La investigación judicial por el presunto fraude con combustibles dentro de la Unidad Regional II de Rosario volvió a generar un fuerte impacto político y judicial tras conocerse los pedidos de condena que alcanzan hasta 14 años de prisión para algunos de los policías acusados.
La Fiscalía sostiene que existió una estructura organizada para desviar fondos públicos destinados al abastecimiento de móviles policiales mediante maniobras con tarjetas Visa Flota, cargas ficticias, retornos económicos y mecanismos administrativos irregulares.
Sin embargo, mientras la causa avanza con fuerza sobre un grupo de uniformados, empieza a crecer otra discusión mucho más incómoda dentro del universo judicial, político e incluso policial: cómo una operatoria de semejante magnitud pudo existir durante años sin participación, conocimiento o cobertura de otros actores externos a la propia estructura policial.
Porque más allá de la gravedad de los hechos imputados, lo que empieza a generar ruido es otra cosa: la sensación de que la investigación quedó detenida en los eslabones visibles de la cadena y nunca avanzó verdaderamente sobre la denominada “ruta del dinero”.
Las penas y la teoría de la Fiscalía
Según trascendió en la acusación fiscal, los pedidos de condena más altos recaen sobre quienes serían considerados organizadores o jefes de la presunta asociación ilícita.
Entre ellos aparecen:
- Domínguez: 14 años de prisión
- Acosta: 12 años
- Pigozzi: 8 años
- Salcedo y Santamaría: 7 años
Además, la causa incluye imputaciones por asociación ilícita, peculado, defraudación contra la administración pública y posibles hechos de cohecho.
La Fiscalía describe un esquema organizado y sostenido en el tiempo con reparto de funciones, utilización irregular de tarjetas de combustible, retornos económicos y coordinación entre distintas áreas policiales.
Es decir: no se habla de irregularidades aisladas ni de simples desprolijidades administrativas, sino de una presunta organización estructurada para extraer dinero del Estado.
El interrogante que sobrevuela la causa
Y justamente allí aparece la gran pregunta que empieza a repetirse en distintos ámbitos judiciales: ¿cómo un circuito económico de semejante volumen pudo funcionar sin otros actores involucrados?
Porque para buena parte del universo judicial y policial resulta difícil creer que un esquema de estas características haya sido ejecutado únicamente por un grupo de policías actuando de manera autónoma.
En toda estructura ilícita compleja suelen existir distintos eslabones: operadores internos, circuitos administrativos, mecanismos de control omitidos, cobertura jerárquica, y muchas veces participación empresarial o civil.
Por eso, dentro de las llamadas “mesas de café judiciales”, cada vez más voces se preguntan por qué la investigación no avanzó sobre otros posibles responsables.
La ruta del dinero sigue ausente
Uno de los principales puntos cuestionados es que, hasta ahora, no aparece una investigación profunda orientada a reconstruir el destino final del dinero presuntamente desviado.
La causa describe el mecanismo de extracción de fondos mediante combustible y cargas ficticias, pero todavía no expone con claridad quiénes terminaron beneficiándose económicamente del circuito investigado.
Y allí empiezan las sospechas más delicadas.
Porque si existieron: retornos periódicos, circulación de efectivo, sobrefacturación, maniobras sistemáticas, y participación logística sostenida durante años, la pregunta inevitable es quién administraba finalmente esos recursos y cómo nunca aparecieron responsabilidades civiles, empresariales o políticas dentro de la investigación.
¿Y los actores externos?
Otro dato que genera sorpresa es que, hasta el momento, no existen funcionarios civiles imputados ni empresarios investigados de manera central en la causa.
Eso llama particularmente la atención teniendo en cuenta que los sistemas de abastecimiento, logística, rendiciones y controles presupuestarios involucran necesariamente otros actores ajenos a la estructura policial.
Por eso, distintas voces sostienen que seguir verdaderamente la ruta del dinero podría eventualmente abrir nuevas líneas investigativas vinculadas a: proveedores privados, estructuras administrativas, áreas de control, auditorías omitidas, y eventualmente funcionarios políticos o ministeriales.
El silencio político también genera ruido
Pero el malestar no se limita únicamente al plano judicial.
En distintos sectores también sorprende el escaso interés político que mostró la Legislatura provincial frente a una causa de semejante gravedad institucional.
Salvo algunas declaraciones aisladas, prácticamente ningún legislador santafesino impulsó investigaciones propias, pedidos de informes o debates públicos profundos sobre el tema. Y eso también empezó a generar lecturas cada vez más pesimistas dentro de la política santafesina.
Porque para muchos observadores, una trama de corrupción estatal de esta magnitud debería haber provocado un fuerte sacudón institucional y político.
Sin embargo, el tema parece avanzar casi exclusivamente dentro del expediente judicial.
Una causa que todavía deja demasiadas preguntas
Las penas solicitadas por la Fiscalía muestran claramente que la investigación considera que existió una organización compleja y estable dentro de la Policía rosarina.
Pero al mismo tiempo, la ausencia de otros actores investigados deja una sensación difícil de ignorar: que todavía falta explicar buena parte de cómo funcionaba realmente el circuito económico detrás de las maniobras.
Y allí empieza a aparecer una hipótesis cada vez más repetida en los pasillos judiciales y políticos: que avanzar más allá de ciertos límites podría implicar tocar intereses, responsabilidades o estructuras que hoy nadie parece dispuesto a mover.
Porque en delitos complejos de corrupción estatal, muchas veces el verdadero poder no aparece en los ejecutores visibles del esquema, sino en quienes logran permanecer afuera de la foto judicial.
