La Cámara de Diputados se prepara para aprobar el millonario endeudamiento que ya tiene media sanción del Senado. La oposición advierte sobre el riesgo y la falta de necesidad en este momento económico. Crece la sensación de que el Ejecutivo actúa sin frenos.
La presencia de los ministros Pablo Olivares (Economía) y Fabián Bastia (Gobierno) ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados fue clave para destrabar el análisis del polémico pedido de endeudamiento que impulsa el gobierno de Maximiliano Pullaro. Durante más de dos horas, funcionarios y legisladores discutieron a puertas cerradas los alcances de los proyectos que buscan autorizar la toma de deuda por 1.150 millones de dólares: mil millones en el mercado financiero internacional y otros 150 con la CAF (Corporación Andina de Fomento).
Pese a las críticas y dudas expuestas por referentes de la oposición, todo indica que la iniciativa será aprobada en Diputados, tal como ya ocurrió en el Senado. Sin embargo, el paso legislativo no hará desaparecer las objeciones ni la incomodidad política que genera el avance del Ejecutivo sobre todos los resortes institucionales. Pullaro logra imponer su hoja de ruta, pero deja tras de sí una estela de ruido y malestar que se acumula en sectores cada vez más amplios.
Información sí, consenso no
Los ministros cumplieron con el objetivo inmediato: brindar la información que la oposición venía reclamando desde hace semanas. “Nos vamos con más datos de los que teníamos”, reconoció la diputada Lucila De Ponti (Movimiento Evita), una de las voces críticas del endeudamiento. También su par Walter Agosto (PJ), exministro de Economía, valoró el encuentro como “fructífero”, pero fue categórico al advertir que “el monto que se solicita no es necesario para la provincia en este momento”.
Desde el oficialismo, Olivares insistió en que la deuda permitirá saldar “una deuda social y productiva” y remarcó que el financiamiento no será para obras ya iniciadas sino para nuevos proyectos de impacto estratégico: rutas, gasoductos industriales, obras sanitarias, cárceles y hospitales. Prometió también un “reparto territorial equitativo” de las inversiones. Pero las respuestas no convencieron a todos.
“Estaríamos cuadruplicando el endeudamiento autorizado en el presupuesto actual”, advirtió De Ponti, en referencia a los 400 millones ya aprobados. Y Agosto sumó preocupaciones por las tasas de interés y el contexto financiero internacional. “Ninguna provincia ni siquiera la Nación ha vuelto a tomar deuda voluntaria en dólares. Es un mal momento”, sentenció.
Una mayoría que impone, no que construye
El oficialismo cuenta con los votos necesarios para aprobar los proyectos. Así viene ocurriendo desde el inicio de la gestión de Pullaro, donde la mayoría legislativa ha sido usada como herramienta de imposición antes que de negociación. Lo que parece inevitable en términos parlamentarios, no lo es en términos políticos.
Sectores del justicialismo no descartan acompañar parcialmente la iniciativa —por ejemplo, el crédito con la CAF tiene más consenso por su bajo costo y destino claro—, pero el endeudamiento por mil millones de dólares genera resistencias. No solo por el monto, sino por la falta de una planificación detallada y de un verdadero debate público.
“Falta una lista concreta de obras, y eso no es menor. Sin saber qué se va a hacer, es difícil justificar semejante compromiso a futuro”, remarcó Agosto. Y dejó en claro que su bloque todavía discute internamente cómo posicionarse frente a la votación.
El sello Pullaro: eficacia sin contrapesos
Todo indica que el endeudamiento será aprobado en los próximos días. Pero el trasfondo deja una nueva postal de lo que empieza a ser una marca de gestión: un gobierno que avanza con decisión, pero a costa del equilibrio institucional. Que responde con datos, pero no con acuerdos. Que administra con lógica de CEO más que con vocación democrática.
La oposición lo percibe y lo dice. “El Ejecutivo impone sin escuchar”, repiten incluso voces que acompañaron otras iniciativas. Con la reforma constitucional, con la ley de necesidad pública, con la política de seguridad. Y ahora, con una deuda que comprometerá a los próximos gobiernos por décadas.
En Santa Fe, Pullaro sigue consolidando su liderazgo. Pero cada paso que da sin consensos deja en evidencia una fragilidad menos visible: la falta de un diálogo político genuino que permita construir legitimidad más allá de los votos.
