Los concejales Jorge Fernández y Jorgelina Mudallel ampliaron su proyecto para modificar el sistema de estacionamiento medido de Santa Fe e incorporaron una exención total para docentes y auxiliares que trabajan en escuelas ubicadas dentro del área SEOM. La iniciativa suma presión sobre la gestión de Juan Pablo Poletti, que hasta ahora se ha mostrado reticente a modificar sustancialmente un esquema que combina ordenamiento urbano y recaudación. La oposición busca instalar otra discusión: cuánto puede cobrar el Estado municipal a quienes no estacionan por elección sino porque todos los días deben llegar a su lugar de trabajo.
El nuevo Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal todavía no termina de acomodarse y ya enfrenta una nueva ofensiva política en el Concejo de Santa Fe.
Esta vez, el planteo tiene como protagonistas a docentes y auxiliares docentes que trabajan en establecimientos educativos ubicados dentro de las zonas alcanzadas por el estacionamiento medido.
Los concejales Jorge Fernández y Jorgelina Mudallel ampliaron el proyecto con el que vienen reclamando la creación de un Régimen Municipal de Franquicias para el SEOM y propusieron que los trabajadores de la educación puedan estacionar gratuitamente cuando necesiten hacerlo para cumplir sus tareas.
No se trata de liberar indiscriminadamente el estacionamiento. La propuesta establece condiciones concretas: el beneficio funcionaría dentro de un radio de 200 metros de la institución educativa, solamente durante los días hábiles del ciclo lectivo y en el horario correspondiente a la actividad escolar.
Pero detrás de esa modificación relativamente puntual existe una discusión bastante más grande. ¿El SEOM debe funcionar exclusivamente como instrumento de ordenamiento y rotación vehicular o la necesidad recaudatoria del municipio terminó ocupando un lugar cada vez más importante?
Esa pregunta atraviesa buena parte de las críticas que el nuevo sistema viene acumulando desde su implementación.
Docentes que deben pagar todos los días para trabajar
El argumento de Fernández y Mudallel parte de una situación cotidiana. Un docente que trabaja en una escuela ubicada dentro del área SEOM no necesariamente estaciona allí porque decidió realizar una compra, hacer un trámite o permanecer algunas horas en el centro. Debe llegar a ese lugar porque allí trabaja. Y puede necesitar hacerlo cinco días por semana durante buena parte del año.
Por eso Fernández buscó vincular la discusión municipal con la delicada situación salarial que atraviesa el sector docente santafesino. “Mientras Pullaro les paga sueldos de hambre, Poletti les cobra para ir a trabajar”, disparó el concejal.
La frase concentra deliberadamente el cuestionamiento sobre los dos niveles del Estado. La Provincia es responsable de la política salarial docente. El municipio, en cambio, administra el estacionamiento medido. “Un docente no elige a qué hora entrar a la escuela ni puede dejar de ir a trabajar porque estacionar le resulta demasiado caro. El nuevo SEOM no puede convertirse en un descuento diario sobre el salario de quienes educan a nuestros chicos”, agregó Fernández.
La expresión “sueldos de hambre” pertenece al concejal y forma parte de su crítica política. Pero la iniciativa aparece en un momento de fuerte conflictividad entre los gremios docentes y el Gobierno provincial por salarios, jubilaciones y condiciones laborales. Ahora esa discusión también encuentra una derivación municipal.
Cómo funcionaría el beneficio
El proyecto intenta evitar que la franquicia termine convirtiéndose en un permiso general para estacionar gratuitamente.
Podrían acceder docentes y auxiliares de los niveles inicial, primario y secundario, tanto de establecimientos estatales como privados.
El beneficio tendría cuatro límites centrales:
- solamente podría utilizarse dentro de un radio de 200 metros de la institución donde trabaja el beneficiario;
- funcionaría durante los días hábiles del ciclo lectivo y dentro del horario escolar correspondiente;
- cada trabajador debería acreditar formalmente su vínculo laboral con la institución;
- se registraría una credencial digital y la franquicia alcanzaría a un solo vehículo por persona durante el ciclo lectivo.
“Estamos planteando un beneficio concreto, con reglas claras y vinculado exclusivamente al trabajo educativo”, explicó Fernández.
El concejal remarcó que no pretende crear “una excepción sin límites”, sino reconocer una diferencia entre quien decide estacionar ocasionalmente en determinada zona y quien necesita hacerlo todos los días porque allí se encuentra su lugar de trabajo.
El problema para Poletti: tocar el SEOM
La propuesta coloca a la gestión municipal frente a una discusión incómoda. Porque una cosa es realizar correcciones operativas sobre el funcionamiento del sistema y otra bastante diferente es comenzar a ampliar el universo de personas exceptuadas o bonificadas.
Cada nueva franquicia tiene un impacto potencial sobre dos objetivos del SEOM: la rotación de vehículos y los ingresos generados por el estacionamiento. Y allí aparece la resistencia política.
La administración de Juan Pablo Poletti no ha mostrado voluntad de desarmar el esquema central del nuevo sistema, mientras desde sectores opositores se multiplican las iniciativas para incorporar excepciones.
El argumento municipal puede ser atendible desde la lógica del funcionamiento: si cada sector que acredita una necesidad particular recibe una franquicia, el sistema puede perder progresivamente capacidad para generar rotación en las áreas de mayor demanda.
Pero la oposición plantea exactamente el problema inverso. Si el objetivo principal es ordenar el tránsito y no recaudar, ¿por qué debería pagar lo mismo una persona que estaciona ocasionalmente que otra obligada a permanecer allí durante varias horas todos los días por razones laborales?
Ese será uno de los debates que deberá atravesar el Concejo.
Un sistema que nació rodeado de polémicas
La iniciativa tampoco aparece en el vacío. Desde la puesta en funcionamiento del nuevo SEOM existieron reclamos de vecinos, frentistas y trabajadores alcanzados por la ampliación y las nuevas condiciones del estacionamiento medido.
Fernández y Mudallel aseguran que el valor de la primera hora experimentó un incremento cercano al 250%, uno de los argumentos utilizados para impulsar un esquema de beneficios.
La discusión comenzó entonces a superar el precio de estacionar. El problema pasó a ser quién estaciona, por qué lo hace y cuánto tiempo necesita permanecer en el lugar.
Para el municipio, la tarifa es también una herramienta para desalentar estadías prolongadas en zonas de alta demanda. Para los impulsores del proyecto, aplicar esa misma lógica sobre quien no puede elegir dónde desarrollar su actividad laboral genera una inequidad.
No solamente los docentes
De hecho, la propuesta para los trabajadores de la educación es solamente una parte de un proyecto bastante más ambicioso. Fernández y Mudallel ya habían planteado un Régimen Municipal de Franquicias que incluye diferentes categorías.
La iniciativa contempla exención total para personas con discapacidad y mayores de 70 años; beneficios para vecinos frentistas; una bonificación del 75% para trabajadores en relación de dependencia, profesionales independientes y comerciantes que desarrollen sus actividades dentro del área alcanzada por el SEOM; y un período de gracia de 30 minutos en sectores considerados de menor presión vehicular.
La incorporación de docentes y auxiliares amplía ahora el universo. Y también aumenta el potencial impacto que tendría la aprobación de la ordenanza sobre el funcionamiento actual.
“Tiene que ordenar la ciudad, no hacer más difícil la vida”
Mudallel sintetizó el argumento político del proyecto. “El estacionamiento medido tiene que ordenar la ciudad, no hacer más difícil la vida de quienes la sostienen todos los días”, sostuvo.
Y marcó la diferencia que el bloque pretende incorporar al sistema: “Hay una diferencia entre quien estaciona ocasionalmente y quien necesita hacerlo para vivir, trabajar o estudiar. Esa diferencia es la que el Municipio debe reconocer”.
Ese razonamiento es probablemente el corazón de la iniciativa. Hasta ahora, el sistema define fundamentalmente cuánto y durante cuánto tiempo debe pagar un vehículo por ocupar un espacio.
La oposición pretende introducir otro criterio: para qué se utiliza ese espacio. Si prosperara esa lógica, el debate dejaría de estar limitado a docentes. Trabajadores, comerciantes, profesionales, vecinos y otros grupos podrían reclamar tratamientos diferenciados basados en la necesidad permanente de estacionar dentro del área.
La recaudación, detrás de la discusión
Es allí donde el debate adquiere inevitablemente una dimensión económica. El estacionamiento medido no solamente organiza el uso del espacio público. También genera recursos para el municipio. Y cuanto más amplio sea el régimen de exenciones, menor puede resultar la recaudación potencial y más difícil puede volverse sostener el argumento de rotación en determinadas áreas.
La oposición busca precisamente correr el eje hacia ese punto. Fernández reclamó que el oficialismo permita discutir las iniciativas en comisión y lanzó una definición política: “Esperamos que el oficialismo permita tratar estos proyectos en las comisiones y que el Concejo pueda debatir una solución que ponga a las personas por delante de la recaudación”.
La frase anticipa el terreno sobre el que probablemente se desarrollará la discusión. Para los autores del proyecto, el Municipio está privilegiando el ingreso económico. Para la gestión Poletti, cualquier sistema de franquicias demasiado amplio podría afectar la lógica con la que fue diseñado el nuevo estacionamiento.
De Pullaro a Poletti, el bolsillo docente en el centro
Hay además una particularidad política. Los docentes vienen de movilizarse contra el Gobierno provincial por la situación salarial y previsional. Ahora una discusión diferente los coloca frente al municipio.
No porque Poletti determine sus salarios, sino porque el costo cotidiano de estacionar puede convertirse en un gasto laboral adicional para quienes cumplen funciones en establecimientos ubicados dentro del SEOM.
Fernández buscó deliberadamente unir ambas cuestiones en una sola frase: Pullaro paga el salario y Poletti cobra el estacionamiento.
Es una construcción política de la oposición, pero también una forma de colocar sobre la mesa una discusión concreta acerca del impacto acumulativo que tienen los distintos gastos sobre los ingresos de un trabajador.
Una discusión que Poletti difícilmente pueda evitar
La iniciativa todavía deberá recorrer el camino legislativo. Y Fernández y Mudallel ya anticiparon que pretenden que el oficialismo habilite el tratamiento de los proyectos acumulados sobre el SEOM.
Ese punto será clave. Porque el debate dejó de ser solamente si el nuevo estacionamiento funciona mejor o peor que el anterior. Ahora el Concejo deberá discutir qué excepciones está dispuesto a reconocer y hasta dónde puede flexibilizarse el sistema sin alterar sus objetivos originales.
Para docentes y auxiliares, la propuesta ofrece una respuesta concreta: no pagar por estacionar cerca de la escuela mientras trabajan. Para la Municipalidad, en cambio, aceptar esa excepción puede abrir una puerta que luego resulte difícil cerrar frente a otros sectores que plantean necesidades igualmente atendibles. Y para el Concejo aparece una discusión todavía más política.
Si el estacionamiento medido fue concebido fundamentalmente para ordenar y generar rotación, las franquicias pueden analizarse como una herramienta para corregir desigualdades.
Pero si cualquier modificación sustancial resulta inadmisible porque afecta los ingresos municipales, la oposición encontrará un argumento para insistir sobre una pregunta que acompaña al nuevo SEOM desde su implementación: ¿cuánto tiene hoy de herramienta de ordenamiento y cuánto terminó teniendo de instrumento de recaudación?
