En un duro revés para el gobierno de Javier Milei, el Senado de la Nación dio media sanción a la reforma de la Ley 26.122, que regula el trámite de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), las leyes delegadas y la promulgación parcial de normas. La iniciativa, impulsada por bloques opositores, establece que un decreto presidencial solo podrá conservar su vigencia si es ratificado de manera expresa por las dos Cámaras del Congreso en un plazo máximo de 90 días.
La votación reflejó un amplio consenso opositor: 56 senadores se pronunciaron a favor, 8 en contra y 2 se abstuvieron. El proyecto ahora pasa a Diputados, donde el año pasado un intento similar había quedado trunco.
Cambios centrales en la norma
La ley vigente desde 2006 permitía que un DNU quedara firme si al menos una de las cámaras lo aprobaba, e incluso habilitaba su continuidad con el silencio legislativo. La reforma aprobada por el Senado revierte esa lógica:
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Ratificación obligatoria: los decretos deberán ser avalados por mayoría absoluta en ambas cámaras para seguir vigentes.
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Plazo estricto: el Congreso tendrá 90 días corridos desde la publicación en el Boletín Oficial para expedirse. Si no lo hace, el DNU cae automáticamente.
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Unidad temática: cada decreto solo podrá abordar una materia específica. Si se requieren cambios en más de un área, cada tema deberá tratarse en un decreto distinto.
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Tratamiento en receso: se incorpora el artículo 21 bis, que habilita a ambas Cámaras a reunirse aún en período de receso para tratar de manera inmediata los DNU.
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Efectos del rechazo: si una sola cámara rechaza el decreto, este queda derogado. Además, el Ejecutivo no podrá dictar otro DNU sobre el mismo tema en ese año parlamentario.
La reforma apunta directamente a limitar los llamados “mega decretos”, como el 70/2023 con el que Milei inauguró su gestión, que abarcó más de 300 leyes y fue rechazado en el Senado.
Un debate con fuerte contenido político
La sesión, presidida por el senador puntano Bartolomé Abdala ante la ausencia de Victoria Villarruel, estuvo marcada por críticas al “abuso” del recurso presidencial. Legisladores de distintos bloques coincidieron en que los DNU deben recuperar su carácter excepcional y no convertirse en una vía ordinaria de gobierno.
La senadora cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal) advirtió que la modificación “evita la tentación de gobernar con la suma del poder público”, en línea con el espíritu de la reforma constitucional de 1994.
Desde la UCR, Maximiliano Abad planteó que “es una anomalía jurídica que la excepción sea la regla” y remarcó que “gobernar a través de decretos no debería ser más fácil que aprobar leyes”.
Por su parte, Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria) acusó al Ejecutivo de “degradación institucional inusitada” y sostuvo que con el DNU 70/2023 “Milei se arrogó facultades legislativas y una reforma constitucional de hecho”.
En contraste, el oficialismo defendió el uso de los DNU como una herramienta necesaria para gobiernos en minoría parlamentaria. El riojano Juan Carlos Pagotto señaló que “todos los presidentes los usaron” y que “hubiera sido necesario un mayor debate con constitucionalistas”.
El trasfondo: el uso intensivo de Milei
La decisión del Senado se da en un contexto marcado por el desmedido uso de los DNU por parte del actual presidente. Desde el inicio de su mandato, Javier Milei recurrió a esta herramienta para avanzar con su programa de gobierno, incluso en materias que exceden la excepcionalidad prevista por la Constitución.
El caso paradigmático fue el DNU 70/2023, que incluyó reformas estructurales en más de 300 leyes. Pese al rechazo en la Cámara alta, el decreto continúa vigente por no haber sido tratado en Diputados, lo que expuso las limitaciones de la ley vigente y aceleró la reforma aprobada esta semana.
Además, el Ejecutivo utilizó decretos para disposiciones en seguridad interior, política económica y organización administrativa, muchas de las cuales fueron cuestionadas por su falta de legitimidad y por invadir competencias propias del Congreso.
Qué puede pasar ahora
El proyecto pasó a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo carece de mayoría propia y deberá enfrentar el mismo escenario adverso. Si la reforma se convierte en ley, significará un cambio estructural en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, poniendo límites concretos al uso de los DNU y obligando a Milei —y a futuros presidentes— a negociar con mayor intensidad en el Parlamento.
En paralelo, la discusión deja expuesta la tensión entre la estrategia de gobernar por decreto y la necesidad de respetar los contrapesos republicanos. Para Milei, se trata de una derrota política significativa que erosiona uno de los pilares de su estilo de gestión.
