El cierre del año lectivo en Santa Fe encuentra a la docencia en estado de alerta y con un malestar que ya no se limita a reclamos puntuales, sino que expone una fractura profunda entre el gobierno provincial y el sistema educativo. Lejos de tratarse de un conflicto aislado, la carta difundida por un grupo de docentes santafesinos funciona como síntesis de un año atravesado por decisiones unilaterales, deterioro salarial, precarización laboral y una lógica de gestión que, según denuncian, desconoce derechos históricos conquistados por la docencia.
En ese marco, el texto que comenzó a circular bajo la consigna “Defendamos que los ofrecimientos a cargos directivos sean presenciales y públicos” apunta directamente contra el ministro de Educación, José Goity, y el gobernador Maximiliano Pullaro, a quienes acusan de avasallar derechos laborales mediante decisiones tomadas fuera del ámbito paritario y en pleno receso docente.
El contenido de la carta: concursos, virtualidad y pérdida de derechos
El eje central del reclamo está puesto en el cronograma de ofrecimientos para la titularización de cargos directivos, que el Ministerio de Educación resolvió implementar de manera virtual, individual y durante el mes de enero, es decir, en pleno período de vacaciones.
Los docentes advierten que esta modalidad no solo rompe con una tradición histórica del sistema educativo santafesino, sino que atenta contra la transparencia y el carácter colectivo del acto concursal. Según recuerdan, los concursos de ascenso siempre se desarrollaron mediante actos públicos, presenciales y abiertos, con participación sindical y acompañamiento de la comunidad educativa.
En la carta se denuncia que el nuevo esquema implica un retroceso grave en términos de derechos laborales, ya que se utilizan las licencias anuales ordinarias (LAO) —derecho constitucionalmente consagrado— para avanzar con movimientos administrativos que deberían discutirse en paritarias y realizarse en períodos activos.
Además, cuestionan la extensión arbitraria de plazos recursivos hasta el 23 de diciembre, lo que deja sin margen administrativo real para garantizar los pasos posteriores del proceso, y califican todo el procedimiento como un “manoseo” hacia quienes atravesaron años de formación, evaluaciones y exigencias para acceder a la estabilidad laboral.
Virtualidad sin control y sospechas sobre la transparencia
Otro de los puntos más críticos del documento tiene que ver con la virtualización del acto de selección de vacantes, una modalidad que, según los docentes, elimina los controles colectivos, debilita el rol sindical y abre interrogantes sobre la correcta notificación y asignación de cargos.
“¿Quién controla la notificación de la vacante de manera correcta?”, se preguntan, al tiempo que recuerdan que el convenio colectivo de trabajo (Decreto 3029) establece la presencia de representantes sindicales en todas las etapas del proceso concursal.
La carta también pone el foco en el caos que generó la política de digitalización impulsada por el Ministerio, señalando que la virtualidad no puede convertirse en una herramienta de aislamiento, secretismo o deshumanización de la tarea educativa. En ese sentido, rechazan el modelo de directivos convertidos en “gerentes administrativos” o “robots digitales”, alejados del rol pedagógico, colectivo y comunitario que implica conducir una institución escolar.
Un conflicto que excede el concurso: un año de confrontación con la docencia
Más allá del reclamo puntual, el documento se inscribe en un clima de conflicto sostenido durante todo el año entre el gobierno provincial y los trabajadores de la educación. Paritarias que no fueron tales —con ofertas rechazadas y ajustes salariales impuestos por decreto—, salarios que nunca lograron empatar a la inflación real, desconocimiento de acuerdos previos a la actual gestión y condiciones edilicias críticas en numerosas escuelas conforman el trasfondo de la protesta.
A esto se suma el regreso de un presentismo encubierto, que en la práctica empuja a muchos docentes a asistir a sus puestos de trabajo aun en condiciones de salud adversas, para no perder ingresos en un contexto de salarios deteriorados. Una lógica que, según denuncian, prioriza el ajuste fiscal por sobre el cuidado de quienes sostienen el sistema educativo.
“Un gobierno autoritario y violento con los trabajadores del Estado”
En los últimos días, el conflicto tomó mayor volumen político luego de que un histórico dirigente santafesino expresara públicamente su preocupación en redes sociales:
“Este gobierno además de autoritario, es totalmente violento con los trabajadores del Estado. No sé cómo no explota todavía. Esta gestión radical no tiene nada que ver con lo que pregonó siempre Raúl Alfonsín”.
La frase sintetiza un malestar que atraviesa no solo a la docencia, sino también a otros sectores del Estado provincial, y refuerza la idea de que el conflicto educativo forma parte de una tensión estructural más amplia entre el Ejecutivo y los trabajadores públicos.
Un llamado a la acción colectiva
La carta concluye con un llamado explícito al pronunciamiento y la organización de la docencia, reclamando a la dirigencia sindical que impulse medidas de lucha con unidad y democracia si el gobierno no revisa su decisión. Entre los pedidos concretos figuran la realización de un acto público y presencial entre el 18 y el 20 de febrero de 2026, el respeto por las vacaciones docentes y la toma de posesión en las fechas originalmente anunciadas.
“¡Basta de dilaciones y manoseo!”, advierten, y cierran con una consigna que resume el espíritu del reclamo: no a la reforma laboral y educativa, sí al respeto de los derechos conquistados.
