La Convención Constituyente de Santa Fe cerró esta semana una de las instancias más sensibles de la reforma de la Carta Magna: el capítulo sobre el Poder Judicial. Tras arduas negociaciones internas y tres cuartos intermedios, el bloque oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe logró consensuar un dictamen de mayoría que redefine la estructura de la justicia provincial y, según advirtieron voces opositoras, concentra en el gobernador de turno resortes de poder que ponen en riesgo la independencia judicial.
El texto fue firmado por 11 convencionales de Unidos y sumó el acompañamiento del Frente de la Esperanza, mientras que el resto de los espacios –Más para Santa Fe, Avancemos y La Libertad Avanza– presentaron dictámenes propios de minoría.
Los principales cambios aprobados
El dictamen establece modificaciones de fondo en la justicia santafesina:
-
Corte Suprema de Justicia: pasará a estar integrada por siete ministros, con paridad de género, representación territorial y un límite de edad de 75 años. Serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa.
-
Ministerio Público: se lo reconoce como un órgano independiente y autónomo, con financiamiento propio, dividido en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio Público de la Defensa (MPD). El Fiscal General y el Defensor General serán designados por el Ejecutivo, con aval legislativo, por cinco años renovables una sola vez.
-
Consejo Asesor de Selección: se crea un órgano “técnico” para organizar concursos y elaborar listas de candidatos a jueces, fiscales y defensores. Sus propuestas serán elevadas directamente al Poder Ejecutivo, que tendrá la potestad de decidir.
-
Tribunal de Enjuiciamiento: estará compuesto por legisladores, abogados y miembros del Poder Judicial para juzgar faltas graves de magistrados y funcionarios del Ministerio Público.
Las críticas: una “lapicera poderosa” en manos del gobernador
La creación del Consejo Asesor bajo la órbita del Ejecutivo fue el punto más cuestionado. En los hechos, otorga al gobernador la posibilidad de decidir sobre la designación de jueces, fiscales y defensores, limitando el carácter vinculante de los concursos.
La convencional Lucila Lehmann (Coalición Cívica) advirtió: “Este dictamen puede derivar en un escándalo nacional porque es contradictorio con la Constitución Nacional. No se salvaguarda la independencia judicial y se concentra poder en el Ejecutivo”.
Desde La Libertad Avanza, Néstor Fandos expresó que la mayor objeción de su bancada pasa justamente por los mecanismos de selección y remoción de magistrados: “No se trata de una posición anti Pullaro. Es un problema de fondo: no se garantiza un sistema independiente”.
Por su parte, Alicia Azanza (Somos Vida y Libertad) sostuvo que hubo voluntad de acuerdo, pero criticó la falta de transparencia en la discusión: “¿Qué consenso hubo si ni siquiera tuvimos acceso al texto final con tiempo?”.
La defensa oficialista
El presidente de la comisión, Lisandro Enrico (UCR), celebró el consenso interno alcanzado en Unidos y aseguró que se trata de un “avance histórico”: “Nunca hay una Constitución perfecta, pero sí una Constitución posible. Esta reforma plasma instituciones que la provincia ya puso en práctica y les da sustento constitucional”.
En la misma línea, la vicepresidenta de la comisión, Lionella Cattalini, defendió el dictamen: “Estamos dando un paso fundamental hacia una justicia moderna, más ágil y accesible para la gente. El Ministerio Público tendrá autonomía y recursos propios, y eso es garantía de independencia”.
El análisis: una reforma con riesgos para la democracia santafesina
Más allá de los gestos celebratorios del oficialismo, el dictamen deja abiertos interrogantes de fondo. La ubicación del Consejo de la Magistratura como un órgano asesor dentro del Ejecutivo convierte al gobernador en el gran árbitro del sistema judicial, con capacidad de condicionar la designación de jueces y fiscales.
En la práctica, el nuevo esquema corre el riesgo de politizar aún más la justicia, ya que la participación de legisladores y abogados en los órganos de selección y control queda subordinada al filtro del Ejecutivo. A eso se suma que el mandato de cinco años para fiscales y defensores generales, renovable, podría volverlos dependientes de la voluntad política de turno para garantizar su continuidad.
Con esta arquitectura, la reforma parece otorgarle al gobernador un poder discrecional inédito sobre la justicia santafesina, que podría tensionar la división de poderes y afectar el principio de independencia judicial.
La discusión recién comienza: los dictámenes ahora pasarán al plenario de la Convención, donde las mayorías y las negociaciones definirán si este modelo se convierte en norma constitucional para las próximas décadas.
