El decreto del Gobierno nacional que habilita el traspaso de rutas nacionales a las provincias volvió a poner en el centro de la escena uno de los problemas estructurales más graves de Santa Fe: el estado crítico de su infraestructura vial. Sin embargo, lo que en principio aparece como una solución, comienza a generar más interrogantes que certezas, especialmente en torno al impacto económico que podría tener sobre los santafesinos.
La medida impulsada por la administración de Javier Milei, a través del Decreto 253/2026, establece la posibilidad de delegar en las provincias la concesión, mantenimiento y administración de tramos de rutas nacionales por un plazo de hasta 30 años. Entre ellas, Santa Fe aparece como una de las principales involucradas.
Un problema real, una solución discutida
El deterioro de las rutas nacionales que atraviesan la provincia no admite discusión. Tramos clave como las rutas 11, 33 y 34 presentan un estado crítico desde hace años, con consecuencias directas en la seguridad vial y con un saldo que se mide en accidentes y vidas perdidas.
Durante meses, el gobierno provincial encabezado por Maximiliano Pullaro reclamó respuestas a Nación por la falta de mantenimiento. La respuesta finalmente llegó, pero no en forma de obras, sino de delegación.
La Nación no se hará cargo. Tampoco invertirá. Pero habilitará a las provincias a hacerlo.
El esquema: delegar y concesionar
El decreto establece que las provincias podrán otorgar concesiones de obra pública por peaje para la administración, reparación y mantenimiento de rutas nacionales.
Esto implica que, aunque las rutas sigan siendo formalmente de jurisdicción nacional, la gestión y la responsabilidad pasarán a manos provinciales, incluyendo posibles reclamos de usuarios o terceros.
El mecanismo no es automático. Requiere la firma de convenios específicos entre Nación y cada provincia, donde se definan los tramos, las condiciones y el esquema de financiamiento.
En el caso de Santa Fe, el primer tramo mencionado es la ruta A012, un corredor clave para la logística productiva del Gran Rosario.
El punto más sensible: quién paga
El debate central no es técnico, sino económico.
El esquema habilita la implementación de peajes como mecanismo de financiamiento. Y ahí aparece la principal preocupación: los santafesinos podrían terminar pagando dos veces por las mismas rutas.
Por un lado, continúan abonando el impuesto a los combustibles, que históricamente tuvo como destino la infraestructura vial. Por otro, deberían afrontar peajes para circular por rutas que ya financiaron.
Ese doble esquema de financiamiento es el que genera más dudas dentro del ámbito político.
Caputo, Pullaro y un esquema en construcción
El anuncio del traspaso no fue aislado. El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, ya había adelantado en la Bolsa de Comercio de Rosario que las provincias con mayor capacidad fiscal podrían hacerse cargo de las rutas.
En ese contexto, Santa Fe aparece como una de las principales candidatas a asumir esa responsabilidad.
Pullaro, incluso, había reclamado en reiteradas oportunidades la transferencia de algunos corredores viales, especialmente la A012. Ahora, con el decreto en marcha, ese pedido comienza a materializarse, pero bajo una lógica que abre nuevas discusiones.
Un negocio que empieza a tomar forma
Detrás del esquema de concesiones aparece otro elemento que no pasa desapercibido: la posibilidad de estructurar nuevos negocios vinculados a la infraestructura vial.
La combinación de peajes, concesiones privadas y sistemas de financiamiento alternativos —como fideicomisos o tasas vinculadas al transporte de cargas— empieza a formar parte de la discusión.
En ese sentido, la A012 no es solo una ruta: es la llave para un sistema más amplio de acceso a puertos y logística regional, con impacto directo en la economía santafesina.
Un debate que ya saltó a la sociedad
La posibilidad de que la provincia de Santa Fe termine haciéndose cargo de las rutas nacionales comenzó a generar debates y reclamos en redes sociales, donde distintos sectores advierten sobre una contradicción evidente.
Muchos usuarios comenzaron a señalar que, si la gestión de Pullaro avanza en asumir el mantenimiento de rutas nacionales, también debería hacerse cargo de manera urgente del estado de las rutas provinciales, que en numerosos casos presentan condiciones críticas.
Uno de los ejemplos más mencionados es la Ruta Provincial 1, en la costa santafesina, donde vecinos y usuarios denuncian desde hace tiempo un estado deplorablemente calamitoso, con tramos deteriorados, falta de mantenimiento y riesgos constantes para quienes la transitan.
El reclamo no es aislado. Se replica en distintos puntos de la provincia y empieza a instalar una pregunta incómoda: ¿cómo se administrará lo nuevo si lo propio aún no logra resolverse?
Cautela oficial y silencio sobre los peajes
Desde el gobierno provincial, por ahora, predomina la cautela. Fuentes de la Casa Gris reconocen que aún faltan precisiones clave, especialmente en lo referido a los plazos de concesión, los mecanismos de financiamiento y la eventual implementación de peajes.
Aunque en un primer momento se descartaba avanzar en ese sentido, el escenario comenzó a modificarse y no hay definiciones claras sobre cómo se financiarán las obras.
Una discusión que recién empieza
El traspaso de rutas abre un debate que excede la infraestructura. Se trata de definir quién se hace cargo, cómo se financia y qué impacto tiene en los ciudadanos.
Porque si bien la delegación puede permitir avanzar en obras necesarias, también implica trasladar costos, riesgos y responsabilidades. Y en ese esquema, la pregunta que empieza a tomar fuerza es inevitable: ¿la solución al problema de las rutas puede terminar generando un problema mayor para los santafesinos?
