En la Convención que debate la reforma constitucional santafesina, una sola palabra encendió las alarmas sobre el futuro de la Caja de Jubilaciones y Pensiones: intransferible no significa lo mismo que indelegable. El reemplazo de ese término, aparentemente menor, abre un escenario de fuertes controversias políticas, internas en el oficialismo y con la oposición, y plantea serias dudas sobre la sustentabilidad del sistema previsional de la provincia.
El marco legal que guía la reforma es contundente. El Artículo 21 de la Ley 14.384, que declaró la necesidad de la reforma de la Constitución provincial, establece que las jubilaciones y pensiones de los empleados públicos deben sostenerse bajo un régimen público de reparto, solidario y administrado por una institución del Estado provincial de carácter intransferible a otras jurisdicciones. Esa definición fue histórica: garantizaba que la Caja permaneciera en manos de la provincia, lejos de cualquier intento de traspaso a la Nación.
Sin embargo, el dictamen que logró consensuar el bloque oficialista de Unidos para Cambiar Santa Fe, tras una jornada maratónica de negociaciones internas, alteró esa seguridad. Allí, la Caja dejó de ser definida como “estatal e intransferible” para convertirse en un sistema “de carácter público e indelegable”. La diferencia no es menor: mientras lo intransferible impide cualquier cesión de competencias a otra jurisdicción (como la ANSES), lo indelegable admite matices y abre la puerta a interpretaciones futuras.
Basta con escuchar las palabras de Jose Candido, referente del Círculo de Funcionarios de Gobierno, Jubilados y Retirados de la Provincia de Santa Fe, en el programa especial de este medio en streaming: “El Diario de la Reforma”, que en la defensa de la Caja de Jubilaciones, advirtió que los convencionales oficialistas eliminaron del dictamen el principio de “intransferibilidad” de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, y las consecuencias que esto puede traer, detallando las luchas de quienes trabajaron por muchos años en la administración de gobierno y que dependen de las políticas de la gestión de turno.
La letra chica del acuerdo de Unidos
El consenso del oficialismo llegó después de tres cuartos intermedios y horas de tensión. El socialismo defendía la fórmula “estatal e intransferible”, con la herencia de haber convertido la Caja en una bandera política durante las gestiones de Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz. La UCR, en cambio, impulsaba una versión más flexible, que hablara de un organismo “público” y no necesariamente estatal. El PRO, por su parte, directamente evitaba mencionar el carácter estatal de la Caja.
El resultado final fue un dictamen de equilibrio inestable: la Caja será de reparto solidario, de carácter público e indelegable. Para el socialismo se trató de una derrota simbólica; para los radicales, un triunfo semántico; y para el PRO, un paso hacia un sistema con menos rigideces.
La voz de alerta de Walter Agosto
En este contexto, la advertencia del diputado peronista Walter Agosto, exministro de Economía de la provincia y conocedor como pocos de las finanzas previsionales, marcó un quiebre en el debate. Agosto presentó un proyecto en la Cámara de Diputados, acompañado por Omar Perotti, Celia Arena, Marcos Corach y Sonia Martorano, en el que expresó su “rechazo y profunda preocupación” por el dictamen de la Convención.
“El texto deja abierta la posibilidad de transferencia a la órbita nacional dado que no establece el carácter intransferible de la Caja, como lo establece la Ley 14.384. Esto genera incertidumbre en los pasivos provinciales y en los activos en cuanto a su futuro, dejando latente un riesgo de traspaso a la Nación con consecuencias disvaliosas”, sostuvo Agosto.
Su planteo no es aislado: sectores gremiales ya manifestaron críticas similares, temiendo que la letra chica de la nueva Constitución debilite los derechos previsionales de los trabajadores estatales santafesinos.
Lo que está en juego
Más allá del tecnicismo jurídico, el corazón del debate es político y económico: ¿la provincia mantendrá el control sobre su Caja de Jubilaciones o abrirá la puerta a un eventual traspaso a la Nación? La diferencia entre intransferible e indelegable marcará no solo la letra de la nueva Constitución, sino también el futuro de docentes, policías, judiciales y empleados públicos santafesinos.
En palabras de un legislador opositor, “se trata de elegir entre resguardar un derecho histórico de los santafesinos o dejar librado al humor de las futuras gestiones si la Caja se sostiene aquí o se entrega”.
