La Cámara Federal revocó el rechazo de juez de primera instancia y le exigió que de trámite a la acción solicitada por cuatro mujeres y una asociación vecinal con el patrocinio de la Fundación por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que preside Roberto Sukerman
A las malas noticias en el plano político, una buena en el judicial: la Cámara Federal de Rosario hizo lugar ayer al pedido de un grupo de vecinas de Rosario para que la Justicia Federal tramite un amparo colectivo contra el Estado Nacional para que se restituya el Fondo Compensador del Transporte que el Gobierno de Javier Milei eliminó para todas las jurisdicciones excepto la del Amba (Capital Federal y Gran Buenos Aires).
La acción se había iniciado a fines de febrero último, pero el Juez Federal 1 de Rosario, Gastón Alberto Salmain, la había rechazado con el argumento de que los habitantes de la ciudad no tenían derecho a reclamar. La decisión fue apelada y ahora el tribunal superior la revirtió con la firma de los camaristas Aníbal Pineda y Fernando Barbará. Así, el magistrado de primera instancia quedó obligado a tramitar el amparo colectivo.
La presentación de cuatro vecinas rosarinas y de la Asociación Vecinal del Barrio Parque Casas, en la zona norte, fue acompañada legalmente por el Área de Litigio Estratégico de la Fundación por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que preside Roberto Sukerman. Los camaristas afirmaron que las mujeres están legitimadas para presentar una acción colectiva por ser directamente damnificadas por la quita de subsidios, y representar al resto de los usuarios presuntamente perjudicados por encontrarse en similares condiciones. No opinaron lo mismo respecto de la organización barrial, pero aún así consideraron que la acción debe ser aceptada por la Justicia.
Desde el inicio del pedido de amparo, a la quita de subsidios se le agregó la inequidad. El Estado nacional, movido por el dogma del equilibrio fiscal a cualquier costo social, dejó de enviar los recursos que está obligado a transferir. Y después, cristalizó la decisión al eliminar por el DNU 280/24 los subsidios a todo el país excepto al Amba, territorio de amplificación de ruidos políticos al que además le recompuso esa asistencia licuada por inflación. Eso está plasmado en el artículo 18, que modifica otros de la ley de presupuesto 22.701.
Este viernes, el flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volcó un mensaje político contundente durante una entrevista radial: “No va a haber subsidios nacionales al transporte provincial”, afirmó tajante e insistió: “Son temas de las provincias”. Otro plano donde se juega la disputa por la distribución de fondos provenientes de los impuestos, como el de los combustibles, es el legislativo. Jefes comunales agrupados en la Red Federal de Intendentes organizaron para el martes próximo una visita al Congreso nacional para exigir que se plasme en una ley el trato igualitario a todas las jurisdicciones subnacionales.
El fallo de la Cámara
La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario expresó sus argumentos para aceptar la solicitud de amparo a través de una resolución que, entre otros puntos, dice lo siguiente: «En este caso, las actoras reclaman un derecho subjetivo o individual (relacionado con el aumento del precio del boleto de colectivo y el daño que ello pudiera ocasionar en el patrimonio de cada uno de los afectados)».
Por otro lado, agrega el texto, está «involucrada la pretendida defensa de un bien colectivo como es pretender garantizar el correcto funcionamiento del servicio de transporte, ya que las actoras dicen perseguir defender los intereses de todos los usuarios del interior del país, adunando en su calidad de «usuarias» y velando por la «continuidad» del servicio que se vería afectado por la emergencia económica-financiera en materia de transporte, que denuncian, así como la posibilidad de acceso al servicio».
«Es de recordar que los servicios públicos de transporte de pasajeros son aquellos que tienen por objeto satisfacer con continuidad, regularidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad en igualdad de condiciones para «todos los usuarios», las necesidades de carácter general en materia de transporte», agrega el fallo de la Cámara.
Y concluye: «La situación de las actoras guarda homogeneidad con la de los demás usuarios del interior del país, integrantes del colectivo cuya representación invocan».
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