La crisis de Vicentin no da tregua. La agroexportadora santafesina atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente, con una nueva intervención judicial y un paro total en sus plantas debido al incumplimiento del pago de salarios. Sin soluciones a la vista, los trabajadores quedan atrapados en el epicentro del conflicto, mientras la política sigue de espaldas a la problemática.
Intervención judicial sin desplazamiento de la administración
El juez Fabián Lorenzini, a cargo del concurso preventivo de acreedores de la empresa, dispuso una intervención judicial por 120 días con el nombramiento de dos veedores controladores. La medida busca supervisar la administración sin desplazar a los actuales directivos, en respuesta a la grave situación financiera que impide a Vicentin cumplir con sus compromisos salariales.
Los veedores designados, Guillermo Nudenmberg y Andrés Schocron, ya habían ocupado ese rol hasta agosto de 2024, cuando el control de la empresa volvió a sus directivos. Ahora, tras los reclamos gremiales y el incumplimiento del pago de haberes, vuelven a escena con el objetivo de garantizar mayor transparencia en la administración de la firma.
Paro total en las plantas de Vicentin
En paralelo, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) inició un paro total en las plantas de Ricardone y San Lorenzo ante la falta de pago de salarios. La medida de fuerza se endureció luego de que la empresa anunciara que solo abonaría el 30% de los haberes correspondientes al mes de febrero, sin certezas sobre cuándo podrá saldar el 70% restante.
Martín Morales, secretario gremial del sindicato, fue contundente: «No podemos aceptar que los trabajadores sean quienes paguen las consecuencias de esta crisis. Nos vamos a quedar en los portones con los compañeros hasta que cobren lo que les corresponde». La huelga podría escalar a nivel nacional si la Federación de Aceiteros se suma a la protesta, lo que afectaría gravemente el sector agroexportador del país.
Un conflicto sin salida y un futuro incierto
La crisis de Vicentin se agrava en un contexto de incertidumbre total. La empresa enfrenta problemas de liquidez y una falta de materia prima para procesar, lo que limita su operatividad. Además, el reciente fallo de la Corte Suprema de Santa Fe, que anuló la homologación del acuerdo preventivo de crisis, complicó aún más el panorama. Este fallo respondió a la impugnación de un acreedor, el Grupo Grassi, que denunció que la propuesta de pago beneficiaba a algunos acreedores en detrimento de otros.
Con la posibilidad de un cramdown en el horizonte, crecen los rumores sobre la intención de otros grupos inversores de presentar propuestas para quedarse con la empresa. Esta situación aleja a jugadores estratégicos como Bunge y ACA del plan original de reestructuración, dejando a Vicentin en una situación aún más frágil.
El costo humano de la crisis
Más allá de la puja judicial y financiera, quienes pagan el precio más alto de esta crisis son los trabajadores. Desde el inicio del conflicto en 2019, los empleados han atravesado incertidumbre, pérdida de poder adquisitivo y ahora enfrentan directamente la imposibilidad de cobrar sus salarios completos. Sin respuestas claras de la dirigencia política ni del empresariado, la falta de un plan de salvataje agrava la situación social en la región.
Mientras tanto, el conflicto sigue sin ser una prioridad en la agenda política. La intervención judicial puede aportar cierta estabilidad temporal, pero no soluciona el problema de fondo: una empresa clave para la economía santafesina al borde del colapso y miles de trabajadores sin garantías de futuro. La falta de acción concreta deja abierta una pregunta urgente: ¿quién se hará cargo de la crisis de Vicentin?
