a su suerte”. La doble vara comunicacional busca sostener una imagen de control, pero termina exponiendo fragilidad.
A eso se sumó la denuncia de supuestos “grupos marginales”, “sectores desplazados” e “infiltrados” vinculados a hechos de corrupción. Sin aportar pruebas concretas, el Gobierno eligió correr el eje del conflicto hacia la criminalización interna, una estrategia conocida cuando el poder pierde capacidad de conducción.
Una relación rota con los trabajadores
El conflicto policial no es un hecho aislado. Forma parte de un patrón que atraviesa a toda la gestión Pullaro. Políticamente hablando, el gobernador cuenta hoy con ministros cuya relación con los trabajadores de las áreas que conducen está completamente quebrada. Pablo Cococcioni en Seguridad; José Goity en Educación y Victoria Tejeda en Desarrollo Social, son los ejemplos.
En todos los casos, la lógica es similar: ajuste, imposición, ausencia de diálogo y una narrativa que responsabiliza a los trabajadores por los conflictos que estallan.
Mientras tanto, Pullaro continúa recorriendo actos y territorios donde es recibido con protestas pacíficas, abucheos y reclamos directos. La desconexión entre el poder político y la calle es cada vez más evidente.
Imagen positiva en los medios, bronca en la realidad
En paralelo a este escenario, algunos medios locales insisten en hablar de un 60% de imagen positiva del gobernador, mientras que mediciones nacionales lo ubican en torno al 25%. La distancia entre esos números y lo que se percibe en la calle, en las escuelas, en los hospitales, en las comisarías y en los barrios es abismal.
“La realidad puede taparse o hacerse tapa”. El problema es que, cuando la realidad irrumpe, lo hace con fuerza y sin pedir permiso. La protesta policial es una muestra clara de eso.
Soberbia primero, consecuencias después
La gestión Pullaro volvió a elegir la soberbia como primera respuesta. Negó el conflicto hasta que estalló. Descalificó a los manifestantes. Criminalizó la protesta. Y ahora amenaza con profundizar sanciones en lugar de construir una salida política.
El resultado está a la vista: una fuerza de seguridad fracturada, un conflicto abierto y una sociedad que asiste, con preocupación, a una crisis que pudo haberse evitado.
Porque cuando el poder no escucha, no dialoga y no corrige, la realidad termina pasando factura. Y esta vez, el costo institucional puede ser mucho más alto de lo que el Gobierno está dispuesto a admitir.
